La 'ley ¨®mnibus' y la vivienda

Los Gobiernos deben proponer cambios legislativos acordes con los programas de las mayor¨ªas que representan, y para ello los Parlamentos debaten p¨²blicamente hasta llegar a los textos definitivos. Incluso cuando las leyes no generan consenso acaban recibiendo, desde dentro del Parlamento y desde la sociedad civil, multitud de enmiendas que evitan excesos y mejoran su aplicabilidad. As¨ª sucedi¨® con la Ley del Derecho a la Vivienda, que entre 2005 y 2008 fue objeto de un debate social intenso y que finalmente fue aprobada con el apoyo de las fuerzas del tripartito. Dijimos entonces que en su articulado se comprueba la huella de miles de aportaciones realizadas por muy diversas organizaciones y colectivos profesionales, sindicales, juveniles, universitarios, empresariales y de consumidores y, por supuesto, por todos los grupos parlamentarios.

"Dado el gran calado de los cambios, proponemos lo que dimos en su d¨ªa: un debate abierto a todos"

El resultado fue una ley alabada por su car¨¢cter ambicioso y renovador en muchos ¨¢mbitos, que incluyen desde la definici¨®n de la funci¨®n social de la vivienda hasta el marco de las pol¨ªticas p¨²blicas que deben mejorar el acceso a este derecho constitucional, pasando por la rehabilitaci¨®n, la intermediaci¨®n, la regulaci¨®n de los apartamentos tur¨ªsticos, los l¨ªmites a la segregaci¨®n espacial, la planificaci¨®n sectorial territorial, la adjudicaci¨®n de la vivienda protegida y muchos otros aspectos que en conjunto respond¨ªan a nuestra intenci¨®n de coger el toro por los cuernos ante el problema que la ciudadan¨ªa percib¨ªa como el m¨¢s grave en esos a?os previos la crisis, as¨ª como poner fin a la pasividad interesada de los poderes p¨²blicos.

La combinaci¨®n de la nueva legislaci¨®n, las modificaciones en la ley de urbanismo y los sucesivos planes por el derecho a la vivienda empez¨® a dar sus resultados, consiguiendo que, a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, se haya multiplicado la promoci¨®n de vivienda social, especialmente en alquiler, y se haya intensificado tanto la rehabilitaci¨®n como la remodelaci¨®n de barrios, as¨ª como que los nuevos planes urban¨ªsticos locales generen un enorme stock de suelo preparado para la promoci¨®n de vivienda protegida. No podemos estar satisfechos de la situaci¨®n, pues el camino por recorrer es todav¨ªa muy largo. Pero las bases para una aut¨¦ntica pol¨ªtica p¨²blica de vivienda existen ya y hoy son estudiadas en nuestras universidades y analizadas y debatidas en diversos foros.

En este contexto, la profunda crisis inmobiliaria y el cambio de una mayor¨ªa progresista a otra conservadora podr¨ªan aconsejar y legitimar cambios en cualquier ley, tambi¨¦n en ¨¦sta, aunque probablemente los cambios debieran hacerse m¨¢s a trav¨¦s de los reglamentos de desarrollo que en la propia ley. Por ejemplo, ya el anterior Gobierno congel¨® la modalidad de vivienda concertada catalana, por estar en muchos casos su precio por encima de los de mercado. Sin embargo, la propuesta de la llamada formalmente Ley de Simplificaci¨®n, Agilidad y Reestructuraci¨®n Administrativa y de Promoci¨®n de la Actividad Econ¨®mica -popularmente ley ¨®mnibus- incluye nada menos que 27 modificaciones y supresiones de art¨ªculos de la Ley del Derecho a la Vivienda, acompa?adas de muchas otras de la ley de urbanismo. Estos cambios se refieren mayoritariamente a aspectos clave de la ley, poco o nada relacionados con la pretendida simplificaci¨®n administrativa.

Nos preocupan especialmente disposiciones que favorecer¨ªan los riesgos siguientes: reducciones en las reservas de suelo para promover vivienda asequible, adjudicaci¨®n libre -y por tanto con m¨¢s que probable dinero negro- de pisos protegidos por parte de promotores privados, mayor segregaci¨®n espacial de las clases menos favorecidas, p¨¦rdida de control p¨²blico sobre los apartamentos tur¨ªsticos, abandono de la consecuci¨®n de un parque estable y prestigiado de vivienda protegida, facilidades formales y temporales a la descalificaci¨®n de la vivienda protegida, desatenci¨®n a la rehabilitaci¨®n como sector clave en la salida de la crisis, reducci¨®n de la vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables, desactivaci¨®n de la planificaci¨®n sectorial, etc¨¦tera.

Como se ve, temas todos ellos de gran calado para los cuales proponemos al Gobierno catal¨¢n ofrecer lo que nosotros ofrecimos en su d¨ªa, un debate abierto a todos: desde los sectores econ¨®micos interesados de mayor o menor poder o los profesionales afectados hasta los indignados de cualquier condici¨®n que llenan no s¨®lo la plaza de Catalunya, sino tambi¨¦n las listas del INEM o de los ERE y, cada d¨ªa m¨¢s, las de impagos de las hipotecas o los alquileres. No podemos volver a cometer los errores del pasado, que dificultaron el ejercicio del derecho a la vivienda y que, tras el estallido de la burbuja, han dejado cinco millones de parados y un pa¨ªs al borde del precipicio. Por favor, debatamos y luego, haya o no acuerdo, que la nueva mayor¨ªa decida.

Dolors Clavell es abogada especialista en pol¨ªtica de vivienda y fue diputada relatora de la Ley del Derecho a la Vivienda. Ricard Fern¨¢ndez es economista y fue secretario de Vivienda entre 2004 y 2006.