Farjas culpa al Gobierno central del bloqueo de las tarjetas sanitarias
Trabajo afirma que la Xunta no firm¨® un acuerdo para garantizar la cobertura
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, no solo insisti¨® ayer, reiteradamente, en rebotar al Ministerio de Trabajo la responsabilidad en las limitaciones de acceso a la tarjeta sanitaria para personas sin recursos, sino que presumi¨® de anticipar en cuatro meses -a trav¨¦s de la orden de su conseller¨ªa, de 5 de septiembre- las garant¨ªas de cobertura sanitaria para ese colectivo, cuando es precisamente la orden de la conseller¨ªa la que establece nuevos requisitos para renovar la tarjeta. "La Xunta garantiza la asistencia a todos los gallegos", afirm¨® ella hasta la saciedad, y tambi¨¦n el presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o.
"El INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo] es el que da de baja la tarjeta en la Seguridad Social", adujo Feij¨®o, al tiempo de anunciar que la conselleira estaba dando "cumplida respuesta", con acreditaci¨®n documental, en el Parlamento. Nadie dir¨ªa que fue as¨ª. Farjas se limit¨® a se?alar que su orden de septiembre recoge los requerimientos fijados por el INSS para los parados que han agotado todas las prestaciones y para las personas sin recursos y que es ese organismo el que deja a 300.000 personas sin cobertura hasta el 1 de enero.
Sanidade garantiza las prestaciones "a todos los gallegos" como singularidad
Lo cierto es que el INSS reconoce que, desde 1989, a los parados que acababan las prestaciones por desempleo se les retiraba la cartilla y se les induc¨ªa a obtener la cobertura sanitaria incluy¨¦ndose en la de un familiar. Las comunidades aut¨®nomas -Navarra, por ejemplo- asum¨ªan ese coste, irrelevante en circunstancias normales, pero que la crisis ha engordado con el aumento del paro. Ahora, con la reforma de la Ley General de Salud P¨²blica, el Estado asume el coste sanitario de ese colectivo de parados -m¨¢s los de otros colectivos, como los de abogados o arquitectos, hasta llegar a las 300.000 personas- y, seg¨²n Trabajo, se ha ofrecido a las comunidades aut¨®nomas un convenio para agilizar la asistencia a los mismos, de modo que cuando un paciente acuda a un centro de salud, la tramitaci¨®n para acceder a la cobertura sanitaria sea lo m¨¢s corta posible.
El Sergas, sin embargo, asegura que nunca ha tenido conocimiento de ese convenio, y Farjas se remiti¨® ayer a otro anterior, de 2010, que permite al Sergas el acceso a la base de datos del INSS. Es m¨¢s, la gerente del Sergas, Roc¨ªo Mosquera, envi¨® una carta al ministerio acus¨¢ndole de difundir informaciones falsas.
Hasta la orden de septiembre de Sanidade, el tr¨¢mite para acceder a las prestaciones sanitarias de las personas sin recursos era autom¨¢tico e inmediato. Ahora, seg¨²n el protocolo de la orden, precisa de dos a tres meses de tramitaci¨®n en un proceso burocr¨¢tico que incluye hasta la declaraci¨®n de la renta. "En Espa?a nadie tiene que decir lo que cobra para recibir asistencia sanitaria", record¨® r el socialista Modesto Pose a la conselleira en el Parlamento. Ella insisti¨® en acusar al Gobierno de excluir a 300.000 personas de la cobertura.
Con todo, las unidades que expiden las tarjetas recibieron ayer orden verbal de obviar el "compromiso de pago" por la asistencia que el protocolo exig¨ªa a personas sin recursos que no dispongan de la tarjeta.
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