?Evitar la guerra ling¨¹¨ªstica?

El pasado 22 de diciembre el Tribunal Supremo (TS) dio a conocer tres sentencias que, m¨¢s all¨¢ de resolver sendas reclamaciones particulares, suponen una desautorizaci¨®n del modelo ling¨¹¨ªstico-escolar de Catalu?a. Se trata del llamado "sistema de inmersi¨®n", que se caracteriza por tener el catal¨¢n como lengua vehicular y el castellano como asignatura obligatoria. Seg¨²n el TS, que interpreta a su manera la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Catalu?a, el castellano debe ser "reintroducido" como lengua vehicular en todos los cursos de ense?anza obligatoria, en una proporci¨®n que corresponde fijar a las autoridades educativas catalanas. El entonces consejero de Educaci¨®n de la Generalitat, Ernest Maragall, quit¨® hierro a este rev¨¦s judicial, con el argumento de que el Supremo "no anula ni obliga a modificar ning¨²n precepto ni art¨ªculo de la normativa vigente". El argumento es d¨¦bil, porque tanto Maragall como su sucesora, Irene Rigau, saben que la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a (LEC), que pretend¨ªa "blindar" la inmersi¨®n, est¨¢ sobre la mesa del Tribunal Constitucional (TC), y despu¨¦s de la sentencia sobre el Estatuto es poco probable que la LEC supere inc¨®lume el escrutinio constitucional.

La soluci¨®n es apostar por alumnos triling¨¹es, en catal¨¢n, castellano e ingl¨¦s

Pregunta: ?qu¨¦ pasar¨¢ si el TC obliga a modificar alg¨²n precepto ling¨¹¨ªstico de la LEC? El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se anduvo con rodeos: si le obligaran a alterar el sistema de inmersi¨®n, "tendr¨ªamos un conflicto pol¨ªtico de primer¨ªsimo orden". En esta l¨ªnea, el pasado 7 de abril la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Parlamento de Catalu?a aprob¨® una ins¨®lita resoluci¨®n en que manifiesta su "discrepancia" con el TS y llama a la "extensi¨®n" de la inmersi¨®n. El asunto es lo suficientemente grave como para que intentemos reconstruir un terreno de encuentro.

Adem¨¢s de constituir un tosco ejercicio de extralimitaci¨®n, suplantar al legislador catal¨¢n e ignorar la autonom¨ªa de la Generalitat, las sentencias del TS parten de una grave impostura, que consiste en dar por sentado un v¨ªnculo necesario entre el deber de conocer el castellano y la consideraci¨®n del castellano como lengua vehicular, un asunto en el que la Constituci¨®n guarda silencio. Esta posici¨®n del Supremo choca con la realidad emp¨ªrica: est¨¢ perfectamente acreditado que el alumnado catal¨¢n alcanza una competencia completa en castellano, aunque en su vida escolar la lengua vehicular sea el catal¨¢n. No es necesario ser especialmente sutil para darse cuenta de que detr¨¢s de la argumentaci¨®n del Supremo no hay argumentos estrictamente pedag¨®gicos sino pol¨ªticos: en Espa?a todo el mundo debe recibir (al menos una parte) de la ense?anza en castellano... porque estamos en Espa?a.

El car¨¢cter vehicular del castellano no es necesario para asegurar su conocimiento entre el alumnado, pero tampoco deber¨ªa ser da?ino para el catal¨¢n. En este punto es donde determinadas reacciones catalanas a las sentencias del TS incurren en la sobreactuaci¨®n. Organizaciones tan respetables como el Centre Unesco, el Pen Club o la Associaci¨® de Mestres Rosa Sensat emitieron un comunicado en el que protestan contra las sentencias del TS y llaman a la sociedad catalana a organizarse para responder "a este intento de genocidio ling¨¹¨ªstico". El Supremo considera "inobjetable" la pol¨ªtica de normalizaci¨®n del catal¨¢n que emana del Estatuto y de las leyes de normalizaci¨®n y solo reclama que el castellano sea tambi¨¦n lengua vehicular de un sistema educativo organizado en una sola red escolar que no segrega a los alumnos por razones ling¨¹¨ªsticas. Si esto es genocidio ya podemos deshacernos de nuestros diccionarios.

En su discurso de investidura, Mas dijo que su apuesta ser¨ªa por una escuela catalana y unos alumnos triling¨¹es, perfectamente competentes en catal¨¢n, castellano e ingl¨¦s. En Catalu?a se sabe que para garantizar la competencia en ingl¨¦s no bastar¨¢ con una asignatura, sino que habr¨¢ que introducir el ingl¨¦s como lengua vehicular. En este punto es donde la solidez de ciertas posiciones catalanas se tambalea: ?introducir el ingl¨¦s como lengua vehicular no va a arruinar el sistema de inmersi¨®n pero (re)introducir el castellano s¨ª? ?Dar matem¨¢ticas en castellano puede resultar letal pero hacerlo en ingl¨¦s no? En Catalu?a el debate tampoco es estrictamente pedag¨®gico sino que adquiere tintes pol¨ªticos: independientemente de si existen maneras alternativas de asegurar la competencia en catal¨¢n, en Catalu?a todo el mundo debe recibir (toda) la ense?anza en catal¨¢n... porque estamos en Catalu?a.

Como se puede ver, lo que se plantea es un enfrentamiento entre dos postulados mutuamente contradictorios que beben del nacionalismo ling¨¹¨ªstico. Si queremos evitar "un conflicto pol¨ªtico de primer¨ªsimo orden", solo cabe una soluci¨®n, que es apostar por alumnos triling¨¹es en una escuela catalana triling¨¹e, en la que el catal¨¢n, en atenci¨®n al leg¨ªtimo objetivo de la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica, sea el "centro de gravedad" (en la bella expresi¨®n del Constitucional), el castellano no quede excluido como lengua docente, y el ingl¨¦s tenga la presencia necesaria para resolver el gran problema ling¨¹¨ªstico que tiene planteado el sistema educativo catal¨¢n (y espa?ol), que no es precisamente el conocimiento del castellano sino el de la lengua global. A menos, claro est¨¢, que deseemos ese conflicto pol¨ªtico de primer¨ªsimo orden.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.