El fiscal del 'caso Astapa' recuerda a la Junta que debe aportar peritos

La Junta de Andaluc¨ªa no puede seguir neg¨¢ndose a aportar t¨¦cnicos para agilizar la voluminosa instrucci¨®n del caso Astapa, que investiga una supuesta trama de corrupci¨®n en el Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga). El fiscal Anticorrupci¨®n Valent¨ªn Bueno ha advertido en uno de sus ¨²ltimos escritos que la negativa a hacerlo es "inasumible" porque la legislaci¨®n obliga a las entidades p¨²blicas a colaborar con los jueces y tribunales durante los procesos.

El juez Jes¨²s Torres, encargado del caso, solicit¨® la ayuda de los t¨¦cnicos de la Consejer¨ªa de Hacienda en agosto. Los reclamaba para examinar las valoraciones de ocho convenios urban¨ªsticos bajo sospecha.

Su petici¨®n se deneg¨® ampar¨¢ndose en un apartado del art¨ªculo 95 de la Ley General Tributaria que acota la colaboraci¨®n con jueces y tribunales a las resoluciones judiciales firmes. Anticorrupci¨®n no ha aceptado la negativa como respuesta y eleva el tono de la petici¨®n de un grupo de t¨¦cnicos especializados para poder abordar con garant¨ªas los estudios de la enorme cantidad de documentaci¨®n urban¨ªstica que se maneja en este caso.La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha contraatacado insistiendo al juzgado que deben reclamar esos t¨¦cnicos de nuevo, sobre todo, por el "retraso" que acumula el apartado del caso que examina los convenios urban¨ªsticos suscritos en la ciudad, y entre los que se incluyen los acuerdos conocidos como Lamibra, Bah¨ªa de Estepona, Parque Central, Finca La Lobilla, Vistamar, El Rodeo, Arroyo Vaquero y La Galera.

Esos funcionarios, explica el fiscal, deben estar especializados en realizar valoraciones inmobiliarias, y al menos uno de ellos debe ser arquitecto. "Est¨¢ plenamente justificado el requerimiento a la Administraci¨®n tributaria de Andaluc¨ªa, por ser la que gestiona el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y dispone de un cuerpo t¨¦cnico de funcionarios especializados en valoraciones inmobiliarias", explica el ministerio p¨²blico.

En el escrito, del 28 de noviembre, el fiscal Bueno da un repaso a la legislaci¨®n que obliga a la Administraci¨®n andaluza a echar una mano en este complejo caso que acumula 99 implicados tras cuatro a?os de compleja instrucci¨®n. Para empezar, subraya que el deber de cooperaci¨®n "general" de las Administraciones p¨²blicas, entre la que se incluye la andaluza, viene contemplado en la Ley ?rg¨¢nica del Poder Judicial, y que no solo afecta a las resoluciones judiciales, sino a todo "el curso del proceso".

Bueno a?ade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "obliga a todos a acudir al llamamiento judicial para desempe?ar el servicio pericial" y recuerda que el incumplimiento se sanciona "con medidas pecuniarias y legales". En ¨²ltimo lugar recurre a la Ley General Tributaria, que la Administraci¨®n andaluza utiliz¨® como argumento para desestimar la primera petici¨®n judicial de ayuda, y se detiene al comienzo del art¨ªculo 95, el mismo que citaba la Junta, del que destaca "la obligaci¨®n de toda Administraci¨®n tributaria de colaborar con los ¨®rganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigaci¨®n y persecuci¨®n de delitos".

En una investigaci¨®n tan compleja, el papel de los peritos judiciales es clave. Tras cuatro meses de espera, el juez instructor Torres ha conseguido que la Agencia Tributaria designe a un interventor para que revise siete contratos de obras y servicios adjudicados por el Consistorio esteponero entre 2003 y 2008. La petici¨®n se curs¨® al Ministerio de Hacienda el pasado agosto. Cinco meses despu¨¦s, el 2 de diciembre, la polic¨ªa remiti¨® al juzgado toda la documentaci¨®n para que el t¨¦cnico comenzara a trabajar. Entre las siete concesiones administrativas hay dos contratos de adjudicaci¨®n del dep¨®sito de veh¨ªculos y gr¨²a municipal, otro de recogida de basuras y la construcci¨®n y gesti¨®n del aparcamiento Zapallito. Tambi¨¦n se incluyen en este lote los expedientes de una serie de obras, como la reforma del Palacio de Congresos esteponero, la modificaci¨®n de la Avenida Puerta del Mar, y otras contrataciones menores; adem¨¢s de la organizaci¨®n del II Congreso Mundial de Noticias, celebrado en octubre de 2007.