La c¨²pula de Camps se enfrenta a cuatro a?os de c¨¢rcel por financiaci¨®n ilegal

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano asumi¨® ayer por unanimidad la competencia del grueso de la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel. Los jueces, como este diario adelant¨® la semana pasada, avalaron as¨ª los m¨²ltiples indicios reunidos durante la investigaci¨®n que indican que las c¨²pulas del Gobierno y el PP regionales, presididos por Francisco Camps, cometieron delito electoral (financiaci¨®n ilegal de la campa?a municipal y auton¨®mica de 2007); falsedad en documento mercantil (vinculado a la campa?a de las elecciones generales de 2008, que podr¨ªa transformarse en otro delito electoral), prevaricaci¨®n y cohecho en el marco de la estrecha relaci¨®n y los muchos negocios que mantuvieron durante a?os con la trama mafiosa que Francisco Correa dirigi¨® hasta que fue desarticulada a principios de 2009.

Al c¨ªrculo del presidente se le imputan cuatro delitos

El TSJV remite al Tribunal de Madrid los casos en los que no hay aforados

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) asumi¨® la investigaci¨®n de los delitos en los que existen s¨®lidos indicios de la participaci¨®n de aforados. En aquellos casos en los que los implicados no gozan de aforamiento, los magistrados se inclinaron porque el enjuiciamiento tuviera lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso de la causa.

Y ello porque en materia de "delincuencia organizada", apunta la sala, "las manifestaciones aisladas de hechos delictivos que se produzcan en diversos territorios jurisdiccionales deben ceder a favor de la competencia del juez del lugar donde radique el centro de las actividades delictivas y en el que se fraguaron los distintos delitos y se generaron las ¨®rdenes y datos para su realizaci¨®n".

En dicha situaci¨®n se halla Pedro Garc¨ªa, exdirector de Canal 9, a quien la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acusa de haber adjudicado irregularmente un contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006, del que la trama se habr¨ªa embolsado tres millones de euros; y de haber recibido prendas de vestir y otros regalos de la red. La "necesaria investigaci¨®n" de esos hechos, establece el TSJV, debe realizarse en el tribunal de Madrid.

La decisi¨®n de los jueces, se?alaron fuentes jur¨ªdicas, supone la imputaci¨®n del c¨ªrculo de confianza de Camps en el partido y la Generalitat, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; para garantizar su derecho a la defensa a partir de ahora deber¨¢n ser representados por procurador y defendidos por letrado. Respecto a los supuestos delitos electoral y de falsedad en documento mercantil, los imputados son: Vicente Rambla (vicepresidente primero de la Generalitat); Ricardo Costa (ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y diputado); David Serra (vicesecretario de Organizaci¨®n del PPCV y diputado); Yolanda Garc¨ªa (tesorera del PPCV y diputada); Cristina Ib¨¢?ez (administradora del PPCV); Luis B¨¢rcenas (extesorero del PP nacional), los cabecillas y empleados de la trama, y los gestores de ocho constructoras que presuntamente financiaron ilegalmente actos electorales utilizando a las empresas de la red como veh¨ªculo.

Entre las constructoras, que eran a su vez contratistas de obras millonarias del Ejecutivo de Camps, figura Sedesa, propiedad entonces de la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana. Y el grupo de Enrique Ortiz, imputado tambi¨¦n en el caso Brugal, la trama de la basura de Alicante.

El delito electoral, recogido en el art¨ªculo 149 de la Ley Electoral, se castiga con penas de uno a cuatro a?os de prisi¨®n.

Respecto de los supuestos delitos de cohecho y prevaricaci¨®n en la adjudicaci¨®n de contratos a las empresas de la red corrupta, los imputados son: Rambla; Milagrosa Mart¨ªnez (presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo), y los gestores de la empresa Orange Market (entre ellos ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes).

El TSJV limita su competencia a las adjudicaciones realizadas durante varios a?os a la trama en relaci¨®n con Fitur. El resto de contrataciones presuntamente realizadas de forma irregular por diversas consejer¨ªas, en las que no se ha concretado hasta ahora la participaci¨®n de aforados, son remitidas al Tribunal Superior de Juasticia de Madrid.

Los magistrados no decidieron ayer si los nuevos supuestos delitos asumidos se concentrar¨¢n en una causa o se abrir¨¢n varias, y pidieron a las partes su opini¨®n. Cabr¨ªa tambi¨¦n que se unieran a la causa de los trajes en que est¨¢ imputado Francisco Camps. Los socialistas adelantaron que lo solicitar¨¢n.