El Supremo entierra la Ciudadan¨ªa en ingl¨¦s de Camps

La justicia entierra finalmente la orden del expresidente de la Generalitat Francisco Camps que obligaba a traducir al ingl¨¦s la materia de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa con la intenci¨®n de dificultar su implantaci¨®n en las aulas valencianas, atendiendo al boicot de los grupos ultracat¨®licos que se declararon "objetores" de esta materia sobre los derechos humanos. El Tribunal Supremo ha fallado en contra del recurso de casaci¨®n interpuesto por la Generalitat contra la sentencia del 24 de julio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que daba la raz¨®n a CC OO, y obliga adem¨¢s a la Generalitat a pagar las costas del juicio.

La Generalitat sufri¨® el primer varapalo judicial hace dos a?os, cuando el TSJ decret¨® la "nulidad" de los principales art¨ªculos que daban cuerpo a la pol¨¦mica orden de Camps. Entre ellos, la obligatoriedad de traducir al ingl¨¦s las clases y la objeci¨®n de conciencia que exim¨ªa a los alumnos que los solicitaran de estudiar el temario completo de esta materia obligatoria y puntuable.

El fallo del Supremo, del pasado 16 de noviembre, hunde la pretensi¨®n del exconsejero de Educaci¨®n, Alejandro Font de Mora, de recurrir hasta el final la sentencia del TSJ que tumb¨® la orden valenciana. El PP y el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han manifestado su intenci¨®n de suprimir la materia del sistema educativo espa?ol, pese a que se imparte en toda Europa.

La ocurrencia de Camps de poner traductores junto a los profesores de Filosof¨ªa y de Historia (que son a quienes la ley de educaci¨®n asigna para impartir esta materia), gener¨® desde su anuncio en 2007 un enfrentamiento y una fractura con todos los sectores educativos que todav¨ªa trata de cerrar el Consell de Alberto Fabra, que sucedi¨® a Camps en julio tras su dimisi¨®n por el caso de los trajes, por el que est¨¢ siendo juzgado.

La pol¨¦mica orden de Francisco Camps, que obligaba a traducir la materia de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa al ingl¨¦s (sin tener los profesores necesarios ni el alumnado el nivel para seguir una clase en esta lengua), ha sido tumbada en todos los tribunales donde ha sido recurrida. Primero, mediante la suspensi¨®n cautelar de determinados art¨ªculos en 2008, despu¨¦s mediante la nulidad en 2009 y finalmente con la imposibilidad de aceptar el recurso de casaci¨®n interpuesto por la Generalitat en 2011.

La federaci¨®n de ense?anza de CC OO advirti¨® al entonces consejero de Educaci¨®n, Alejandro Font de Mora, de la "improcedencia de ampararse en el recurso de casaci¨®n", debido a que la orden hab¨ªa sido aprobada por el pleno del Gobierno valenciano. Es decir, que la orden anulada previamente por el TSJ era "no solo una decisi¨®n normativa de ¨¢mbito auton¨®mico, sino que proced¨ªa de una decisi¨®n pol¨ªtica de la Generalitat y como tal no pod¨ªa compararse con otra comunidad aut¨®noma ni pedir la casaci¨®n con otro marco legal estatal". Y as¨ª ha ocurrido.

"Interponer un recurso improcedente es irresponsable desde un punto de vista pol¨ªtico. Solamente servir¨¢ para dejar en entredicho la eficacia del sistema educativo valenciano y la pol¨ªtica educativa de Francisco Camps", aventur¨® entonces CC OO.

El "descontrol" que introdujo esta norma ?considerada por todos los estamentos educativos como una simple "pretensi¨®n de imponer una ideolog¨ªa personal al conjunto de la ciudadan¨ªa por encima de los derechos legales" de los alumnos? se estamp¨® contra la imposibilidad de ser aplicada por parte de la propia Consejer¨ªa de Educaci¨®n.

Durante dos cursos, Educaci¨®n envi¨® inspectores a los institutos para comprobar si la asignatura se estaba traduciendo al ingl¨¦s. La consejer¨ªa edit¨® en ingl¨¦s unos materiales alternativos que, pr¨¢cticamente, ning¨²n centro adopt¨® y, adem¨¢s, se vio obligada, tras la suspensi¨®n cautelar decretada por el TSJ en 2008, a paralizar la objeci¨®n de conciencia.

A¨²n as¨ª el Gobierno de Camps y el consejero Font de Mora emprendieron una cruzada que dur¨® casi dos cursos y culmin¨® con uno de los cap¨ªtulos de la pol¨ªtica educativa m¨¢s contestados de la democracia. Las huelgas, manifestaciones y encierros se sucedieron sin tregua, dejando una fractura social que la actual Administraci¨®n busca rehacer mediante una oferta abierta de "di¨¢logo" y "consenso".