Derechos humanos e independencia judicial

A quienes tenemos vocaci¨®n por el respeto y defensa de los derechos humanos y aspiramos siempre a que se haga efectivo el derecho a la justicia, en su sentido m¨¢s amplio, para todas las personas y muy especialmente para aquellas cuya dignidad ha sido ultrajada como consecuencia de atrocidades masivas, nos asombra, desconcierta y preocupa el silencio y la pasividad de los profesionales del Derecho en Espa?a ante ciertos acontecimientos de envergadura que se est¨¢n produciendo en la actualidad en el ¨¢mbito judicial.

El sometimiento a juicio del magistrado juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n por su actuaci¨®n jurisdiccional frente a los cr¨ªmenes de la Guerra Civil y el franquismo debilita el Estado de derecho al cuestionar, entre otras cuestiones fundamentales, la validez y supremac¨ªa del Derecho Internacional por encima de normas internas que se oponen a la vigencia de aquel. En una democracia, como Espa?a, que presume de estar a la vanguardia de la protecci¨®n y garant¨ªa de los derechos humanos se castiga, sin embargo, toda interpretaci¨®n jur¨ªdica acorde y respetuosa con el Derecho Internacional. Por esta raz¨®n, el caso contra Garz¨®n constituye un rotundo desprecio de lo construido durante d¨¦cadas de evoluci¨®n del Derecho Internacional Penal y de los derechos humanos por parte de tribunales internacionales y nacionales y, lo que es m¨¢s grave, tiene severas y negativas consecuencias para la independencia judicial, la verdadera v¨ªctima de este proceso.

?Por qu¨¦ ahora se convierte en prevaricador? ?Porque son normas espa?olas?

Garz¨®n ha destapado el verdadero estado de la independencia del poder judicial espa?ol

Coincidimos con el juez Garz¨®n cuando sostiene que lo que est¨¢ en juego es la independencia judicial, es decir "interpretar las normas desde la autonom¨ªa del juez", donde "no puede haber una interpretaci¨®n dirigida piramidalmente desde arriba hacia abajo". La Audiencia Nacional y sobre todo el Tribunal Supremo fracasan al ignorar y desde?ar el rol que les compete a los jueces en la construcci¨®n y perfeccionamiento del Derecho para transformar realidades injustas. El modelo de juez contempor¨¢neo, como aboga Mart¨ªn Pall¨ªn, tiene que ser "consciente de que el Estado de derecho no es el Estado de las leyes", pues aquel consiste efectivamente en la ley "m¨¢s los valores y los principios que contiene la Constituci¨®n y, adem¨¢s, nos dice claramente que tenemos que interpretarla a trav¨¦s de los derechos humanos". Pues bien, el Alto Tribunal espa?ol est¨¢ preconizando la expresi¨®n m¨¢s retr¨®grada y abolicionista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en pro de la defensa a ultranza de un derecho interno que a veces no incorpora y/o viola normas esenciales de aquel (relativas al derecho de acceso a la justicia y el derecho de las v¨ªctimas a obtener reparaci¨®n), al tiempo que restringe el rol de los jueces limitado al ejercicio mec¨¢nico de la aplicaci¨®n de las normas internas, al margen del Derecho Internacional y alej¨¢ndose con ello de la experiencia mundial.

En la experiencia del Derecho comparado, los argumentos jur¨ªdicos que ofrece un juez contra las normas nacionales que pretenden blindar mecanismos de impunidad -como lo es la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y la prescripci¨®n de violaciones que constituyen cr¨ªmenes de Derecho Internacional- manteniendo un vac¨ªo de justicia, ni son una "teorizaci¨®n creativa" ni constituyen la base de una actitud prevaricadora. Los tribunales espa?oles (tampoco el Tribunal Supremo) cuestionaron al juez Garz¨®n cuando hace m¨¢s de 10 a?os sosten¨ªa lo mismo que ahora, pero entonces frente a los mecanismos de impunidad que bloqueaban las investigaciones de los cr¨ªmenes de las dictaduras chilena y argentina. ?Por qu¨¦ ahora se convierte en prevaricador? ?Es porque esta vez son las normas espa?olas las que est¨¢n en tela de juicio? ?O es porque el resultado afectar¨ªa poderes y privilegios del pasado a¨²n vigentes? Sea cual fuera el m¨®vil, el juez Garz¨®n ha destapado el verdadero estado de la independencia del poder judicial espa?ol.

