La ley de Fahnstock

Una empresa el¨¦ctrica pretende que sus usuarios paguen el cambio de unos contadores que ella misma ha decidido sustituir y por los que adem¨¢s cobra un alquiler mensual. Los bancos pretenden quedarse con el piso sobre el que concedieron una hipoteca arriesgada, pero que eso no impida que su desdichado propietario pueda ser perseguido sine d¨ªe hasta que pague el cr¨¦dito incumplido. Las compa?¨ªas telef¨®nicas (sin excepci¨®n) acceden repentinamente a bajar sustancialmente la desproporcionada tarifa que est¨¢n cobrando a su incauto cliente cuando este espabila y amenaza con cambiar de proveedor. Una de las peores consecuencias de la actual crisis mundial es la impresi¨®n, cada d¨ªa m¨¢s extendida, por lo menos en Occidente, de que determinados abusos de poder cometidos por grandes corporaciones nunca ser¨¢n castigados porque los Gobiernos democr¨¢ticos, que, en teor¨ªa, han recibido ese poder de manos de los ciudadanos, aceptan crecientemente que esa responsabilidad se diluya en un mundo gaseoso, sin nombres ni apellidos, inaprensible.

Seguramente la cultura de la impunidad referida a pa¨ªses con reg¨ªmenes totalitarios o dictatoriales ha disminuido de manera notable en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Ah¨ª est¨¢, por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), creada en 1998, que permite juzgar a grandes criminales de guerra, como Slobodan Milosevic o Charles Taylor, o el extraordinario intento de procesamiento del general Augusto Pinochet por parte del juez espa?ol Baltasar Garz¨®n, nunca suficientemente valorado y agradecido.

La mejora en ese campo ha sido sustancial, aunque convenga resaltar que en las ¨²ltimas semanas la propia CPI est¨¢ siendo objeto de un serio ataque, porque Estados Unidos y Francia consideran la posibilidad de paralizar el caso abierto contra el presidente de Sud¨¢n, Omar al Bashir, y contra seis importantes funcionarios de Kenia, notables carniceros todos ellos, acusados de cr¨ªmenes contra la humanidad. Una operaci¨®n que puede tener penosas implicaciones respecto a un paulatino recorte futuro de las funciones de la Corte Penal.

Pero al margen de la CPI y de los casos m¨¢s extremos que ella juzga, parte de la ciudadan¨ªa occidental percibe un incremento de esa misma cultura de la impunidad en sus propias sociedades, que adem¨¢s parecen sentirse cada d¨ªa m¨¢s fatalistas al respecto. Probablemente no hay palabra que defina mejor la decadencia de una sociedad democr¨¢tica, basada necesariamente en el imperio de la ley, que la impunidad, incluso cuando no se refiere a grandes cr¨ªmenes, sino a peque?as corruptelas protagonizadas por grandes corporaciones, deshonestidades perversas, cotidianas, insidiosas, que amargan el car¨¢cter y desquician a los frustrados ciudadanos.

Peor que las corruptelas, peor incluso que el propio abuso, es la sensaci¨®n de que los poderes que los protagonizan est¨¢n fuera del alcance de cualquier castigo. No es una novedad en la historia, pero, probablemente, nuestros padres y abuelos creyeron, y sintieron, que, poco a poco, esas corruptelas y ma?as acabar¨ªan por ser controladas y perseguidas por la ley. Nosotros, los hijos y nietos, estamos seguros de lo contrario. Creemos, como dec¨ªa hace unos pocos a?os el gobernador del Banco de Inglaterra, que nunca un n¨²mero m¨¢s peque?o de individuos ha hecho tanto da?o a un n¨²mero m¨¢s grande de personas. Que nunca las corruptelas y ama?os "de cuello blanco" hab¨ªan alcanzado a un n¨²mero tan elevado de damnificados, quiz¨¢ porque nunca ha habido un mayor n¨²mero de consumidores, expuestos a esas sucias pr¨¢cticas. Y sobre todo creemos que, de acuerdo con una ley que se llama de Fahnstock, estamos en un momento en el que todo tema que merezca la pena debatir, merece la pena evitarlo por completo. ?Alguien duda de que el peor efecto de Wikileaks no ha sido provocado por las filtraciones, sino por la apat¨ªa y dejadez con las que se ha contemplado lo que no era, no deb¨ªa ser, un espect¨¢culo, sino una denuncia?