?Derechos o concesiones?

Todo parece indicar que estamos en una situaci¨®n de emergencia social. Rozando cinco millones de parados, sin perspectiva de que la cosa vaya a cambiar, con decenas de miles de familias pendientes de la ejecuci¨®n de sus hipotecas y con el constante goteo de personas que se quedan sin prestaci¨®n alguna tras agotar su subsidio de desempleo. Los meses venideros van a ser peores, ya que no hay previsiones de aumento en los ingresos fiscales, no parecen existir fundamentos para que se recupere el consumo y desde la Uni¨®n Europea no se adopta medida alguna que implique cambio en las pol¨ªticas de ajuste del gasto. Las elecciones del 20 de noviembre no van a cambiar nada en ese escenario. En todo caso, las consecuencias pueden ser a¨²n peores, ya que dentro de pocas semanas nos podemos encontrar con que el experimento de erosi¨®n de los derechos que padecemos en Catalu?a se extienda a toda Espa?a.

De seguir as¨ª, estar¨ªamos asistiendo a una modificaci¨®n silenciosa de las bases de convivencia social pactadas

El dirigente democristiano y candidato a diputado Duran Lleida manifest¨® el pasado d¨ªa 17 de octubre en ESADE que "el Estado de bienestar en sus actuales t¨¦rminos es insostenible". Propuso realizar la transici¨®n hacia una indefinida "sociedad del bienestar", en la que, por ejemplo, sin privatizar la sanidad, los poderes p¨²blicos se ocuparan m¨¢s de defender el inter¨¦s general y cedieran la prestaci¨®n concreta de servicios a la iniciativa empresarial. Seg¨²n recogen las agencias de noticias, tras insistir los asistentes para que concretara un poco m¨¢s esas propuestas, Duran afirm¨® con desparpajo: "Si explico mis ideas, perder¨¦ las elecciones".

De hecho, ello concuerda con las pol¨¦micas manifestaciones de Boi Ruiz, consejero de Sanidad de la Generalitat, quien, recordemos, considera la salud "un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado". La campa?a que est¨¢ impulsando la Generalitat sobre la necesaria solidaridad de la sociedad con relaci¨®n al crecimiento de la pobreza entre la poblaci¨®n catalana apunta asimismo a evitar la concentraci¨®n de responsabilidades en la Administraci¨®n y los presupuestos p¨²blicos. Si por una parte se pide solidaridad, por otra se acusa de manera indeterminada, como hizo Artur Mas en la entrevista con Josep Cun¨ª, a quienes "abusan" y ayudan a "colapsar el sistema".

Todo ello parece surgir de un dise?o que mezcla consecuencias de la crisis econ¨®mica con postulados liberales. Y los impactos pueden ser muy significativos en el abanico de derechos sociales conseguidos tras a?os y a?os de reivindicaciones y conflictos. La constitucionalizaci¨®n de los derechos sociales b¨¢sicos (salud, educaci¨®n, pensiones y desempleo) supuso la concreci¨®n de lo que la Constituci¨®n Espa?ola recoge en su art¨ªculo 9.2: "Corresponde a los poderes p¨²blicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (...) sean reales y efectivas; remover los obst¨¢culos que impiden o dificultan su plenitud". Ese enunciado, recogido casi id¨¦nticamente de otras constituciones de la posguerra europea, es el fundamento de las pol¨ªticas de bienestar. Un fundamento que, podemos afirmar, est¨¢ claramente poni¨¦ndose en cuesti¨®n. Una persona tiene un derecho subjetivo cuando re¨²ne los requisitos fijados por la ley que crea y regula tal derecho y las prestaciones correspondientes. Ese derecho no puede estar limitado por la existencia o no de fondos presupuestarios, ya que en ese caso no estar¨ªamos hablando de un derecho, sino de una prestaci¨®n graciable, sometida a los vaivenes de las disponibilidades y prioridades de los presupuestos que cada a?o se aprobaran. De seguir la v¨ªa que se apunta en las declaraciones de dirigentes de CiU y del Gobierno de la Generalitat, estar¨ªamos asistiendo a una modificaci¨®n silenciosa, pero igualmente contundente, de las bases de convivencia social pactadas.

La actual erosi¨®n de los servicios p¨²blicos servir¨ªa para que la alianza interclasista en que se fundamentaron las pol¨ªticas sociales universales se fuera yendo al garete y acab¨¢ramos teniendo unos servicios p¨²blicos ¨²nicamente para aquellos que no pudieran pagarse su salud, su educaci¨®n, sus fondos de pensiones. De afianzarse esa deriva, implicar¨¢ un retroceso hist¨®rico de consecuencias grav¨ªsimas.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la UAB.