Dif¨ªcil legislar sobre uno mismo

"Esa acusaci¨®n es joseantoniana y fascista", le respondi¨® indignado esta semana el diputado de ERC Joan Tard¨¤ a un asistente a una conferencia sobre laicismo que le increp¨® sobre los privilegios de los pol¨ªticos.

Ese incidente y otros que relatan estos d¨ªas los diputados ilustran la forma en la que se ha instalado en los ¨²ltimos meses la impresi¨®n de que los parlamentarios disponen de privilegios. Y muchos est¨¢n inquietos porque desde que Mariano Rajoy anunci¨® iniciativas del Partido Popular para eliminarlos se ha abierto una carrera de todos los partidos por ver qui¨¦n llega m¨¢s lejos. Aunque en privado todos los grupos aseguran que no son privilegios, todos han propuesto modificaciones.

Hay coincidencia de todos en eliminar los complementos de pensiones que ya han cobrado 81 ex parlamentarios que, en el momento de la jubilaci¨®n, no hab¨ªan cotizado para percibir el m¨¢ximo legal. Ese complemento empez¨® siendo para parlamentarios procedentes del exilio y termin¨® siendo, sobre todo, para abogados que cotizaron por la m¨ªnima en la mutualidad. Por ejemplo, Pablo Castellano y Cristina Almeida. Julio Anguita renunci¨®, despu¨¦s de enviar tres cartas, al comprobar que solo le correspond¨ªan 69 euros anuales.

El PP quiere que el r¨¦gimen de pensiones de los parlamentarios sea id¨¦ntico al del resto de ciudadanos. Sobre eso hay coincidencia, pero hay otras propuestas que deber¨¢ analizar Jos¨¦ Bono, presidente del Congreso, sobre las que ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil el consenso. Y ya hay portavoces que aseguran que sin consenso no habr¨¢ cambio. Ese es el inconveniente de que los parlamentarios se autorregulen.

Por ejemplo, en 2006 los grupos aprobaron un r¨¦gimen de indemnizaciones que se aplica de forma gen¨¦rica y, por tanto, injusta. Lo hicieron porque el Tribunal Constitucional fall¨® que los sindicalistas, concejales y parlamentarios no pod¨ªan acceder al paro, porque no cotizan. Se cambi¨® la ley para ediles y sindicalistas, y para los diputados y senadores se estableci¨® que todos cobrar¨ªan una indemnizaci¨®n, en una vez, de un mes por a?o en el esca?o, hasta un m¨¢ximo de 24 meses. Tan injusto como que Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, que dej¨® el esca?o por actividades privadas bien remuneradas, recibi¨® recientemente la indemnizaci¨®n. El PSOE ha hecho una propuesta seg¨²n la cual esa indemnizaci¨®n la cobrar¨ªan solo los exparlamentarios que queden en paro; eso s¨ª, ser¨ªan dos meses por a?o en el esca?o hasta un m¨¢ximo de 24 meses y cobrados mientras no se encuentre trabajo. Una especie de seguro de desempleo, pero muy mejorado.

El PP no ha incluido en su propuesta ninguna modificaci¨®n sobre esa indemnizaci¨®n y, por tanto, es partidario de que se mantenga tal cual est¨¢.

Gaspar Llamazares (IU) ha hablado ya con el PSOE y propone tambi¨¦n modificar esa indemnizaci¨®n para asimilarla al seguro de paro. La diferencia es que, como no es posible que los diputados coticen como el resto de ciudadanos, porque no se considera que sea una relaci¨®n laboral, propone que sea el Congreso quien lo haga por ellos. En todo caso, los letrados del Congreso consideran que hay problemas legales que estudiar, incluido si es posible que la supresi¨®n de esa indemnizaci¨®n afecte a los actuales diputados y senadores.

Otra discrepancia importante se refiere a las incompatibilidades. El PP no quiere cambiarlas, el PSOE habla de endurecerlas en abstracto y la izquierda pretende llegar casi a la dedicaci¨®n plena. De lo que no hablan es de dotar a la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado de capacidad real para comprobar si se cumple la ley. Por ejemplo, si las empresas para las que se les permite trabajar no contratan realmente con la Administraci¨®n.

Esa comisi¨®n tiene pendiente decidir sobre la petici¨®n de Josep Antoni Duran Lleida (CiU) de presidir cuatro comisiones bilaterales en representaci¨®n de la Generalitat. Ha dicho que renuncia a cobrar por esa actividad, pero no hay precedentes de trabajo para otra Administraci¨®n, compatibilizada con el esca?o. En breve se la autorizar¨¢.