La Generalitat negocia con los bancos para forzar la mediaci¨®n en los desahucios

Las reivindicaciones del movimiento 15-M comienzan a dejar poso y no solo en forma de promesas electorales. El Gobierno catal¨¢n anunci¨® ayer que est¨¢ negociando con las principales entidades financieras que trabajan en Catalu?a un convenio para forzar la mediaci¨®n en los casos de amenaza de desahucio. Se trata de evitar que la ¨²nica opci¨®n en caso de impago sea dejar en la calle a los ocupantes de las viviendas. El Gobierno tripartito puso ya en marcha un servicio de mediaci¨®n, Ofideute, que ha conseguido paralizar al menos 260 desahucios, pero se quiere reforzar esta oficina mediante la firma de un convenio con las entidades bancarias.

Se trata de que las personas con problemas para pagar la hipoteca de su vivienda habitual puedan negociar con el banco con la mediaci¨®n de la Generalitat. El objetivo del Gobierno ser¨¢ que la entidad financiera acepte que las familias puedan retrasar los plazos y los periodos de carencia, que los intereses de demora no superen en 2,5 veces el precio del dinero y la daci¨®n en pago o que las familias puedan permanecer en las viviendas en r¨¦gimen de alquiler con opci¨®n a compra.

El portavoz del Gobierno catal¨¢n, Francesc Homs, explic¨® ayer tras la reuni¨®n semanal del Ejecutivo, que se intentar¨¢ establecer un marco com¨²n entre las entidades que operan en Catalu?a para que se avengan a "uno o todos estos criterios". La idea, para las hipotecas ya firmadas, es que los convenios los firmen las entidades con los Departamentos de Econom¨ªa y de Territorio y Sostenibilidad. De Territorio dependen las pol¨ªticas de vivienda y el servicio Ofideute. En el caso de las futuras hipotecas, la Generalitat est¨¢ impulsando la modificaci¨®n del C¨®digo de Consumo de Catalu?a para que quede establecido que el consumidor recibe la informaci¨®n adecuada y completa -la conocida como letra peque?a- y que los intereses de demora no superen en 2,5 el precio del dinero.Homs destac¨® que el Gobierno espera firmar "a principios de enero" y se?al¨® la "buena predisposici¨®n de todos los actores, comenzando por las entidades que operan en Catalu?a". El portavoz se mostr¨® poco confiado en poder obligar a cumplir los criterios a bancos extranjeros o que operan por Internet. Otras fuentes del Gobierno explicaron que las negociaciones con los bancos se encuentran en una "fase inicial".

La firma de este convenio marco agilizar¨ªa el trabajo de Ofideute, que comienza de cero la mediaci¨®n en cada caso. Desde su puesta en marcha hace dos a?os el servicio ha conseguido evitar 259 desahucios, seg¨²n sus responsables. Desde finales de 2009, cuando la puso en marcha el tripartito, ha recibido un total de 700 peticiones de personas que no pod¨ªan pagar los pr¨¦stamos de su vivienda. En el 37% de los casos la mediaci¨®n de la Administraci¨®n con los bancos ha evitado el desahucio.

La soluci¨®n alcanzada tras la negociaci¨®n no ha sido siempre la misma: en algunas ocasiones el banco ha aceptado la daci¨®n en pago (se ha quedado con el piso, a cambio de saldar la deuda, y no solo del 50% de la hipoteca como ocurre habitualmente). En otros casos, ha aceptado una moratoria en el pago de las cuotas o una rebaja de las mensualidades hasta que las familias puedan pagar.

Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en Espa?a se producen 150 desahucios al d¨ªa. En el primer semestre de este a?o un total de 31.995 personas han sido expulsadas de su casa por no poder pagar, una cifra que bate todos los r¨¦cords registrados hasta la fecha.

M¨¢s a largo plazo el Gobierno catal¨¢n espera poder incidir en las condiciones bajo las que se conceden hipotecas para acabar con situaciones que se acercan al fraude o que, como m¨ªnimo, rozan la usura. El Ejecutivo est¨¢ trabajando en la modificaci¨®n del c¨®digo de consumo para obligar a las entidades a informar con m¨¢s concreci¨®n y claridad de las condiciones de retorno de los cr¨¦ditos. Y quieren obligar a que ning¨²n contrato pueda establecer penalizaciones excesivas en caso de retraso en el pago de una o varias cuotas. Concretamente, pretenden que las entidades se comprometan por escrito a no cobrar un inter¨¦s superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero en caso de impago. Con todo, Francesc Homs, admiti¨® ayer que el margen de la Generalitat es "escaso".