Respuestas en crisis

Francisco Camps, actual presidente de la Comunidad Valenciana, se ha autoproclamado candidato a la presidencia para las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas. Este presidente y probable candidato -est¨¢ pendiente de confirmaci¨®n por el comit¨¦ electoral nacional, y Mar¨ªa Dolores de Cospedal y Camps se llevan como Valdano y Mourinho-, est¨¢ acusado del delito de cohecho impropio. Esto es: existen pruebas, a juicio del fiscal, de que ha recibido regalos por raz¨®n de su cargo. Con motivo de esta acusaci¨®n, altos dirigentes del PP, como Javier Arenas, Esteban Gonz¨¢lez Pons y Rita Barber¨¢, han cantado las excelencias de Camps para enturbiarla. La alcaldesa de Valencia ha abierto un debate sobre la independencia judicial. Dice: "La Transici¨®n no ha pasado por el poder judicial". Entiendo que cuando se hacen estas afirmaciones se est¨¢ diciendo que algunos jueces y fiscales est¨¢n al servicio del Gobierno. Por su parte, Gonz¨¢lez Pons intenta ridiculizar a estos jueces y tribunales, afirmando que se va a juicio "por cuatro corbatas". El objetivo, tal como se mostr¨® en la ¨²ltima convenci¨®n del PP, es defender a un compa?ero de filas al margen de las instituciones a las que deterioran y desprestigian.

Esta forma de hacer es la misma que est¨¢ desarroll¨¢ndose en Italia a causa de la acusaci¨®n que la fiscal¨ªa mantiene contra Berlusconi, que se considera v¨ªctima de una conjura judicial.

A poco que se piense -y separando los hechos determinantes de la acusaci¨®n-, estos dirigentes lo que hacen es poner en tela de juicio la independencia judicial as¨ª como la honradez y honestidad de jueces y fiscales. Tambi¨¦n lo hacen cuando, en lugar de que sean los jueces -¨²nicos legitimados constitucionalmente para juzgar-, subordinan, como si de Berlusconi se tratara, la inocencia o culpabilidad al resultado de las urnas. Algo as¨ª como un circo romano, en el que la suerte de los condenados estaba en funci¨®n de su comportamiento en la arena p¨²blica, con independencia de los hechos que hubieran cometido para llegar ante los tribunales.

Ahora bien, y es lo que quiero destacar, el PP en Andaluc¨ªa act¨²a de manera opuesta. Basta mirar el caso Mercasevilla. Un caso, en el que al d¨ªa de hoy no est¨¢ acusado, ni tan siquiera imputado, autoridad relevante alguna del PSOE. A pesar de ello, algunos dirigentes del PP van extendiendo sospechas de criminalidad. Es m¨¢s, su secretario general, Antonio Sanz, anuncia qui¨¦n o qui¨¦nes van salir al siguiente d¨ªa en los medios (alguien deber¨ªa decirle que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal existe un precepto que obliga a las autoridades a denunciar inmediatamente los hechos delictivos que pudiera conocer). No afirmo que los conozca, solo que los anuncia, salvo que los anuncie sin conocerlos.

De no denunciar -y los conoce- no est¨¢ bien visto por el C¨®digo Penal. Y si no los conoce, no deber¨ªa anunciarlos, pues tampoco est¨¢ bien visto por el mismo texto legal.

Lo que estos casos transmiten es que el PP pretende que Justicia y Gobierno act¨²en conforme a sus intereses de poder. Unas veces -en Valencia-, condicionando el prestigio judicial al hecho de que sus pol¨ªticos no sean acusados. Otras -en Andaluc¨ªa-, intentado que la misma Justicia y Gobierno andaluz act¨²en de acuerdo con sus afirmaciones y sospechas. Es un comportamiento torticero en cuanto que no es ni razonable ni coherente.

De ah¨ª que cuando observo esta forma de actuaci¨®n y que que los hechos se desvirt¨²an hasta l¨ªmites incalificables, cuando se desprestigia a jueces, fiscales y adversarios pol¨ªticos por compa?erismo, cuando por estos mismos intereses corporativos no importa deteriorar una instituci¨®n constitucional como la Justicia, y todo a cambio de lograr el poder, intento buscar respuestas que lo impidan.

Una de ellas es que la crisis, por mucho que nos est¨¦ da?ando, no puede servir de pretexto para dejar atr¨¢s el sentimiento colectivo social y de progreso que ha hecho m¨¢s desarrollada la sociedad.