Cuba corta la salida a ETA

La conexi¨®n hist¨®rica de ETA-Batasuna con Cuba se resquebraja tras d¨¦cadas de soterrada pero intensa relaci¨®n en las que el Gobierno castrista y su modelo revolucionario han ejercido un poderoso magnetismo dentro del abertzalismo violento. En marcado contraste con la cobertura prestada hasta ahora, las autoridades de La Habana se est¨¢n negando a facilitar a los activistas de ETA asentados en su territorio documentaci¨®n falsa "operativa" que les permita volver a Francia o trasladarse a cualquier otro pa¨ªs. En la pr¨¢ctica, esta decisi¨®n supone cerrar la salida a los etarras all¨ª instalados, toda vez que, seg¨²n fuentes policiales, tampoco quienes tienen sus causas penales prescritas en Espa?a parecen, hoy por hoy, dispuestos a pasar por el "humillante trago" de acudir a la Embajada espa?ola a solicitar un pasaporte.

La Habana no quiere comprometer su relaci¨®n con Espa?a, por un grupo terrorista al que se da por desahuciado

La actitud del Gobierno castrista ha abierto una divisi¨®n en el seno de la comunidad etarra en Cuba y soliviantado los ¨¢nimos de algunos de los activistas, que no dudan en utilizar contra sus antiguos benefactores la munici¨®n dial¨¦ctica del calibre m¨¢s grueso. Es el caso de los veteranos Elena B¨¢rcena Arg¨¹elles, Tigresa, y Francisco Javier P¨¦rez Lekue, Niko, que intentan desde hace tiempo abandonar la isla, se ignora si con el prop¨®sito de seguir una trayectoria estrictamente personal o para reintegrarse en las debilitadas estructuras de su organizaci¨®n en Francia.

En un escrito de denuncia fechado en "Ciudad de La Habana, el 8 de febrero de 2011", B¨¢rcena y P¨¦rez Lekue tildan de "carceleros" a los gobernantes de La Habana, al tiempo que les acusan de haber incumplido el acuerdo de 1984 por el que el Gobierno de Castro se comprometi¨® a no impedir la eventual salida de la isla de los integrantes de la comunidad etarra. Sostienen que aunque al principio los gobernantes cubanos cumplieron lo acordado y permitieron que los miembros de ETA abandonaran el pa¨ªs, posteriormente han ido poniendo m¨¢s y m¨¢s trabas a las salidas, hasta llegar a la prohibici¨®n, "primero en la pr¨¢ctica y m¨¢s tarde dici¨¦ndolo abiertamente", indican en una carta enviada a medios de comunicaci¨®n vinculados a la denominada izquierda abertzale.

"Queremos hacer p¨²blico nuestro rechazo hacia la actitud de las autoridades de este pa¨ªs, que nos condena, de facto, a cadena perpetua, en un marco, adem¨¢s, de absoluta inseguridad jur¨ªdica", subrayan en ese escrito. Suena escandaloso en un universo ideol¨®gico como el de ETA-Batasuna, donde se ha cultivado con esmero la mitificaci¨®n del castrismo y la amalgama-coartada del abertzalismo terrorista con la referencia revolucionaria cubana. La carta, dirigida "al pueblo de Euskal Herria", no ha sido publicada por temor a que la descalificaci¨®n del r¨¦gimen castrista irrite al Gobierno de La Habana y al Partido Comunista de Cuba (PCC), provoque un mayor deterioro de las relaciones y, en ¨²ltima instancia, perjudique al conjunto de los etarras all¨ª asentados.

Bajo la argumentaci¨®n doctrinaria oficial de que las organizaciones terroristas son movimientos nacionales de liberaci¨®n y de que no existen garant¨ªas de que los revolucionarios vayan a tener un juicio justo en sus pa¨ªses, Cuba se ha negado sistem¨¢ticamente hasta ahora a colaborar judicialmente con Espa?a en los casos que involucran a los miembros de ETA. En sus indagaciones sobre asuntos diversos, que van desde el secuestro y desaparici¨®n del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, hasta la colaboraci¨®n con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), la justicia espa?ola ha reclamado infructuosamente la entrega, entre otros, de los activistas Miguel ?ngel Apalategi, Apala (uno de los ¨²ltimos en ver con vida a Pertur), Jos¨¦ ?ngel Urtiaga Mart¨ªnez, Jos¨¦ Miguel Arrugaeta San Emeterio o Jos¨¦ Ignacio Etxarte Urbieta.

