El Gobierno pidi¨® a EE UU que presionase al PP, CiU y PNV

El Gobierno espa?ol solicit¨® a los representantes de Estados Unidos en Madrid su ayuda para suavizar las posiciones del PP, PNV y CiU ante la llamada ley antidescargas y hacer m¨¢s f¨¢cil su tr¨¢mite parlamentario. Un proceso legislativo que hoy, previsiblemente, dar¨¢ un paso decisivo en el Congreso de los Diputados. Los cables diplom¨¢ticos analizados por EL PA?S describen las reuniones mantenidas en la legaci¨®n diplom¨¢tica durante los dos ¨²ltimos a?os por la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde; el ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n, y altos cargos del Gobierno socialista; especialmente el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci¨®n, Francisco Ros.

La Embajada de EE UU: "Nos interesa apoyar los esfuerzos de la ministra"

La aprobaci¨®n definitiva de la pol¨¦mica ley antidescargas contenida en el articulado de la Ley de Econom¨ªa Sostenible, aparece a la luz de los cables como la materializaci¨®n de una sinton¨ªa de intereses entre el Gobierno de Espa?a y Estados Unidos (y de la industria cultural), planteada desde 2004 y desarrollada en un meticuloso plan, tal y como ya avanz¨® EL PA?S el pasado d¨ªa 3.

A medida que los telegramas diplom¨¢ticos se aproximan al presente, los contactos y la relaci¨®n entre los altos cargos espa?oles y estadounidenses se hacen m¨¢s fluidos. Tambi¨¦n parece mucho m¨¢s profundo el conocimiento de la Embajada de EE UU acerca de la realidad del uso de Internet en Espa?a y de los resortes que la lucha contra la llamada pirater¨ªa mueven tanto en la ciudadan¨ªa como en los partidos pol¨ªticos.

En 2008 la labor de informaci¨®n que el Gobierno socialista realiza en la legaci¨®n estadounidense es intensa y de los cables se deduce que Washington ya intenta supervisar los pasos que da Espa?a. El entonces secretario de Estado Francisco Ros trata de apaciguar al entonces n¨²mero dos de la embajada, Hugo Llorens, ante la insuficiencia de los avances en la lucha contra la llamada pirater¨ªa. "Advirti¨® de que los sistemas legales de EE UU y Espa?a no son compatibles y que podr¨ªa ser imposible dar los pasos exactos que el Gobierno de EE UU quiere". La figura de Ros reaparecer¨¢ en el futuro, pero pronto los encuentros alcanzan tambi¨¦n el nivel ministerial.

En la primera reuni¨®n que, como ministra, mantuvo en junio de 2009 Gonz¨¢lez-Sinde con el n¨²mero dos de la Embajada de EE UU, Arnold A. Chac¨®n (cable 213345), se sientan las bases para que expertos seleccionados por Washington asesoren "con visitas o por videoconferencia" a altos cargos de Cultura. En esa reuni¨®n Gonz¨¢lez-Sinde describe la situaci¨®n que viven los principales actores implicados en la lucha contra las descargas sin autorizaci¨®n: "Dijo que ser¨ªa ideal si los proveedores de contenidos y las ISPs

[empresas que brindan conexi¨®n a Internet a sus clientes] pudieran alcanzar acuerdos sobre medidas para luchar contra la pirater¨ªa tal y como ha ocurrido en EE UU, pero que las ISPs, con Telef¨®nica a la cabeza, no parec¨ªan desearlo". En este mismo cable el representante de EE UU admite: "Nos interesa apoyar sus esfuerzos".

En enero de este a?o es el ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n, quien pasa por la embajada. All¨ª expresa, seg¨²n los telegramas, dos opiniones que muestran los intentos de los miembros del Ejecutivo por explicarse ante EE UU y por conseguir su ayuda. El ministro trata de fundamentar en primer lugarpor qu¨¦ en Espa?a los usuarios de Internet se descargan m¨¢s contenidos no autorizados que en otros pa¨ªses: "(...) Sebasti¨¢n dijo que muchos espa?oles piensan que el 'canon digital' (...) les da derecho a descargarse todo lo que quieran". Adem¨¢s, Sebasti¨¢n pide al embajador que influya en la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, e intente "que pare" de reunirse con internautas. "[Sebasti¨¢n] Estaba particularmente preocupado porque el Gobierno regional de Madrid hab¨ªa estado organizando reuniones con internautas. (...) Dijo que ser¨ªa de mucha ayuda que el embajador pudiera animar a la presidenta regional a que parase. El embajador acept¨® sacar el tema cuando se encuentre con la presidenta regional".

