La contrarreforma

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, confirm¨® ayer su proyecto de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 para regresar al modelo anterior, si bien de sus palabras no se puede descartar que acabe impulsando un sistema a¨²n m¨¢s restrictivo que el que contemplaba la ley de 1985. Consecuente con la ideolog¨ªa de su partido, pero tambi¨¦n y, sobre todo, extremadamente permeable al sector m¨¢s reaccionario del mismo, Ruiz-Gallard¨®n no pretende ¨²nicamente derogar el art¨ªculo que permite a las menores de 16 y 17 a?os abortar sin consentimiento de los padres. Tambi¨¦n anunci¨®, sin m¨¢s concreciones, que se pondr¨¢ fin al modelo de plazos.

El PP, que present¨® un recurso ante el Tribunal Constitucional contra parte de la norma de 2010, siempre se ha opuesto a que las menores puedan abortar sin consentimiento parental. Legalmente tiene sentido porque los j¨®venes de 16 y 17 a?os, seg¨²n la Ley de Autonom¨ªa del Paciente, pueden someterse libremente a una operaci¨®n quir¨²rgica y est¨¢n facultados para casarse y tener hijos. El proyecto del PP devuelve la cuesti¨®n a la situaci¨®n anterior, en la que una joven pod¨ªa decidir tener un hijo, pero no lo contrario.

Pero m¨¢s all¨¢ del asunto de las menores, que efectivamente cuenta con un respaldo social m¨¢s fr¨¢gil, la contrarreforma de Ruiz-Gallard¨®n amenaza con hurtar de nuevo a la mujer, mayor o menor de edad, la capacidad de decidir sobre su maternidad, algo tan ¨ªntimo e intransferible. El regreso a la ley de 1985 es la vuelta a la minor¨ªa de edad de las mujeres, dependientes de decisiones ajenas y obligadas casi por norma a mentir. El 90% de los abortos voluntarios que se practican en Espa?a se acogen al tercer supuesto de riesgo de la vida o la salud de la mujer.

Pero la intenci¨®n del ministro es m¨¢s expeditiva. Analizar en profundidad los supuestos "de inexistencia de reproche penal" en caso de aborto es una florida expresi¨®n que puede desembocar en la persecuci¨®n penal de las que aborten. El gui?o a los movimientos provida utilizando sus mismos argumentos de "derecho a la vida" augura un retroceso hist¨®rico. Volver a 1985 puede ser el escenario menos malo si se tiene en cuenta que limitarse a amputar la ley de 2010 lograr¨ªa un engendro peor, dado que, por ejemplo, la norma antigua ni siquiera impon¨ªa plazos en el tercer supuesto, cosa que s¨ª hace, l¨®gicamente, la ahora vigente.

Estudios recientes demuestran que las leyes m¨¢s permisivas no generan m¨¢s abortos. As¨ª ha quedado demostrado tambi¨¦n en Espa?a. Esos mismos an¨¢lisis se?alan, en cambio, que a mayores restricciones, m¨¢s intervenciones clandestinas y m¨¢s riesgos para las gestantes, algo que escapa a las competencias de Ruiz-Gallard¨®n. Que haya sido un ministro de Justicia y no de Sanidad el que ha emprendido esta batalla es ya de por s¨ª todo un s¨ªmbolo sobre las sensibilidades de este Gobierno y un mal augurio de lo que les espera, otra vez, a las mujeres.