El ocaso democr¨¢tico

Una de las tantas paradojas actuales es que mientras en la periferia muchas sociedades y Gobiernos intentan ampliar los derechos ciudadanos, en varios pa¨ªses centrales se pretende desvertebrar el Estado de derecho. En Am¨¦rica Latina y, en tiempos recientes, en Oriente Pr¨®ximo y el norte de ?frica con la llamada primavera ¨¢rabe, se observan impulsos y logros importantes en el reclamo y la extensi¨®n de derechos y garant¨ªas de diverso tipo. Inversamente, en pa¨ªses clave de Occidente, y desde el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos se denota un esfuerzo desde el Ejecutivo y el Legislativo (y con pocas limitaciones por parte del Poder Judicial) de recortar y suprimir derechos alcanzados con enorme esfuerzo colectivo. Con el presunto objetivo de proteger la seguridad nacional en Estados Unidos se ha gestado una compleja estructura jur¨ªdica, burocr¨¢tica e institucional c¨ªvico-militar que ha configurado de hecho una condici¨®n de inseguridad permanente; meta que al parecer ha logrado alcanzar el terrorismo transnacional a una d¨¦cada de los atentados en Nueva York, Washington y Filadelfia.

La poslegalidad tiende a imponerse: el derecho interno e internacional se manipula

La CIA es la encargada del sistema de lanzamiento de los 'drones'

En ese contexto, la poslegalidad tiende a imponerse: se trata de una situaci¨®n en la que el derecho interno e internacional se manipula, se desconoce o se quiebra a expensas de un bifronte Estado gendarme que opera con escasa rendici¨®n de cuentas hacia adentro y con excesivo despliegue militar hacia afuera. Lo poslegal no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos -recientemente la secretaria del Interior de Reino Unido, Theresa May, sugiri¨® la necesidad de deshacerse de la Ley de Derechos Humanos de 1998-, pero tiene su manifestaci¨®n m¨¢s elocuente e inquietante en aquel pa¨ªs.

La poslegalidad se exacerba en Estados Unidos en medio de una fenomenal crisis econ¨®mica y ante una ciudadan¨ªa que, ante la incertidumbre y de modo confuso, se expresa contradictoriamente frente al delicado balance entre seguridad y libertad. Por ejemplo, en junio de 2010 una encuesta a cargo de Rasmussen Reports indicaba que el 28% de los estadounidenses consideraba que era una mala idea el control civil de los militares y apenas el 44% consideraba bueno dicho control. Pero, a su vez, en una encuesta de Gallup efectuada en septiembre de 2011 un 49% de los entrevistados consideraba que el Gobierno federal era "una amenaza inmediata a los derechos y libertades individuales".

La poslegalidad, por v¨ªa de presuntos t¨¦rminos legales, r¨¢pidamente asimilados por los medios de comunicaci¨®n y los principales l¨ªderes pol¨ªticos nacionales, naturaliza un nuevo lenguaje que facilita el desprecio por los derechos. As¨ª, en vez de refe

rirse a la tortura se habla de "t¨¦cnicas acrecentadas de interrogaci¨®n"; el secuestro extraterritorial de personas, realizado de manera clandestina por funcionarios, se denomina "entrega extraordinaria"; las ejecuciones extrajudiciales se justifican en el marco de las "hostilidades" contra "militantes"; y a las guerras punitivas contra pa¨ªses que no han atacado a Estados Unidos se las llama "acci¨®n militar cin¨¦tica".

La poslegalidad tiene s¨ªmbolos: Guant¨¢namo y Abu Ghraib. Tiene puntos clave de construcci¨®n conceptual: las oficinas del Legal Advisor del Departamento de Estado, del General Counsel del Departamento de Defensa y del Special Counsel de la Casa Blanca. Tiene un mapa de referencia para su racionalizaci¨®n y justificaci¨®n: la "guerra contra el terrorismo". Y tiene continuidad pol¨ªtica bipartidista: desde George W. Bush a Barack Obama.

Ahora bien, tres asuntos han puesto en evidencia el desbordamiento de la poslegalidad de Estados Unidos. Primero, el incesante uso de veh¨ªculos a¨¦reos no tripulados (unmanned aerial vehicles), los denominados drones, en Asia (Irak, Afganist¨¢n y Pakist¨¢n) y ?frica (Libia, Somalia y Yemen). El recurrente uso de aquel medio de combate -al que hay que sumar un fracasado intento reciente en Ir¨¢n- ha llevado a debatir en torno a la "guerra de los drones"; un modo de enfrentamiento a distancia, sin grandes contingentes en condici¨®n de combate frontal, presuntamente de alta precisi¨®n y m¨¢s econ¨®mico que el despliegue de tropas. El recurso a los drones ha implicado, entre otras, cierta facilidad para lanzar ataques en los que las bajas propias son casi inexistentes, bastante indiferencia de una opini¨®n p¨²blica que apenas si conoce el tema y que, en general, no padece costo alguno inmediato despu¨¦s de su utilizaci¨®n, y un ascendente papel militar de los ¨®rganos de inteligencia dado que es la CIA la encargada del sistema de lanzamiento. Si bien en 2009 el Informe del Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, suger¨ªa que los drones podr¨ªan violar el derecho internacional humanitario, nada parece haber conducido a replantear su uso por parte de Washington.

Segundo, en septiembre pasado el Gobierno de Barack Obama fue un paso m¨¢s adelante en esta materia. En un "panel secreto", y con aval presidencial, autoriz¨® dar de baja a dos estadounidenses, Anwar al Awlaqi y Samir Khan, mediante misiles lanzados desde un veh¨ªculo a¨¦reo no tripulado. En los dos casos no hubo una acusaci¨®n formal, no se pretendi¨® su arresto ni se busc¨® poner en marcha el debido proceso. Ni la Constituci¨®n ni las enmiendas 5, 6 y 14 fueron tenidas en cuenta para llevar a cabo este targeted killing.

Y tercero, m¨¢s recientemente, en la Ley de Autorizaci¨®n de Defensa Nacional de 2012 y con una votaci¨®n de 93 a 7, el Senado aprob¨® que cualquier estadounidense sospechoso de terrorismo puede ser detenido indefinidamente por autoridades militares (al tiempo que aumenta las restricciones para no trasladar los prisioneros de Guant¨¢namo a territorio continental estadounidense). Para algunos observadores esta legislaci¨®n es un serio rev¨¦s al Estado de derecho. Organizaciones de derechos civiles y voces liberales demandan y se consuelan con un eventual veto del presidente Obama.

Los tres ejemplos mencionados apuntan a subrayar que en Estados Unidos la legalidad est¨¢ en entredicho y que lo poslegal se est¨¢ tornando en lo habitual. M¨¢s temprano que tarde esto tendr¨¢ un efecto devastador sobre la democracia en aquel pa¨ªs. Lo que tendr¨¢, y de hecho ya tiene, reverberaciones por fuera de Estados Unidos. En ese caso se habr¨¢ dado un paso abismal: del acoso democr¨¢tico al ocaso democr¨¢tico.

Juan Gabriel Tokatlian es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella (Argentina).