Pero quiz¨¢ el telegrama que mejor resume la sorprendente, por meticulosa y profunda, implicaci¨®n de EE UU en la lucha contra las descargas no autorizadas en Espa?a es el n¨²mero 248887. En ¨¦l se repasan con mucho detalle los encuentros, en febrero de 2010, del n¨²mero dos de la oficina de Comercio de EE UU, Christopher Wilson, con representantes de la industria cultural (la Coalici¨®n de Creadores), el Gobierno y el PP.

Tres meses antes, influyentes internautas hab¨ªan protagonizado una protesta en la Red contra la ley antidescargas y el PP se hab¨ªa alineado junto a ellos, present¨¢ndose como el partido que comprend¨ªa las aspiraciones de los j¨®venes. El secretario de Comunicaci¨®n del PP, Esteban Gonz¨¢lez-Pons, acus¨® a Cultura de "tirar por la ventana la protecci¨®n de las garant¨ªas de los derechos civiles" y asever¨® que la ley equival¨ªa a "quemar libros para evitar la circulaci¨®n del pensamiento".

Esta deriva del PP preocupa no solo a Estados Unidos y al Ejecutivo de Zapatero. Ante la reticencia del PP, tambi¨¦n piden ayuda los representantes de la industria cultural que, seg¨²n los telegramas, apelan a razones ideol¨®gicas para tratar de convencer a la bancada popular: "Los due?os de los derechos [la Coalici¨®n Creadores] est¨¢n preocupados porque el PP puede tumbar o entorpecer la legislaci¨®n [la ley antidescargas] por ganancia pol¨ªtica", afirma el cable, y a?ade: "Miembros de la Coalici¨®n urgieron a Wilson y a la embajada a que recordaran a los diputados del PP su inter¨¦s ideol¨®gico en la protecci¨®n de la propiedad privada y su fuerte v¨ªnculo con Estados Unidos".

Adem¨¢s, el presidente de la Coalici¨®n, Aldo Olcese, explic¨®, seg¨²n los cables, que hab¨ªan encontrado "el 'modelo espa?ol' para combatir la pirater¨ªa (...) Las industrias culturales, dijo, no quieren convertir en enemigos a millones de internautas amenaz¨¢ndolos con castigos".

Por otro lado, se pone de manifiesto que la propia industria cultural espa?ola hace presi¨®n para que Espa?a aparezca en la lista negra de EE UU de pa¨ªses donde la llamada pirater¨ªa no se persigue seg¨²n los deseos de Washington. "[El presidente de Promusicae, Antonio] Guisasola confirm¨® que la industria musical espa?ola apoya la inclusi¨®n de Espa?a en la lista negra

[sobre pirater¨ªa, de la oficina de Comercio de EE UU].

En esa misma ronda de contactos, Wilson se re¨²ne con el ex secretario de Estado Francisco Ros y con el director general de Pol¨ªtica Cultural, Guillermo Corral. Ambos le piden expl¨ªcitamente que medie ante el PP. "Ros y el director general Corral (...) pidieron ayuda al Gobierno de EE UU no solo con el PP, sino tambi¨¦n con dos partidos m¨¢s peque?os cuyos votos podr¨ªan afectar al resultado".

Corral adem¨¢s se extiende en la labor de aggiornamento del alto cargo estadounidense respecto a la realidad espa?ola: "Corral recuerda que los jueces en Espa?a han declinado sancionar a los due?os o gestores de tales p¨¢ginas debido a la falta de un ¨¢nimo de lucro claramente definido tal y como requiere el C¨®digo Penal (...) pero cree que, si un cuerpo administrativo ordenase su bloqueo, los jueces probablemente lo autorizasen".

En esa ronda de contactos, Wilson se cita con el secretario de Econom¨ªa del PP, ?lvaro Nadal, quien, siempre seg¨²n los cables, se muestra de acuerdo con el fondo de la ley. Nadal dijo que el PP no est¨¢ lejos del Gobierno en las medidas contra el cierre de p¨¢ginas web recogidas en el borrador de la Ley de Econom¨ªa Sostenible. El PP apoya una fuerte protecci¨®n de la propiedad intelectual y est¨¢ de acuerdo en que se debe hacer algo sobre las webs piratas (...) pero quiere un proceso 100% judicial (...). La objeci¨®n del PP es puramente legal y esta es la ¨²nica ¨¢rea de desacuerdo con la propuesta".

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