Investigada una diputada de ICV por autorizar cazas ilegales

El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una investigaci¨®n a la diputada del Congreso N¨²ria Buenaventura, de Iniciativa per Catalunya (ICV), por autorizar la captura de aves con un m¨¦todo ilegal. En julio de 2009, cuando era directora de Medio Natural de la Generalitat con el tripartito, Buenaventura autoriz¨® 3.374 licencias para cazar p¨¢jaros cantores con pegamento. La fiscal¨ªa present¨® una querella por prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas) contra la exdirectora.

El alto tribunal ha asumido el caso porque Buenaventura disfruta de la condici¨®n de aforada desde que sustituy¨® en las Cortes a Joan Herrera, que se present¨® como cabeza de lista de los ecosocialistas en las elecciones auton¨®micas de noviembre. El Supremo a¨²n no ha practicado ninguna diligencia de investigaci¨®n, aunque una de las primeras ser¨¢, probablemente, llamar a declarar a Buenaventura como imputada.

Normativas

En su investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa de Barcelona concluy¨® que el m¨¦todo de captura es "frontalmente contrario" a la normativa europea, estatal y auton¨®mica. De ah¨ª el delito de prevaricaci¨®n. La ex alto cargo concedi¨®, de forma "excepcional", 3.374 licencias para capturar aves usando un pegamento que se obtiene del mu¨¦rdago (vesc, en catal¨¢n) y se aplica a los ¨¢rboles. Cada una de esas capturas permite atrapar una treintena de aves. Las autorizaciones se concedieron para elaborar un "estudio experimental", justific¨® entonces el Departamento de Medio Ambiente, que deb¨ªa averiguar si el sistema de captura era selectivo. El estudio vino a confirmar lo que ya dicen las leyes: que no lo es.

El vesc solo se puede usar con autorizaci¨®n y de forma excepcional; por ejemplo, para que las Administraciones controlen ciertas especies. Los fring¨ªlidos -el jilguero, el pinz¨®n, el verder¨®n y el pardillo, entre otros- son muy valorados por su canto. Los compradores pueden llegar a pagar 3.000 euros por un ejemplar. Algunas especies gozan de especial protecci¨®n.

La Fiscal¨ªa de Barcelona remiti¨® la investigaci¨®n a la del Tribunal Supremo. Ahora, el alto tribunal ha dictado un auto en el que resuelve que, "pudiendo ser los hechos constitutivos de un delito de prevaricaci¨®n" -que el C¨®digo Penal castiga con entre 7 y 10 a?os de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico-, decide "asumir la competencia" de la causa contra Buenaventura.