Las Administraciones pagan a sus proveedores con cinco meses de retraso
Una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) revela que el conjunto de Administraciones p¨²blicas del Estado pagan a sus proveedores con un retraso medio de 154 d¨ªas. Como resultado de los impagos de las Administraciones, las empresas espa?olas acaban pagando con un retraso medio de 98 d¨ªas, solo por detr¨¢s de Grecia, entre los pa¨ªses de la zona euro.
Pedro Torres, presidente de la PMCM, present¨® ayer en Valencia las ¨²ltimas novedades de la ley contra la morosidad que, formalmente, obliga a las Administraciones a pagar con un retraso m¨¢ximo de 60 d¨ªas durante un periodo transitorio, hasta un m¨¢ximo de 30 d¨ªas en 2013. La PMCM es una organizaci¨®n multisectorial que agrupa a una treintena de federaciones patronales de toda Espa?a que representan a en torno a un mill¨®n de empresas y que ha logrado hacerse un hueco en el observatorio de la morosidad, una entidad que debe constituirse en abril y que velar¨¢ por el cumplimiento de la nueva normativa. Torres, en una presentaci¨®n en la sede de Femeval, la federaci¨®n valenciana de empresas del metal, asegur¨® que una norma parecida y que se aplica en Francia desde hace dos a?os ha logrado reducir los plazos de pago de 110 a 49 d¨ªas. Pero insisti¨® en que es necesario un cambio de cultura. "Las Administraciones deben funcionar como una empresa", coment¨® Torres, "no pueden jugar a endeudarse cada vez m¨¢s, porque luego viene alguien de fuera a exigir que hagan los deberes, como nos est¨¢ pasando".
Torres invit¨® a la sociedad civil a rebelarse contra las pr¨¢cticas abusivas de parte de todas las Administraciones. "No puede ser que las peque?as empresas soporten las deudas de las instituciones". Y record¨® que la nueva legislaci¨®n exige un tratamiento espec¨ªfico para la deuda hist¨®rica de las entidades p¨²blicas y otro tratamiento para los nuevos compromisos de pago.
Torres celebr¨® que algunas instituciones s¨ª cumplen la nueva ley, entre los que cit¨® al Ayuntamiento de Barcelona y la Xunta de Galicia.
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