Recortes pol¨ªticos, sinalagma imperfecto

Estamos en tiempos de recortes y los pol¨ªticos no quieren presentarse ante sus potenciales electores armados de un hacha y una motosierra. Se puede eludir la crudeza de la palabra recorte envolvi¨¦ndola bajo formas, menos incisivas. Hablemos de ajuste, austeridad, equilibrio contable o acudamos a la met¨¢fora del adelgazamiento que incluso resulta saludable.

El campo donde aplicar los recortes es amplio y los pol¨ªticos que manejan los instrumentos cortantes tienen ante s¨ª el dilema de elegir y la obligaci¨®n de explicar convincentemente los motivos de las amputaciones y, sobre todo, predicar con el ejemplo si no quieren desatar las cr¨ªticas y el rechazo de los ciudadanos.

Los recortes parecen inevitables, pero las decisiones arrogantes, son perfectamente evitables. Nuestros pol¨ªticos carecen de reflejos. En Catalu?a anuncian la reducci¨®n de la paga de Navidad al sector sanitario, provocan la reacci¨®n de los afectados y al mes anuncian que ellos tambi¨¦n se privan generosamente de ella. Haber comenzado por ah¨ª. En Galicia se responde tarde al esc¨¢ndalo de los directivos de la caja que se fijan, quiz¨¢ por derecho divino, sumas ingentes en indemnizaciones, seguros, rentas vitalicias y otras prebendas.

Es necesario reajustar el n¨²mero de funcionarios, pero sin merma de las prestaciones b¨¢sicas

Por fin, cuando el tema ya est¨¢ en la calle, se plantean la posibilidad de hacer recortes en la sobredimensionada organizaci¨®n estructural del Estado. Las propuestas del PSOE y el PP me parecen improvisadas. En mi opini¨®n se deben distinguir los recortes en las Administraciones p¨²blicas y la reorganizaci¨®n de las instituciones del Estado.

La Administraci¨®n proporciona a los ciudadanos servicios de inter¨¦s general, lo que obliga a reflexionar profundamente sobre cu¨¢les podr¨ªan ser reducidos.

Los ¨®rganos representativos de la estructura institucional del Estado deben ser ajustados. La propuesta que, en este sentido, formula el Partido Popular no me parece acertada. El Congreso, seg¨²n la Constituci¨®n debe estar compuesto por un m¨ªnimo de 300 y un m¨¢ximo de 400 diputados. La Ley Electoral los fij¨® en 350 y la cifra se ha mantenido. Si se suprimen 50 como se apunta por este partido, nuestro sistema electoral nos llevar¨ªa a un bipartidismo todav¨ªa m¨¢s exclusivista. Desde mi punto de vista, una forma de corregir nuestro alarmante d¨¦ficit de pluralismo, pasa por elevar el n¨²mero de diputados a 400. Si a ello a?adimos una reforma profunda de la Ley Electoral para buscar una verdadera proporcionalidad se atenuar¨ªan los efectos perversos del bipartidismo actual.

El Senado siempre fue un ¨®rgano controvertido. Desde sus inicios tuvo sus detractores y algunos proponen su eliminaci¨®n. La mayor¨ªa coincide en que hay que convertirlo en C¨¢mara de representaci¨®n auton¨®mica o territorial. En todo caso, creo que este debate debe seguir cauces distintos, sin descartar el estudio de su posible adelgazamiento.

La regla que preside la determinaci¨®n del n¨²mero de parlamentarios auton¨®micos se recoge en todos los estatutos. Su composici¨®n no obedece a segmentos de poblaci¨®n sino a la b¨²squeda de la representaci¨®n adecuada de los territorios. Siguiendo el esquema constitucional los estatutos marcan un m¨ªnimo y un m¨¢ximo de parlamentarios. Me parece perfectamente compatible este prop¨®sito con la necesaria reducci¨®n de su n¨²mero. La Rioja ofrece el ejemplo m¨¢s llamativo. Con una poblaci¨®n de 322.000 habitantes tiene 33 parlamentarios (m¨ªnimo 32 y m¨¢ximo 40). ?De verdad alguien quiere sostener, sin sonrojo, que la producci¨®n legislativa de la comunidad requiere tal n¨²mero de parlamentarios?

La diferencia de extensi¨®n territorial entre las diversas comunidades aut¨®nomas es notoria, tanto en habitantes como en kil¨®metros cuadrados. Andaluc¨ªa tiene la mayor extensi¨®n territorial y el m¨¢s importante contingente de poblaci¨®n. Hay comunidades de amplia superficie y escasa densidad de habitantes, como Castilla y Le¨®n y Castilla-La Mancha. Coexisten con las uniprovinciales. Todas ellas, salvo Madrid, tienen una extensi¨®n m¨¢s reducida y menos habitantes.

En estos momentos el n¨²mero total de parlamentarios auton¨®micos es de 1.218. Como es l¨®gico esta suma debe ser desglosada. Resulta necesario reducir el n¨²mero pero sin caer en la simpleza de aplicar un porcentaje reductor igual para todas las autonom¨ªas. Es necesario examinar caso por caso para adaptarse a las necesidades reales, soportables por el erario p¨²blico. En el escal¨®n inmediato, las Diputaciones Provinciales necesitan un estudio detallado para encajar sus funciones en otros ¨®rganos ya existentes. Sin salirnos del ¨¢mbito auton¨®mico la existencia de unos costos¨ªsimos Consejos Consultivos integrados por un n¨²mero de altos cargos absolutamente innecesarios, dotados de unos gastos suntuarios injustificables, plantea la necesidad de suprimirlos.

Finalmente el n¨²mero de concejales en un pa¨ªs con m¨¢s de 8.000 Ayuntamientos necesita una revisi¨®n. Me preocupa que la decisi¨®n sea indiscriminada. Me opongo a la reducci¨®n de los concejales de los pueblos de menos de 1.000 habitantes. Los que ostentan el cargo no cobran nada y son un factor de integraci¨®n del pueblo en los asuntos de su inter¨¦s. En el resto habr¨¢ que buscar f¨®rmulas adecuadas a sus necesidades.

Al final, la operaci¨®n resulta econ¨®micamente rentable y pol¨ªticamente ejemplarizante. Es posible que la suma alcanzada con los recortes no resulte significativa, pero me parece pedag¨®gica e inaplazable. Y por favor, ?dejad en paz al loro y su chocolate!

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn fue magistrado del Tribunal Supremo y es comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas (Ginebra).