Una ley pone coto a la obtenci¨®n de datos sin que lo sepa el ciudadano
El proyecto regular¨¢ el rastro electr¨®nico que dejan las etiquetas inteligentes
Las etiquetas inteligentes, esos dispositivos de identificaci¨®n por radiofrecuencia adheridos a prendas de ropa, bolsos o entradas de f¨²tbol, estar¨¢n sujetas a normas para evitar que vulneren el derecho de privacidad de los ciudadanos. Estos peque?os chips llevan incorporados una microemisora de radio que puede facilitar informaci¨®n sobre los gustos y h¨¢bitos de consumo. La tecnolog¨ªa RFID (etiquetas que utilizan el espacio radiol¨¦ctrico) permite almacenar datos personales sin que, en muchos casos, los usuarios sean conscientes de ello.
Ocurre lo mismo con las cookies, una especie de galletas instaladas en los ordenadores que rastrean las p¨¢ginas web que visita un internauta. A partir de esa informaci¨®n es posible trazar su perfil como consumidor. Estas pistas son utilizadas sobre todo por las agencias de publicidad online para suministrar anuncios a medida. Tampoco el usuario es siempre consciente de que sus movimientos en la Red est¨¢n siendo espiados por artilugios que incluso ignora que tiene instalados en su ordenador.
Las empresas deber¨¢n informar "sin dilaci¨®n" de fallos de seguridad
El Gobierno quiere que los datos de car¨¢cter personal captados por estos dos mecanismos, o por cualquier otra tecnolog¨ªa, est¨¦n "mejor protegidos". As¨ª lo refleja la nueva La Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que actualmente se tramita en la Comisi¨®n de Industria del Congreso de los Diputados. El Ejecutivo aprovecha esta norma para adaptar la legislaci¨®n espa?ola a la de la UE. La Comisi¨®n Europea ha dictado una directiva comunitaria sobre privacidad que, en teor¨ªa, todos los Estados miembro deber¨ªan haber adoptado a finales del pasado mes de mayo.
La LGT no cuestiona el uso de los artilugios de almacenamiento y recuperaci¨®n de datos en los equipos terminales de los usuarios, pero impone una condici¨®n: que los internautas den su consentimiento tras haber sido informados de manera "clara y completa" sobre su utilizaci¨®n y los fines del tratamiento de los datos.
Este es un cambio b¨¢sico en la ley. Hasta ahora, para instalar estos dispositivos invisibles solo era necesario que el usuario estuviera informado. Pero la norma, como impone la UE, establece un nuevo r¨¦gimen. Exige que el interesado d¨¦ su autorizaci¨®n y preserva su derecho a oponerse a que se le instalen estos instrumentos. Las coockies act¨²an como verdaderos chivatos de las p¨¢ginas por las que se mueve el usuario y tienen poderosos aliados: los lobbys que representan a la publicidad digital. Organismos como el Interactive Advertising Bureau (IAB) se han movilizado para intentar suavizar las obligaciones de la UE. Dicen que la normativa puede ser un freno a la competitividad.
En su informe sobre el anteproyecto de ley del Gobierno, la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) recordaba que de los cuatro buscadores principales, solo uno bloquea por defecto las cookies de terceros desde el momento en el que se instala al buscador. Los otros tres est¨¢n configurados para aceptar todas las cookies.
La LGT extrema las cautelas sobre el tratamiento y la proyecci¨®n de datos por parte de los operadores y les obliga a informar "sin dilaciones indebidas" a Protecci¨®n de Datos cuando se produzcan fallos de seguridad que puedan dejar al descubierto la privacidad de los usuarios. Si el operador detecta que la violaci¨®n de los datos "pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o un particular" deber¨¢ notificarlo al afectado con la misma rapidez.
Adem¨¢s, los operadores deber¨¢n llevar un inventario de las violaciones de los datos personales y de todos aquellos aspectos relacionados con esas infracciones (sus efectos y las medidas adoptadas para evitar defender al usuario).Por violaci¨®n de datos personales se entiende la violaci¨®n de la seguridad que provoque la destrucci¨®n, accidental o il¨ªcita, la p¨¦rdida, la alteraci¨®n, la revelaci¨®n o el acceso no autorizados de informaci¨®n privada.
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