Cuando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desde?an la aplicaci¨®n del Derecho Internacional est¨¢n dejando claro que ignoran la funci¨®n que tienen los jueces en la redefinici¨®n y expansi¨®n de principios de Derecho nacional e internacional. La interpretaci¨®n judicial no es una abstracci¨®n sin sentido, sino la base misma de la funci¨®n jurisdiccional. Los jueces que han permitido el avance del Derecho Internacional no son exc¨¦ntricos creativos o arrogantes insumisos, sino servidores de la justicia que act¨²an conforme a sus facultades, en tanto que jueces que est¨¢n insertos en la Comunidad Internacional, y representan no a una clase social ni a un partido, sino a toda la comunidad humana. Solo as¨ª pueden promover la rendici¨®n de cuentas por cr¨ªmenes de Derecho Internacional que afectan y agravian a la sociedad en su conjunto. Y si no lo hicieran los tribunales espa?oles, las v¨ªctimas podr¨¢n acudir a otros tribunales de otros pa¨ªses, en virtud del principio de jurisdicci¨®n universal. Afortunadamente, es el caso de los tribunales de justicia argentinos que se han dirigido a Espa?a para que responda si "efectivamente se est¨¢ investigando la existencia de un plan sistem¨¢tico, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar espa?oles", llevado a cabo entre 1936 y 1977.

Lamentablemente, lo que est¨¢ sucediendo con el juez Garz¨®n constituye un aviso de navegantes para aquellos que, huyendo de la sumisi¨®n y el puro formalismo en la aplicaci¨®n de la ley, usan el Derecho Internacional para dar una respuesta justa a las leg¨ªtimas pretensiones de los ciudadanos de un Estado democr¨¢tico y resuelven en Derecho como de ellos esperamos, sin estrechez de miras. Una prueba de ese aviso es la muerte lenta a la que est¨¢n siendo condenados los casos de jurisdicci¨®n universal que se siguen en la Audiencia Nacional, que, poco a poco, se van archivando sin que ning¨²n juez plantee una cuesti¨®n de inconstitucionalidad a ra¨ªz de la reforma del art¨ªculo 23.4 de la LOPJ. Observamos tambi¨¦n con preocupaci¨®n el vergonzoso silencio en el ¨¢mbito judicial sobre la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que exponen los cables de Wikileaks en relaci¨®n con los procesos judiciales abiertos en los casos Couso, Guant¨¢namo y los vuelos de la CIA. Actuaciones obstaculizadoras que provienen de quienes tambi¨¦n postularon y/o avalaron la incompetencia del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 para investigar los cr¨ªmenes denunciados por los familiares de los desaparecidos. El contenido de los cables arroja sombras inquietantes sobre la independencia del poder judicial y sobre quienes deber¨ªan velar por ella y por la justicia. El colectivo jur¨ªdico merece transparencia sobre lo que se desprende de esas informaciones. Los ciudadanos merecen una explicaci¨®n sobre lo que parece una sumisi¨®n de lo judicial a lo pol¨ªtico con absoluto desprecio por las v¨ªctimas.

Sin un poder judicial independiente resulta un sofisma hablar de Estado democr¨¢tico y de derecho. El silencio al respecto es tan perturbador como el escenario al que asistimos en el seno del Tribunal Supremo, donde se juzgar¨¢ como sujeto de prevaricaci¨®n a quien, en su condici¨®n de juez independiente, hizo una interpretaci¨®n jur¨ªdica respetuosa y coherente con el Derecho Internacional e intent¨® ser garante de los derechos de las v¨ªctimas.

Las se?ales apuntan a que las posibilidades de condena del juez Garz¨®n son elevadas. Siendo la controversia de este juicio estrictamente jur¨ªdica, el Tribunal Supremo se ha cerrado a todo debate sobre la experiencia y alcance del Derecho Internacional en las materias objeto de discusi¨®n, denegando a la defensa aquellas pruebas dirigidas a probar la homologaci¨®n de las decisiones del juez Garz¨®n por otros juristas que aplican el Derecho Internacional. Los activistas y abogados independientes que creemos en la justicia sin importar qu¨¦ poder est¨¢ al frente seguiremos levantando la voz por la dignidad de las v¨ªctimas y contra la impunidad; y apoyaremos a aquellos jueces y fiscales que preservan su independencia sin doblegarse ante las dificultades y que no pierdan la fe y la esperanza en su rol vital por una justicia m¨¢s justa; porque este "modelo de juez" es el que queremos y a esta justicia "insumisa" es a la que aspiramos.

Lydia Vicente M¨¢rquez y Alicia Moreno P¨¦rez son abogadas, miembros del Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional y Derechos Humanos. http://www.crimenesinternacionales-franquismo-casogarzon.es/