Lejos de darse por vencidos ante la negativa gubernamental de La Habana, Elena B¨¢rcena y Francisco Javier P¨¦rez Lekue han insistido con nuevos escritos, enviados esta vez a la direcci¨®n del PCC, en los que reiteran sus exigencias de que se les facilite documentaci¨®n (falsa) y afirman que Cuba es ya para ellos "una c¨¢rcel donde no quieren permanecer ni un d¨ªa m¨¢s". Pese a que ambos tienen sus causas penales prescritas en Espa?a, se niegan en redondo, "por cuestiones de principio", a proveerse de documentaci¨®n legal en la Embajada espa?ola y hasta amenazan con iniciar una huelga de hambre. Elena B¨¢rcena fue deportada a Cabo Verde en 1986 junto a su marido, Ignacio Rodr¨ªguez Mu?oa, Zippo, pero ambos acabaron recalando en Cuba un a?o m¨¢s tarde. Francisco Javier P¨¦rez Lekue lleg¨® a Cuba procedente de Nicaragua y, seg¨²n la polic¨ªa espa?ola, ha vivido en la isla caribe?a con documentaci¨®n falsa.

La crisis desatada por Tigresa y Niko ha crispado tambi¨¦n los ¨¢nimos dentro de la propia comunidad de etarras refugiados en ese pa¨ªs, que se calcula asciende a una veintena, aunque se desconoce su n¨²mero exacto, toda vez que el Gobierno de Castro solo reconoce haber dado cobijo al grupo de etarras deportados que llegaron desde Panam¨¢ y Francia en los a?os ochenta como parte de acuerdos avalados por el propio Ejecutivo de Madrid. Los servicios de informaci¨®n espa?oles siempre se han mostrado convencidos de que Cuba ha acogido y acoge tambi¨¦n a destacados miembros de ETA, buena parte de los cuales abandonaron Nicaragua tras la derrota electoral de los sandinistas. Entre ellos se encontrar¨ªa Miguel ?ngel Apalategi, Apala, y otros antiguos dirigentes a los que el r¨¦gimen castrista otorg¨® nueva identidad y rode¨® de grandes medidas de seguridad para evitar que su presencia quedara al descubierto.

En la terminolog¨ªa interna de la comunidad de "refugiados" de ETA, ese grupo compone el denominado colectivo "cerrado", as¨ª definido por oposici¨®n al "abierto" que s¨ª es reconocido por el Gobierno de La Habana y que encabezan Txutxo Abrisketa Korta y el propio Jos¨¦ Miguel Arrugaeta. Seg¨²n fuentes policiales, estos ¨²ltimos, que llevan ya d¨¦cadas en la isla caribe?a y tienen su vida y modus vivendi establecido a trav¨¦s de las empresas UGAO y Euskal Herria, se oponen frontalmente a cualquier denuncia que pueda ser interpretada por el Gobierno cubano como un gesto de deslealtad.

La nueva actitud del Gobierno cubano supone un giro de su comportamiento, puesto que hasta hace un tiempo el r¨¦gimen castrista proporcionaba documentaci¨®n "operativa" y ayuda log¨ªstica a los etarras que optaban por abandonar la isla, tal y como prueban algunas detenciones practicadas en Francia. En su carta de denuncia, Elena B¨¢rcena y P¨¦rez Lekue recuerdan que el acuerdo inicial alcanzado con el "colectivo de refugiados" de ETA establec¨ªa que las autoridades cubanas facilitar¨ªan las salidas, aunque quien abandonara la isla ya no podr¨ªa regresar.

La apuesta por ETA-Batasuna que el castrismo hizo en su d¨ªa ha ido desdibuj¨¢ndose a medida que la comunidad internacional toleraba peor la condescendencia y no digamos ya la complicidad con el terrorismo. Cuba, que mantiene un grado de comunicaci¨®n con las autoridades espa?olas superior al de a?os atr¨¢s, no quiere comprometer sus relaciones bilaterales con Espa?a, menos a¨²n a causa de una organizaci¨®n terrorista a la que se da por desahuciada. Aunque la ret¨®rica de la solidaridad revolucionaria siga en pie, la luna de miel del castrismo y ETA-Batasuna parece tocar a su fin.