Mena arrincona a Cleries e impone la l¨ªnea m¨¢s dura en la gesti¨®n de la renta m¨ªnima

El caos de la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (RMI) ha hecho aflorar una lucha soterrada en el seno del Gobierno catal¨¢n, que qued¨® en evidencia el pasado jueves cuando, tras 18 d¨ªas de silencio, los dos consejeros implicados mostraron una actitud diametralmente opuesta. Mientras Josep Llu¨ªs Cleries, de Bienestar Social, se disculp¨® por las molestias ocasionadas a los afectados, Francesc Xavier Mena, de Empresa y Ocupaci¨®n, se mostr¨® desafiante e inclus¨® acus¨® a miles de marroqu¨ªes de estar defraudando con el cobro de la renta m¨ªnima.

La visi¨®n economicista que defiende Mena se ha impuesto a la perspectiva social en la gesti¨®n de las prestaciones a los m¨¢s desfavorecidos. Con el argumento de luchar contra el fraude, Mena ha impuesto revisar todos los expedientes con un breve cuestionario de 11 preguntas -que inquieren sobre cambios en la vida personal, viajes, deudas, movimientos bancarios...- a los 34.000 beneficiarios. Toda esta informaci¨®n ya la recaban los trabajadores sociales que trabajan en la renta m¨ªnima desde los Ayuntamientos, supervisados por Bienestar Social. Son ellos los que siguen caso a caso y deben detectar la posibilidad de fraude. Pero Mena parece no fiarse de ellos y ha ordenado esta revisi¨®n sin precedentes hecha por otros profesionales.

"El trabajo social no es algo que se resuelva con una entrevista de cinco minutos", se quej¨® ayer N¨²ria Carrera, presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes. "El colectivo con el que se trabaja requiere un trabajo a medio y largo plazo, desde el que es posible hacer el mismo control sin estigmatizar a los m¨¢s desfavorecidos", a?adi¨®. Los trabajadores sociales lamentan haber quedado excluidos del este proceso. Su derrota es tambi¨¦n la de Cleries, arrinconado en la gesti¨®n de las ayudas sociales. El 25% de los 34.000 beneficiarios de la ayuda, de la que dependen 110.000 personas, sigue sin cobrar los 420 euros.

"De los 9.000 marroqu¨ªes que cobran la RMI, muchos han vuelto a sus pa¨ªses y siguen cobrando la ayuda", dijo Mena, sin aportar pruebas, el pasado jueves en una entrevista en Catalunya R¨¤dio. Estas acusaciones levantaron ayer la ira de la oposici¨®n y entidades sociales."Es lo que le faltaba al caos de la renta m¨ªnima: un consejero de la Generalitat criminalizando a todo un colectivo. Lo que ha hecho Mena se llama racismo institucional", opin¨® la diputada y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz. La formaci¨®n ecosocialista anunci¨® que pedir¨¢ la reprobaci¨®n del responsable de Empresa y Ocupaci¨®n en el Parlament por sus declaraciones racistas. "El Gobierno ha superado todos los l¨ªmites y ha mostrado desprecio hacia los beneficiarios de la ayuda, trat¨¢ndolos casi como si fueran delincuentes", a?adi¨® Ortiz.

En la misma l¨ªnea se expres¨® el diputado de Esquerra Republicana y exsecretario de Inmigraci¨®n, Oriol Amor¨®s, que calific¨® de "incendiarias" las declaraciones de Mena, a quien replic¨® que "defraudan las personas, no los colectivos".

La diputada del Partit dels Socialistes (PSC), Eva Granados, se expres¨® en la misma l¨ªnea: "Estamos ante una campa?a de persecuci¨®n de los receptores extranjeros del PIRMI" [antiguo nombr de la ayuda de subsistencia]. "Han vinculado fraude e inmigraci¨®n. Eso es generar xenofobia. Los afectados no est¨¢n en T¨¢nger, sino haciendo cola frente a Palau de Mar", lament¨® en alusi¨®n a la sede del Departamento de Bienestar Social.

Granados subray¨® la divisi¨®n interna del Gobierno catal¨¢n y denunci¨® que la gesti¨®n de la renta m¨ªnima se aleja del enfoque social para centrarse en el econ¨®mico. Y cit¨® un ejemplo gr¨¢fico. "Han actuado con prepotencia, despreciando la labor de los trabajadores sociales, que son la autoridad en la materia. Es como si el consejero de Sanidad prescribiera los medicamentos, en lugar de hacerlo el m¨¦dico", ilustr¨® la diputada.

ICV y ERC coincidieron al advertir la peligrosidad de las declaraciones de Mena en un momento de crisis y de creciente xenofobia en Catalu?a. El PP, muy cr¨ªtico con la gesti¨®n de la revisi¨®n de la ayuda, no quiso valorar las declaraciones de Mena hasta su comparecencia, junto a Cleries, en el Parlament el pr¨®ximo viernes.

Los trabajadores del Servicio Catal¨¢n de Ocupaci¨®n, que depende del consejero Mena, efectuar¨¢n, entre agosto y septiembre, las primeras 20.000 revisiones de expedientes. Las entrevistas han comenzado ya. La mayor¨ªa se realizan por las tardes en las oficinas de empleo de la Generalitat.

El alud de cr¨ªticas a Mena tambi¨¦n lleg¨® desde las entidades sociales, en especial las que trabajan contra la xenofobia y a favor de los derechos de los extranjeros. "Son declaraciones muy discriminatorias. Acusar y poner en el foco al colectivo marroqu¨ª abunda en la islamofobia que existe en Catalu?a. Y eso es muy peligroso, porque ya hay partidos que han hecho de esa intolerancia su eje de actuaci¨®n", denunci¨® el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

Lo mismo opina la portavoz de SOS Racismo en Catalu?a, Jose Pe?¨ªn, que acusa a Mena de cometer "una gran irresponsabilidad" por "acusar a un colectivo" y "atizar el odio hacia los inmigrantes". Seg¨²n Pe?¨ªn, esas afirmaciones "legitiman los t¨®picos falsos".

La Federaci¨®n de Entidades Culturales Catalanas de Origen Marroqu¨ª afirm¨® que Mena ha exhibido "un enorme desconocimiento" sobre la situaci¨®n de los marroqu¨ªes que viven en Catalu?a. "No negamos que pueda haber gente que haya marchado y no haya vuelto", pero hay mucha m¨¢s, seg¨²n la federaci¨®n, "que a¨²n no han cobrado el mes de agosto pese a llevar 20 a?os en Catalu?a".

No fue la ¨²nica salida de tono de Mena en sus declaraciones p¨²blicas. El consejero revel¨® que al im¨¢n de Lleida se le hab¨ªa retirado la ayuda porque no cumpl¨ªa los requisitos. El comentario vulnera la propia ley de la renta m¨ªnima, que incorpora un art¨ªculo sobre la protecci¨®n de datos. La norma indica que "las personas y organismos" vinculados a la gesti¨®n de la ayuda "est¨¢n obligados a velar porque se mantenga la reserva sobre los datos confidenciales y la identidad de los destinatarios, con el fin de salvaguardar su derecho a la intimidad".