El fiscal sostiene que Ortiz pag¨® por datos del PGOU al hermano de Castedo

El promotor Enrique Ortiz podr¨ªa haber pagado, solo en el ejercicio de 2009, una suma de 69.600 euros, al despacho de abogados de Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, por facilitar informaci¨®n privilegiada del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la ciudad, seg¨²n se desprende del sumario del caso Brugal. El familiar de la regidora forma parte del despacho Salvetti Abogados y Consultores, SL, desde 2008, junto al tambi¨¦n abogado urbanista y exconcejal socialista del Ayuntamiento, Javier Guti¨¦rrez.

El informe policial y el fiscal anticorrupci¨®n mantienen que ese despacho actu¨® de puente entre el Ayuntamiento y Ortiz para trasvasar al promotor datos a¨²n no p¨²blicos del tr¨¢mite del planeamiento urbano. La mayor¨ªa de esa supuesta informaci¨®n privilegiada esta relacionada con la compra de suelo en parajes que iban a ser protegidos en el nuevo documento para luego trasvasar la edificabilidad a las ¨¢reas urbanizables.

Su despacho ingres¨® 69.600 euros del empresario, seg¨²n la Agencia Tributaria

El promotor dijo que le sal¨ªa gratis el edil de Urbanismo de Mon¨°ver

Seg¨²n, el fiscal anticorrupci¨®n, y de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, el despacho Salvetti Abogados ingres¨® durante el a?o 2009 un total de 69.600 euros procedentes de la mercantil Deproinmed, SL, una firma participada por Ortiz y Bancaja. "Tal suma podr¨ªa tener relaci¨®n con el asesoramiento y trasvase de informaci¨®n privilegiada en cuanto a la redacci¨®n del PGOU", recoge textualmente la diligencia del fiscal fechada el 14 de abril de 2011 en la que el ministerio p¨²blico solicitaba autorizaci¨®n al magistrado instructor, el titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, para efectuar un registro en la oficina de los dos abogados urbanistas. El registro policial se desarroll¨® cuatro d¨ªas m¨¢s tarde.

En su escrito, el fiscal resalta que Guti¨¦rrez es colaborador externo en la redacci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alicante y sobre Jos¨¦ Luis Castedo dice que hab¨ªa trabajado en los servicios jur¨ªdicos del Servicio Territorial de Ordenaci¨®n del Territorio de Alicante hasta 2008 y "es hermano de Sonia Castedo, m¨¢xima responsable de Urbanismo en Alicante".

El informe policial del caso Brugal incluye varias conversaciones telef¨®nicas que inciden en la presunta informaci¨®n privilegiada y los intereses urban¨ªsticos de Ortiz y su entorno (entre otros, la inmobiliaria de Bancaja que forma sociedad con el promotor en Deproinmed) por parte de Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez. El fiscal recoge que las contrapartidas por esos servicios ser¨ªan un "porcentaje por la gesti¨®n y un fijo en todo" y en contar con ellos en sucesivos trabajos de Ortiz a trav¨¦s de Deproinmed.El bufete de abogados, que regentan el hermano de la alcaldesa, Jos¨¦ Luis Castedo, y el exconcejal socialista Javier Guti¨¦rrez completaba su actividad con el asesoramiento a particulares de alegaciones al nuevo planeamiento con tarifas de 58.000 euros por alegaci¨®n estimada, seg¨²n un caso recogido en sumario de Brugal.

Este caso, primero recogido en las escuchas, y luego denunciado por el afectado ante la polic¨ªa el pasado 13 de abril, fue el promotor Salvador ?gueda, administrador de la firma Imagen Valenciana, SL. Este empresario posee terrenos que iban a ser calificados como no urbanizables en el PGOU. Ante esa posibilidad, el promotor acudi¨® al despacho de Castedo para gestionar una alegaci¨®n. El denunciante asegura que el bufete le prest¨® "consejo acerca de la alegaci¨®n a presentar". En su escrito de denuncia, ?gueda aport¨® una factura de 58.000 euros que acredit¨® haber abonado a Salvetti Abogados "en pago por el servicio de estudio y orientaci¨®n de la alegaci¨®n, consiguiendo que dicha alegaci¨®n fuera estimada", recogen las diligencias. "El concepto plasmado en la factura se ha hecho desvincular del asesoramiento real realizado", a?aden.

