La mayor¨ªa de las asociaciones judiciales, a favor de la propuesta pero con matices

Las asociaciones judiciales tambi¨¦n terciaron en la pol¨¦mica, la mayor¨ªa a favor de la propuesta del consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabr¨¦, aunque con matizaciones. No as¨ª Jueces para la Democracia, que asegur¨® que el copago "no agilizar¨ªa los procedimientos, generar¨ªa desigualdades sociales y tendr¨ªa efectos recaudatorios, pero no de mejora en el tr¨¢mite".

Las personas con elevado patrimonio o empresas "no tendr¨ªan ning¨²n problema en pagar las tasas, pero a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadir¨ªa de la defensa de sus derechos", adujo la asociaci¨®n progresista. El copago en Justicia, servicios sanitarios o educaci¨®n "representa una visi¨®n contraria a los principios esenciales del Estado social y democr¨¢tico de Derecho", critic¨® JpD, que propuso otras medidas para desatascar la Justicia, como la agilizaci¨®n de la reforma de la oficina judicial y una gesti¨®n "m¨¢s adecuada" de los recursos.

A Pablo Llanera, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, le pareci¨® l¨®gico que los gastos sean soportados en mayor medida por los que acuden con mayor frecuencia a los tribunales. Pero con dos limitaciones: que las personas sin recursos puedan acudir a la justicia gratuita y que el gasto sea soportado por los que acudan a los tribunales y no se les d¨¦ la raz¨®n.

Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociaci¨®n de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, record¨® que ya existe una tasa en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa que se podr¨ªa extender al resto. Sexmero argument¨® que la implantaci¨®n de una tasa en la Administraci¨®n de Justicia no ser¨ªa onerosa para los usuarios y contribuir¨ªa a mejorar el servicio.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, tambi¨¦n se?al¨® que no debe descartarse que los usuarios tengan que sufragar una tasa "simb¨®lica" por el servicio, aunque reconoci¨® la dificultad de implantar una tasa en las jurisdicciones penal y social. Por ello, abog¨® por definir en qu¨¦ jurisdicciones y por qu¨¦ actos se exigir¨ªa una tasa que, en su opini¨®n, podr¨ªa suponer una mejora en la calidad de la Justicia.