Suspendidas cinco obras en carreteras por el 'caso de los asfalteros'

La investigaci¨®n judicial en torno al clan de los asfalteros tiene ya repercusiones sobre el terreno. El Ministerio de Fomento y la Diputaci¨®n de Girona han dejado en el aire cinco adjudicaciones de obras en las provincias de Girona y Tarragona por su presunta vinculaci¨®n a la trama corrupta de empresas constructoras que en los ¨²ltimos a?os constituyeron un cartel para hacerse con obras p¨²blicas en Girona.

Los concursos fueron convocados por Abertis, a trav¨¦s de ACESA -concesionaria de la AP-7-, y por la Diputaci¨®n de Girona. Las obras suspendidas por ACESA corresponden a ampliaciones de carril en la autopista a su paso por Girona y a la supresi¨®n de estaciones de peaje en la AP-2 (Banyeres del Pened¨¨s) y la AP-7 (El Vendrell y Tarragona). El total de esas licitaciones asciende a 17,3 millones de euros.

En el caso de la Diputaci¨®n de Girona, la adjudicaci¨®n ahora suspendida corresponde a unas obras en el tramo de la carretera GI-V-5223, a la altura de Beget, con un valor de licitaci¨®n de 1,6 millones.Un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso se?ala que las conversaciones telef¨®nicas entre los implicados revelan que en cuatro concursos ofertados por ACESA en 2010 hubo acuerdos fraudulentos. Los investigadores consideran que el apoderado de la empresa de Girona Construcciones Rubau, Xavier Esgleas, coordinaba el cartel. El informe se?ala, adem¨¢s, que un responsable de Dragados entr¨® en contacto con Esgleas para participar en los pactos irregulares.

El pasado 1 de marzo, la Guardia Civil puso en conocimiento de ACESA las sospechas que penden sobre cuatro procesos de adjudicaci¨®n. El director general de la concesionaria, Josep Llu¨ªs Gim¨¦nez Sevilla, solicit¨® que se comunicase esa situaci¨®n a los representantes de Fomento en las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje, ya que "el procedimiento de adjudicaci¨®n de los referidos concursos se encuentra en sus manos".

Un mes m¨¢s tarde, el instituto armado remiti¨® la informaci¨®n al Gobierno y reiter¨® que en esos cuatro concursos "puede haber existido la actuaci¨®n concertada entre algunas de las empresas concurrentes, con la finalidad de determinar su adjudicaci¨®n". El delegado del ministerio comunic¨® el 9 de marzo al juzgado de instrucci¨®n que hab¨ªa "acordado dejar en suspenso la aprobaci¨®n de la adjudicaci¨®n" de las obras, "mientras el juzgado no disponga otra cosa".

Los proyectos de ampliaci¨®n de la AP-7 desde La Jonquera hasta Vila-seca se iniciaron en 2005. ACESA ha invertido en ellos 500 millones de euros. La paralizaci¨®n sine die de las obras supone un varapalo a la concesionaria: mientras no empiecen a circular veh¨ªculos por la autopista, no podr¨¢ comenzar a recuperar parte de la inversi¨®n. Las adjudicaciones sospechosas corresponden a la ¨²ltima fase de las obras de ampliaci¨®n; en concreto, al asfaltado de las v¨ªas y a la instalaci¨®n de las capas de rodadura, imprescindibles para que circulen los coches.

Adem¨¢s de los da?os econ¨®micos, fuentes cercanas al caso alertan tambi¨¦n del perjuicio que se causa los ciudadanos, porque "se paralizan obras de la puerta de entrada a Europa y de la principal arteria vial de Catalu?a". Las mismas fuentes se?alan que no hubo nada sospechoso en los concursos de Girona salvo, quiz¨¢, el reducido n¨²mero de empresas que optaron a los concursos. Hace dos semanas, ACESA decidi¨® personarse como parte perjudicada en el caso GISA, que investiga el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Barcelona.

La investigaci¨®n de la trama corrupta se ha saldado hasta ahora con tres detenidos -uno de ellos, el gerente de Carreteras de la empresa p¨²blica GISA en Girona, Jordi Verg¨¦- y 15 empresarios del sector del asfaltado de carreteras han declarado ante la Guardia Civil. La docena de empresas investigadas lograron adjudicarse 75 obras en carreteras de la provincia por un valor total de casi 300 millones de euros en 2009 y 2010.

La Guardia Civil tambi¨¦n alert¨® a la Diputaci¨®n de Girona sobre un expediente en el que dos de las empresas implicadas -?rids Vilanna y Construccions Fust¨¦- realizaron ofertas econ¨®micas casi id¨¦nticas, por un importe de 1,5 millones. Pocas horas m¨¢s tarde, la Diputaci¨®n atendi¨® el requerimiento del instituto armado y adopt¨® "una medida provisional de suspensi¨®n de los tr¨¢mites" hasta que "los hechos motiven su levantamiento, si cabe".

Adem¨¢s de los casos se?alados, la Guardia Civil tiene constancia de que las empresas actuaron conjuntamente en cuatro concursos m¨¢s de ACESA, todos en 2009, y de que solo en uno de ellos no consiguieron salirse con la suya.