Algunas infraestructuras realizadas "no tienen justificaci¨®n econ¨®mica"
Tres acad¨¦micos dialogan en la Fundaci¨® Ernest Lluch sobre inversiones
La planificaci¨®n de infraestructuras en Espa?a no resiste un an¨¢lisis riguroso, coincidieron ayer tres acad¨¦micos valencianos reunidos por la Fundaci¨® Ernest Lluch para debatir sobre di¨¢logo territorial, competitividad y financiaci¨®n de obras p¨²blicas. "No hay justificaci¨®n econ¨®mica para algunas costosas inversiones realizadas", defendi¨® Joan Romero, catedr¨¢tico de Geograf¨ªa Humana de la Universitat de Val¨¨ncia. El catedr¨¢tico puso de ejemplo el AVE o algunos aeropuertos como el de Ciudad Real.
Para Romero resulta ins¨®lito que en un pa¨ªs de corte federal como Espa?a, en el que las competencias de ordenaci¨®n del territorio residen en las comunidades aut¨®nomas, las decisiones sobre las infraestructuras se tomen desde el centro. "Ni la econom¨ªa ni la geograf¨ªa se han tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones", dijo tras corroborar que han sobrado "desconfianzas" y faltado "lealtad institucional" entre los Gobiernos auton¨®micos y el Gobierno central para pactar esa planificaci¨®n. "La estrategia pol¨ªtica de la polarizaci¨®n, en la que han ca¨ªdo los dos grandes partidos, es electoralmente rentable pero devastadora", sentenci¨®.
A modo de ejemplo, Romero puso de ejemplo lo ocurrido con el plan estatal de infraestructuras de 2005, con una inversi¨®n prevista superior a los 200.000 millones de euros. Los responsables auton¨®micos se enteraron del contenido media hora antes que el resto del pa¨ªs, explic¨® el acad¨¦mico.
Francisco P¨¦rez, catedr¨¢tico de An¨¢lisis Econ¨®mico y director de investigaci¨®n del IVIE, a?adi¨® que la falta de cooperaci¨®n entre instituciones tiene consecuencias graves por dos cuestiones: porque estas inversiones afectan a la eficiencia del gasto p¨²blico y a la capacidad de crecer de las econom¨ªas.
P¨¦rez apunt¨® que Espa?a ha acumulado en las ¨²ltimas d¨¦cadas stock de capital p¨²blico y privado a ritmo asi¨¢tico, es decir, muy deprisa, y mucho de este activo ha sido improductivo, no se le ha sacado el partido que debiera. No ha generado el valor a?adido que se esperaba, defendi¨®.
El AVE no soportar¨ªa un an¨¢lisis de coste en relaci¨®n al beneficio, si bien, "en este pa¨ªs se ha instalado la agobiante perspectiva del corto plazo, y el valor a?adido es algo que solo se puede valorar a largo plazo" concluy¨® P¨¦rez.
La UE pide transportes sostenibles
Pedro Coca, profesor titular de la Universitat Polit¨¦cnica de Val¨¨nica, subray¨® que la Uni¨®n Europea est¨¢ exigiendo a sus pa¨ªses miembros que hagan un transporte sostenible e interoperable "y para eso hace falta mucho di¨¢logo entre territorios".
Coca puso sobre la mesa el problema que supone el que esos pa¨ªses o territorios inviertan en infraestructuras para atraer a las empresas. "Luego nos encontramos con que no hay reciprocidad en ese pacto. Aqu¨ª nadie asegura nada", dijo. Seg¨²n Coca, ensamblar un disco duro en Tailandia requiere de 47 componentes de 11 pa¨ªses distintos. Y los costes log¨ªsticos superan ya a los de mano de obra, de ah¨ª que las empresas exijan infraestructuras de transporte competitivas para no deslocalizar su producci¨®n. Coca abog¨® por los compromisos bilaterales.
Luego cit¨® un estudio que coloca a Espa?a -en una lista de unos 150 pa¨ªses- en el puesto 12 en dotaci¨®n de infraestructuras, y en puestos mucho m¨¢s retrasados en relaciones laborales y log¨ªstica. "A lo mejor es hora de desviar la inversi¨®n a otros cometidos", agreg¨® Coca, en alusi¨®n a la cualificaci¨®n de los recursos humanos o a la investigaci¨®n y el desarrollo.
"Hemos hecho muchas infraestructuras con criterios pol¨ªticos, pero tampoco podemos irnos al otro lado. Tenemos que encontrar un equilibrio", dijo.
Un juez obliga a Orihuela a pagar 7,5 millones por el concurso de basuras
El Ayuntamiento de Orihuela, integrado por el PSPV, Los Verdes y el Centro Renovador Liberal, tendr¨¢ que hacer frente a una indemnizaci¨®n de 7,5 millones por dejar desierto el concurso de la basura del municipio. La indemnizaci¨®n deber¨¢ pagarse a Urbaser, una de las firmas que se present¨® al concurso que declar¨® desierto el anterior equipo de gobierno, liderado entonces por M¨®nica Lorente, del PP. Una sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, obliga al Consistorio a adjudicarle a Urbaser la contrata o a pagarle 7,5 millones.
Ayer, al conocerse la indemnizaci¨®n a la que tendr¨¢n que hacer frente las arcas del municipio, el equipo de gobierno asegur¨® que pedir¨¢ a los "responsables directos" que paguen la indemnizaci¨®n. "El Ayuntamiento se va a defender con u?as y dientes para conseguir que al final la sentencia sea lo m¨¢s beneficiosa posible", explic¨® la concejal de Contrataci¨®n, Asunci¨®n Mayoral. La edil tambi¨¦n asegur¨® que los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento intentar¨¢n "en ¨²ltima instancia que todos y cada uno de los concejales del anterior equipo de gobierno tengan que pagar con su patrimonio la indemnizaci¨®n que debe pagar el Ayuntamiento".
El fallo judicial refiere al acuerdo de la junta de gobierno de declarar nulo el citado contrato. La decisi¨®n fue ratificada en el pleno del 19 de diciembre de 2007. El TSJ ratific¨® una sentencia del juzgado n¨²mero 1 de Elche a ra¨ªz de que Urbaser, una de las firmas que aspiraban a adjudicarse el concurso, presentara un recurso. La exalcaldesa oriolana M¨®nica Lorente, del PP, declar¨® desierto el concurso despu¨¦s del esc¨¢ndalo de un supuesto soborno de Urbaser por el contrato, contenido en una conversaci¨®n grabada entre el empresario ?ngel Fenoll y un exconcejal del Centro Liberal. La cinta dio origen al caso Brugal.
Lorente retom¨® el contrato con un nuevo pliego y el servicio se adjudic¨® a la UTE Sufi, Liarus y Gobancanst en octubre de 2008.
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