Nueva maniobra de Camps para evitar su juicio en el TSJ

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, en una nueva maniobra para evitar sentarse en el banquillo y dilatar m¨¢s a¨²n el proceso, quiere ahora que sea el Tribunal Supremo el que le juzgue por la causa de los trajes, incluida en el caso G¨¹rtel e instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ya ha decretado la apertura de juicio oral.

En el ¨²ltimo escrito antes de que el magistrado presidente del tribunal de jurado, Juan Climent, dicte el auto de hechos justiciables y se?ale la fecha de la vista, Camps ha apelado al Estatut de Autonomia, que se?ala que ante actos delictivos cometidos fuera de la Comunidad Valenciana, la responsabilidad penal de los miembros de las Cortes "ser¨¢ exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Camps indica que en el caso "de ser ciertos", los hechos que se le imputan -haber recibido regalos de la trama G¨¹rtel- se habr¨ªan producido en Madrid.

La fiscal¨ªa y la acusaci¨®n aceptan el fallo anticipado para dos imputados

Adem¨¢s, afirma que, seg¨²n la Constituci¨®n, el juez o el tribunal debe de estar predeterminado por la ley, por lo que la elecci¨®n err¨®nea del tribunal anular¨ªa todo el procedimiento, sostiene en su escrito. De ser atendida esta petici¨®n, el caso, despu¨¦s de m¨¢s de dos a?os y de haber pasado por tres ¨®rganos judiciales, habr¨ªa de comenzar de cero. Por lo tanto, el juicio no se celebrar¨ªa antes del 20-N, algo que el PP trata de evitar a toda costa.

El abogado de Camps afirma que el instructor de la causa en el TSJCV, Jos¨¦ Flors, gener¨® "indefensi¨®n" al no determinar de qu¨¦ prendas est¨¢ hablando como posibles regalos o d¨¢divas de la trama al expresidente, ni concret¨® su valoraci¨®n, pese a que estos datos estar¨¢n recogidos en el auto de hechos justiciables. Esta omisi¨®n, alega, determinar¨ªa la vulneraci¨®n de la tutela judicial efectiva.

El letrado esgrime la llamada "doctrina Bono" y alega, en ese sentido, que el Tribunal Supremo establece que el delito no existe en el momento en que hay otras relaciones, aparte de la que se deriva por la condici¨®n de cargo p¨²blico, entre quien realiza el regalo y quien lo recibe.La nueva estrategia jur¨ªdica del expresidente gira alrededor del art¨ªculo 23.3 del Estatut d'Autonomia, que impide la detenci¨®n o retenci¨®n de cargos p¨²blicos aforados por actos delictivos realizados en la Comunidad Valenciana, salvo si son sorprendidos flagrantemente. Si los supuestos delitos se cometieran fuera del territorio valenciano, "la responsabilidad penal ser¨¢ exigible ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

La defensa de Camps ha tardado m¨¢s de dos a?os en darse cuenta de la existencia de este art¨ªculo y ahora solicita la nulidad de todo lo actuado para que sea el Supremo el que realice toda la instrucci¨®n ex novo. La maniobra dilatoria de Camps, caso de ser atendida, retrasar¨¢ la causa hasta despu¨¦s de las elecciones generales del 20-N, que el PP ve ganadas. El expresidente siempre ha sostenido que es v¨ªctima de una maniobra pol¨ªtica orquestada por el Gobierno de Zapatero, con la colaboraci¨®n de polic¨ªas, fiscales y jueces.

El expresidente, adem¨¢s, ha solicitado que, previo al se?alamiento del juicio, se incluya en las diligencias una de las conversaciones intervenidas por la polic¨ªa por orden judicial en la que Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama G¨¹rtel, hablando con su abogado, dice que ¨¦l jam¨¢s pag¨® trajes a Camps. Estas conversaciones, seg¨²n recuerda en su escrito el defensor, no han sido anuladas por ning¨²n tribunal.

Por otra parte, tanto Camps como el ex secretario general del PP Ricardo Costa, imputado en la misma causa, han decidido apoyar la solicitud de V¨ªctor Campos, exvicepresidente del Consell, y Ricardo Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo, en la que estos ¨²ltimos reclaman que se dicte una sentencia anticipada que recoja su aceptaci¨®n del delito de cohecho impropio, por recibir regalos de la trama G¨¹rtel, y de la pena que se les reclamaba, un total de 49.500 euros a cada uno.

Tanto el expresidente como el exsecretario general del PP han mostrado su apoyo a esta solicitud en el escrito de alegaciones. Al igual que Camps y Costa, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la acusaci¨®n popular sostienen que el juez deber¨ªa atender esta petici¨®n y dictar sentencia para estos dos imputados y mantener la celebraci¨®n del juicio para los otros dos.

En el caso de que el juez as¨ª lo determinara, el jurado se encontrar¨ªa con dos cargos del PP, Campos y Betoret, ya condenados, y otros dos, Camps y Costa, defendiendo su inocencia, aunque disponen de plazo hasta el d¨ªa de la celebraci¨®n del juicio para presentar su conformidad con las penas que se les reclaman, asumir el delito y eludir la vista.

En cualquier caso, el jurado dispondr¨¢ de los escritos en los que Campos y Betoret reconocen su culpa, ya que se han unido a las diligencias. Sin embargo, no podr¨¢ contar con su testimonio, ya que, al estar ya condenados, no podr¨ªan declarar como testigos, lo que supondr¨ªa un incomodo menos para la defensa de Camps y Costa.

Cuando el TSJ decidi¨® abrir juicio oral contra los cuatro cargos del PP, ante la presi¨®n social y de la direcci¨®n nacional del PP, todos ellos pactaron presentar escritos en los que reconoc¨ªan su culpabilidad y asum¨ªan la mayor de las penas solicitadas con el fin de evitar el juicio. Pero Camps se ech¨® atr¨¢s en el ¨²ltimo momento y present¨® su dimisi¨®n. Costa tampoco reconoci¨® su culpabilidad, al contrario de lo que hicieron Campos y Betoret.