Egipto quiere juzgar al empresario junto al expresidente y sus dos hijos
La intenci¨®n era juzgarlo junto a su mentor. La orden internacional de detenci¨®n dictada por los tribunales egipcios contra el empresario Hussein Salem, de 77 a?os, ten¨ªa como objeto sentarlo el pr¨®ximo 3 de agosto en el banquillo junto al expresidente Hosni Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal.
Adem¨¢s de por la presunta estafa en la venta de gas a Israel a precios inferiores a los de mercado, la justicia de su pa¨ªs lo acusa de participar en otros negocios corruptos, estos en el sector inmobiliario, en los que la familia del rais tambi¨¦n habr¨ªa intervenido. Alaa y Gamal habr¨ªan cedido grandes superficies de terrenos estatales para proyectos hoteleros del millonario en Sharm el Sheij. A cambio, Salem les habr¨ªa proporcionado un palacio y varias mansiones en esa misma ciudad tur¨ªstica al borde del Mar Rojo, en la que actualmente permanece detenido a la espera de juicio el exmandatario egipcio.
Salem y Mubarak se conocieron en su juventud, durante su paso por el Ej¨¦rcito en los a?os sesenta. La gran fortuna que despu¨¦s fragu¨® el expresidente egipcio la gener¨®, presuntamente, apoy¨¢ndose en un grupo de grandes empresarios como el detenido el mi¨¦rcoles en Madrid, a los que favoreci¨® con grandes monopolios en ¨¢reas estrat¨¦gicas de la econom¨ªa como la energ¨ªa o las telecomunicaciones.
Lo m¨¢s probable es, sin embargo, que el juicio conjunto de Mubarak y Salem no se celebre. El fiscal general egipcio envi¨® ayer mismo a Espa?a una copia de las investigaciones que se siguen contra el empresario en su pa¨ªs para iniciar el proceso de extradici¨®n. El informe recoge una copia de su pasaporte egipcio y un certificado con todas sus entradas en ese pa¨ªs entre 2005 y 2011. El objetivo es demostrar que mantiene la nacionalidad egipcia, por lo que debe ser juzgado all¨ª.
Pero la decisi¨®n sobre su entrega puede tardar meses. Una vez que se reciba en Espa?a el informe, ser¨¢ una secci¨®n penal de la Audiencia la que decida si lo extradita o no. Su decisi¨®n puede ser recurrida ante el pleno de la Sala. Y la ¨²ltima palabra la tiene el Gobierno.
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