Los datos aportados por la Agencia Tributaria respecto al bufete de Castedo reflejan que entre los ingresos percibidos por Salvetti Abogados figuran dos pagos de 58.000 euros cada uno de sendas mercantiles, cuyo administrado y apoderado es Salvador ?gueda.

Por otro lado, el sumario del caso tambi¨¦n refleja el intento de Enrique Ortiz por conseguir llevar a t¨¦rmino un pelotazo urban¨ªstico en Mon¨°ver, para lo que cont¨® con la colaboraci¨®n del alcalde de esta poblaci¨®n, Salvador Poveda, del PP.

El proyecto consist¨ªa en conseguir la adjudicaci¨®n del PAI conocido como Los Mayorazgos, que inclu¨ªa 4.000 viviendas, dos campos de golf y un aer¨®dromo en tres millones de metros cuadrados de suelo recalificado al calor de la LRAU.

El Ayuntamiento adjudic¨® este plan parcial a la empresa Santa Ana, pero estando en exposici¨®n p¨²blica, present¨® una alternativa t¨¦cnica Ortiz Desarrollos Urban¨ªsticos, SL, cuyo representante era Jos¨¦ Gregorio Bernab¨¦, primo del alcalde. Finalmente, Poveda consigui¨® que se le adjudicara a Ortiz, pero un grupo de propietarios del suelo que apoyaban la primera alternativa recurrieron judicialmente la adjudicaci¨®n.

Aunque Ortiz present¨® su proyecto cuando ya hab¨ªa entrado en vigor la nueva Ley Urban¨ªstica Valenciana, pretendi¨® que siguiera tramit¨¢ndose a trav¨¦s de la LRAU porque no exig¨ªa compensaciones de suelo al Consistorio.

Sin embargo, las elecciones de 2007 cambiaron la composici¨®n del Gobierno local y asumi¨® la Concejal¨ªa de Urbanismo Jos¨¦ Gin¨¦s. Uno de sus militantes, propietario de una gran bolsa de suelo en Los Mayorazgos, siempre hab¨ªa defendido la alternativa t¨¦cnica de Santa Ana y Gin¨¦s consigui¨® que Ortiz renunciara a la condici¨®n de agente urbanizador a cambio de constituir la empresa Mon¨®var Futuro, SL, en la que se integraron ambas empresas.

Ortiz se vali¨® de contactos con los abogados de otro PAI conocido como La Boticaria para coordinar sus acciones y evitar que se cambiaran las bases del planeamiento en la revisi¨®n del plan general que impuls¨® el consistorio, lo que hubiera perjudicado notablemente sus intereses.

En una conversaci¨®n que la polic¨ªa capt¨® entre Ortiz y un empleado suyo, el promotor plantea la posibilidad de contactar directamente con "el consejero auton¨®mico" para que influyera ante la comisi¨®n territorial de Urbanismo de Alicante y el PAI pudiera ser aprobado definitivamente.

Seg¨²n la polic¨ªa, en una conversaci¨®n con el alcalde, "el empresario le recrimina que no haya podido resolver los problemas internos del municipio para sacar adelante el proyecto tal cual fue pactado". Y coment¨® la posibilidad de que "le sean devueltos los m¨¢s de dos millones de euros que entreg¨® al Consistorio".

En otra conversaci¨®n con Jos¨¦ Antonio Iniesta, su socio en Mon¨®var Futura, Ortiz llega a decirle, en alusi¨®n al concejal de Urbanismo, que "nos sale gratis".