El 15-M de Elche evita un desahucio

M¨¢s de 200 personas del Movimiento 15-M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentraron ayer en Elche para impedir el desahucio de una pareja de jubilados que hab¨ªa avalado a su yerno en 2006. Y lo consiguieron. Al filo del mediod¨ªa acudi¨® al domicilio del matrimonio afectado un abogado de la plataforma con el auto judicial que ordenaba la paralizaci¨®n del desahucio durante un mes para que los embargados y el banco pudieran llegar a un acuerdo. Este caso es un ejemplo paradigm¨¢tico de las consecuencias de la crisis y de la dureza de la legislaci¨®n hipotecaria espa?ola.

En plena onda expansiva del auge inmobiliario, Juan Francisco Ruiz solicit¨® un pr¨¦stamo en el Banco Popular con el que financiar la peque?a empresa constructora que hab¨ªa creado. La entidad le impuso la condici¨®n de aportar un avalista para darle los 60.000 euros que ped¨ªa y los suegros le firmaron con la garant¨ªa de la vivienda en la que residen desde hace 39 a?os.

El banco pretende quedarse por 30.000 euros lo que valor¨® en 115.000

El piso, un sexto sin ascensor, fue tasado en 115.000 euros, as¨ª que el pr¨¦stamo le fue concedido. Pero en 2008, la empresa de Juan Francisco fue engullida por la crisis y dej¨® de pagar las cuotas mensuales al banco, que decidi¨® ejecutar el aval de sus suegros y embargarles la vivienda. Y aquel bien valorado en 115.000 euros pas¨® a ser tasado a efectos de subasta judicial en 60.000. Como no concurri¨® nadie a pujar por ella, el banco se qued¨® la vivienda por el 50% de su valor, es decir, 30.000 euros.

La deuda en 2008 todav¨ªa era de 57.000 euros, a los que ahora hay que sumar las costas judiciales (unos 17.000 euros) y los intereses. Resultado: el banco se queda con la casa y el avalista seguir¨¢ debiendo, aproximadamente, los 60.000 euros que firm¨®.

Y la situaci¨®n se agrava, en tanto que los suegros de Juan Francisco Ruiz, de 66 y 65 a?os, tienen un 65% y un 57% de invalidez reconocida y disponen de una pensi¨®n entre ambos de 380 euros, que les alcanza para sobrevivir a duras penas porque la mayor¨ªa de sus siete hijos tambi¨¦n han sufrido los efectos de la crisis del ladrillo o del calzado.

Francisco Cases y Ana Arce ten¨ªan ayer dos motivos para llorar. Uno era por el miedo a ser desahuciados, aunque ni hab¨ªan recogido sus pertenencias, esperanzados en una soluci¨®n de ¨²ltima hora. El otro, por el apoyo multitudinario que recibieron.

Francisco atendi¨® a los medios sentado, con la pierna en alto y l¨¢grimas en los ojos. Ya le han amputado un dedo del pie por un principio de gangrena que amenaza con una amputaci¨®n a la altura de la rodilla. ?l y su mujer son cristianos. Ana cree que "bastante misericordia ha tenido el se?or con nosotros" y que "por nuestra fe no vendr¨¢n a echarnos".

Pero quien lo ha evitado es el abogado Antonio Palaz¨®n con una querella contra el banco por apropiaci¨®n indebida. Este letrado aboga por que "el juzgador interprete las normas conforme al momento social actual y no a lo que dicte el sistema financiero". Y defiende "la protecci¨®n de derechos fundamentales por encima de las normas procesales". Por eso baj¨® a la calle el d¨ªa 17 de mayo, como un indignado m¨¢s, y decidi¨® sumarse al movimiento con un par de compa?eros de profesi¨®n.