La reforma de la ley de Cajas sale adelante sin el apoyo de la oposici¨®n

El Parlamento andaluz cumpli¨® ayer con la obligaci¨®n de adaptar la Ley de Cajas de Ahorro a los cambios introducidos en la ley estatal, cuando ya todas las entidades que hab¨ªa en la comunidad vuelan solas y el objetivo de un sistema financiero andaluz potente se ha quedado en un sue?o que nunca ser¨¢. La reforma sali¨® adelante ¨²nicamente con los votos del PSOE, y el rechazo de PP e IU. Los populares creen que la norma es intervencionista, y los izquierdistas, que se les ha entregado las cajas a quienes han propiciado la crisis econ¨®mica: "Banqueros y especuladores".

En este sentido, el portavoz de IU, Jos¨¦ Manuel Mariscal, ironiz¨® respecto a que la C¨¢mara auton¨®mica ha innovado al legislar sobre lo que ya no existe. La reforma abre la puerta a la privatizaci¨®n de estas entidades que pueden emitir cuotas con derecho a voto y ceder el negocio a un banco filial. De hecho, Unicaja, Cajasol y CajaGranada han derivado sus negocios a un banco y se han aliado con entidades de fuera de la comunidad. Ninguno de los planes de fusi¨®n para crear una gran caja andaluza ha prosperado.

La Junta aportar¨¢ 70 millones a un fondo para empresas en crisis, pero viables

Con todo, el consejero de Econom¨ªa, Antonio ?vila, subray¨® que la nueva norma va a reforzar el sector financiero andaluz, ya que su finalidad es fortalecer a las entidades y que el flujo del cr¨¦dito sea la caracter¨ªstica. ?vila descat¨® que la ley profesionaliza los ¨®rganos de gobierno de las cajas y facilita la capitalizaci¨®n, al acceder a recursos financieros en igualdad de condiciones que el resto de las entidades de cr¨¦dito. Adem¨¢s, se reduce la representaci¨®n p¨²blica a un 40% e incrementa en m¨¢s del doble la participaci¨®n de otras organizaciones, como empresarios, sindicatos, econom¨ªa social y consumidores. Tambi¨¦n se fija la necesidad de que las cajas de ahorro for¨¢neas, las que no tienen domicilio en Andaluc¨ªa pero cuentan con oficinas en la comunidad, dediquen una parte de sus beneficios a la obra social, aunque su negocio lo realicen a trav¨¦s de bancos.

Una de las medidas m¨¢s rese?adas es que se limita el salario de los directivos al que percibe el presidente de la Junta (68.981 euros anuales), establece la incompatibilidad entre sueldos y dietas, y se impide las indemnizaciones millonarias por el cese en el cargo, algo que estaba regulados desde 1999.

Seg¨²n el consejero, si esta medida hubiera estado vigente en otras comunidades no se habr¨ªa producido casos tan pol¨¦micos como los de las cajas de Galicia o Valencia. La primera a¨²n no ha adaptado su ley a la normativa b¨¢sica estatal, y no establece l¨ªmites en las retribuciones ni proh¨ªbe las indemnizaciones por cese. La segunda s¨ª ha modificado su legislaci¨®n, prev¨¦ la posibilidad de que perciba un salario el presidente del consejo de administraci¨®n, pero no el resto de los miembros. Respecto a las indemnizaciones por cese, est¨¢n contempladas. Para el caso del director general, es necesaria la autorizaci¨®n del Instituto Valenciano de Finanzas.

Andaluc¨ªa es la comunidad con una legislaci¨®n m¨¢s restrictiva de todas en esta materia. De las tres comunidades que proh¨ªben las indemnizaciones por raz¨®n de cese (tambi¨¦n La Rioja y Cantabria), es la ¨²nica que las impide a todos los miembros de los ¨®rganos de gobierno, el director general y altos directivos

?vila respald¨® la propuesta de la Comisi¨®n Europea sobre el reparto de bonos en funci¨®n de los rendimientos y anunci¨® que la Junta aportar¨¢ 70 millones de euros para crear un fondo de reestructuraci¨®n de empresas que son viables y tienen necesidades transitorias de tesorer¨ªa, una medida que recoge la ley.