"Es importante que Espa?a acepte la nueva carta de derechos sociales"

De la Carta Social Europea, en general, se sabe poco. Por ejemplo, que es un cat¨¢logo al estilo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero centrado en los derechos sociales y econ¨®micos (vivienda, salud, educaci¨®n, la no discriminaci¨®n y la protecci¨®n legal). Que tiene un ¨®rgano encargado de supervisar su cumplimiento, el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Que el presidente del comit¨¦ es Luis Jimena, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universitat de Val¨¨ncia. O que Espa?a ratific¨® el texto original (1961) en el a?o 1980, pero a¨²n no ha suscrito el protocolo de 1995 que reforz¨® las garant¨ªas mediante un sistema de reclamaciones colectivas ni el texto revisado de 1996 que complet¨® el cat¨¢logo de derechos.

Asambleas del 15-M han solicitado que Espa?a se adhiera al nuevo documento

Hace tres semanas, el Consejo de Europa -un organismo integrado por 47 estados y fundado en 1949, antes de la Comunidad Europea- celebr¨® el 50 aniversario de la Carta Social Europea. El CEDS es "la m¨¢xima instancia europea en protecci¨®n de los derechos sociales", explica Jimena en conversaci¨®n con este diario. Y lo es por varios motivos. Tiene capacidad de acci¨®n sobre la "Europa amplia", desde Portugal hasta Turqu¨ªa. Pero, adem¨¢s, en contra de lo que sucede con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que contiene tambi¨¦n un cat¨¢logo de derechos sociales, la Carta Social tiene mecanismos de garant¨ªa, como el recurso de amparo. "Por eso es importante que Espa?a acepte no solo la carta revisada, sino tambi¨¦n el sistema de garant¨ªas consistente en el mecanismo de reclamaciones colectivas, susceptibles de ser formuladas por organizaciones sindicales, empresariales y no gubernamentales de la sociedad civil".

Esta importancia quiz¨¢s se haga a¨²n m¨¢s patente en un momento como el actual, en el que la crisis y las presiones de los poderes econ¨®micos amenazan con lleverse por delante parte de los mecanismos de protecci¨®n social de los que se ha dotado la democracia espa?ola. "Hay un argumento inaceptable seg¨²n el cual los derechos sociales van en consonancia con la situaci¨®n econ¨®mica y, en consecuencia, en ¨¦poca de crisis se podr¨ªa y deber¨ªa reducirlos", comenta Jimena. "?Pero qu¨¦ derechos no tienen un soporte econ¨®mico?", se pregunta. El presidente del CEDS pone el ejemplo del derecho al voto, que lleva aparejado un gasto vinculado a garantizarlo (confecci¨®n de censos, organizaci¨®n de colegios electorales, voto electr¨®nico...). O la tutela judicial efectiva: "?Cu¨¢nto dinero cuesta mantener el sistema judicial? Mucho m¨¢s que las prestaciones sociales".

La Carta Social Europea se divide en cuatro bloques: empleo e igualdad de oportunidades; seguridad y protecci¨®n social; derechos laborales; y derechos relacionados con personas vulnerables. Este ¨²ltimo apartado est¨¢ incluido en la modificaci¨®n que Espa?a no ha ratificado. A pesar de ello, el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales tiene capacidad de tomar decisiones vinculantes. Un ejemplo de ello es lo sucedido con Espa?a en 1990. La Ley Org¨¢nica de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE) elev¨® la edad de educaci¨®n obligatoria a los 16 despu¨¦s de que el CEDS estableciera que en Espa?a hab¨ªa un desfase de dos a?os entre la edad m¨¢xima de educaci¨®n obligatoria (14 a?os) y la m¨ªnima para trabajar (16 a?os). Recientemente, un estudio sobre la aplicaci¨®n de la renta m¨ªnima garantizada ha comprobado que solo el Pa¨ªs Vasco cumple con la paga m¨ªnima (60% del umbral de pobreza fijado por Eurostat).

El presidente del comit¨¦ insiste en que en los tiempos que corren es especialmente relevante difundir la actividad del organismo que representa. Ya hay quien ha asumido esta tesis. Por ejemplo, el 15-M. En la p¨¢gina web de la acampada Salamanca se propone la aceptaci¨®n por parte de Espa?a de la carta social reformada (1996) y del protocolo de reclamaciones colectivas (1995) con el fin de reforzar las herramientas jur¨ªdicas "para el control de las pol¨ªticas regresivas adoptadas por los gobiernos desde hoy y para el futuro".