Doble rasero

Es bien sabido que los dirigentes de los partidos -est¨¦n en el Gobierno o en la oposici¨®n- tienen una visi¨®n puramente utilitaria de la Administraci¨®n de la Justicia cuando los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n les afectan. Aun sin llegar a los extremos grotescos de la Italia de Silvio Berlusconi, la Espa?a contempor¨¢nea ofrece abundantes ejemplos de la subordinaci¨®n valorativa que hacen los pol¨ªticos de lo justo o de lo injusto en funci¨®n de sus propios intereses electorales. Si hasta ahora el blanco de las diatribas del PP hab¨ªa sido fundamentalmente la magistratura, ahora le llega tambi¨¦n el turno a la fiscal¨ªa, una instituci¨®n regulada por el T¨ªtulo VI de la Constituci¨®n sobre el Poder Judicial. Lamentablemente, las consecuencias deslegitimadoras para el Estado de derecho de los embates de los profesionales del poder contra los tribunales y el ministerio p¨²blico refuerzan el escepticismo de la ciudadan¨ªa respecto a la justicia.

Dirigentes del PP acusan a la fiscal¨ªa de mirar hacia otro lado en los esc¨¢ndalos que salpican al PSOE

La diabolizaci¨®n actual de magistrados y fiscales con nombres y apellidos es compatible con su santificaci¨®n pasada o futura: todo depende de los perjuicios o de los beneficios recibidos por los partidos en procesos espec¨ªficos. As¨ª ha ocurrido con el magistrado Baltasar Garz¨®n, imputado en el Supremo por delitos de prevaricaci¨®n en tres causas diferentes y suspendido cautelarmente como titular del Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. Ensalzado hasta la n¨¢usea durante los a?os noventa por los portavoces org¨¢nicos y medi¨¢ticos del PP como her¨®ico instructor del sumario Marey, que desemboc¨® en la condena del ministro y del secretario de Estado de Interior del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, el papel de Garz¨®n en la investigaci¨®n judicial del caso G¨¹rtel, una trama pol¨ªtico-mafiosa que operaba en las comunidades de Madrid y Valencia gobernadas por el PP, ha cambiado las tornas.

Tambi¨¦n el sumario que se ocupa de las andanzas de Francisco Correa y sus terminales dentro del PP es el origen de la campa?a lanzada por el principal partido de la oposici¨®n contra la fiscal¨ªa, acusada de perseguir en falso cargos p¨²blicos estatales, auton¨®micos y municipales de afiliaci¨®n popular y de arrastrar los pies en los esc¨¢ndalos del PSOE. Haciendo suya la consigna futbol¨ªstica de que la mejor defensa es un buen ataque, la secretaria general del PP, Cospedal, ha replicado a la petici¨®n fiscal de una pena de 41.000 euros contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho impropio (el regalo de unos trajes y corbatas) con la salida de pie de banco de imputar al ministerio p¨²blico "un ataque pol¨ªtico en toda regla" y el empleo de un doble rasero para eximir al PSOE de cualquier responsabilidad en los casos de Mercasevilla, los ERE andaluces y El Fais¨¢n vasco. Pero no son los jueces y los fiscales, sino los partidos quienes aplican varas de medir diferentes para absolverse a s¨ª mismos del pecado de corrupci¨®n y condenar en cambio a sus adversarios electorales por id¨¦ntica causa.