La amnist¨ªa del impuesto de patrimonio

La Generalitat Valenciana ha decidido no recaudar el impuesto de patrimonio. Cualquier persona podr¨ªa suponer que las arcas p¨²blicas se encuentran bastante sobradas de dinero. Sin embargo, no hay d¨ªa en el que no se anuncien recortes en las prestaciones sociales y en los servicios p¨²blicos. Resulta evidente que buena parte de los derechos sociales solo se pueden garantizar si la Administraci¨®n efect¨²a una inversi¨®n suficiente, con unos fondos obtenidos a trav¨¦s de instrumentos fiscales redistributivos. La amnist¨ªa hacia los sectores m¨¢s acomodados para que no aporten la correspondiente contribuci¨®n y la renuncia a percibir dichos ingresos solo pueden agravar las importantes carencias que cada vez afectan m¨¢s a los derechos de los ciudadanos. Como se?ala Joseph Stiglitz, la generalizaci¨®n de determinadas exenciones fiscales explica muchos desequilibrios presupuestarios.

Nuestras instituciones podr¨ªan permitirse unas prestaciones sociales de mucha m¨¢s entidad

Desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la insuficiencia de medios est¨¢ causando crecientes dilaciones y dificultades en el funcionamiento de los juzgados. Se ha conocido recientemente que el Gobierno auton¨®mico paralizaba la construcci¨®n de 12 sedes judiciales, con el argumento oficial de que "hace falta dinero para otras cosas", a pesar de que estaban incluidas en el plan correspondiente y contaban con asignaci¨®n presupuestaria. Anteriormente, por los mismos motivos, la Administraci¨®n valenciana decidi¨® no poner en marcha 15 nuevos juzgados que ya hab¨ªan sido aprobados, al no disponer de las partidas econ¨®micas, en contraste con los recursos que s¨ª hab¨ªan aportado las otras instituciones competentes. En otros ¨¢mbitos, las deudas a los proveedores dejaron a numerosos juzgados sin medios esenciales, por la suspensi¨®n del suministro de papel o por la interrupci¨®n del servicio de correos. La lista ser¨ªa larga, pero conviene no ignorar el posible colapso del turno de oficio, por el impago a los colegios de abogados. ?C¨®mo vamos a tener una Administraci¨®n de justicia eficiente sin los recursos econ¨®micos necesarios y con la negativa a recaudarlos por parte de la Administraci¨®n valenciana?

Lo mismo cabe repetir de los recortes en materia de salud o de educaci¨®n. O de las insuficiencias para garantizar con criterios sociales el derecho fundamental a la vivienda, ante la dram¨¢tica realidad de decenas de miles de desahuciados. Hemos de recordar que los derechos sociales proclamados en la Constituci¨®n no representan meras declaraciones ret¨®ricas, sino que los mismos delimitan la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos. En los t¨¦rminos de Ferrajoli, la pol¨ªtica tambi¨¦n debe ser un instrumento de actuaci¨®n de las normas constitucionales. No obstante, desde algunas instancias se reitera el discurso de que solo debemos tener el Estado social que nos podamos permitir. Lo cierto es que nuestras instituciones p¨²blicas podr¨ªan permitirse ofrecer unas prestaciones sociales de mucha m¨¢s entidad, equivalentes a las de nuestros vecinos europeos, si no eximieran a los sectores m¨¢s acomodados de su indispensable contribuci¨®n a la sociedad. Los asalariados de nuestro pa¨ªs pagan pr¨¢cticamente el mismo porcentaje de impuestos que los trabajadores suecos, pero aqu¨ª las personas acaudaladas o con elevados ingresos solo ingresan el 20% de lo que tributan sus equivalentes en Suecia. Si el sistema fiscal espa?ol fuera similar al que existe en Alemania, Holanda o los pa¨ªses escandinavos, por estas latitudes no tendr¨ªamos d¨¦ficit y contar¨ªamos con unos servicios p¨²blicos de calidad, as¨ª como disfrutar¨ªamos del Estado social que nos merecemos y que s¨ª podemos permitirnos.

Todas estas razones explican la inquietud que se siente cuando las autoridades valencianas renuncian a aplicar el impuesto de patrimonio y, al mismo tiempo, aseguran que deben practicar recortes en los servicios p¨²blicos, porque no disponen del presupuesto suficiente. El respeto ante dichas decisiones resulta compatible con una comprensible insatisfacci¨®n. El impuesto de patrimonio permitir¨ªa a la Administraci¨®n auton¨®mica un ingreso de 109 millones de euros, que sin duda facilitar¨ªan una mejor dotaci¨®n de las prestaciones sociales. En un pa¨ªs en el que los ricos pagan menos impuestos que los asalariados, parece razonable, oportuno y equitativo que contribuyan fiscalmente quienes cuentan con un patrimonio superior a 700.000 euros. Para no pasar de la amnist¨ªa a la amnesia, podr¨ªa resultar conveniente recordar que el art¨ªculo 31-1 de la Constituci¨®n establece que todos contribuir¨¢n al sostenimiento de los gastos p¨²blicos de acuerdo con su capacidad econ¨®mica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Ximo Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la Comunidad Valenciana.