La Junta de Andaluc¨ªa da un giro y cree nulas las ayudas del fondo de los ERE a empresas

Giro de 180 grados de la Junta de Andaluc¨ªa en el caso de los ERE. Desde la semana pasada, el Ejecutivo de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n considera nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para compa?¨ªas en crisis, dotado con 647 millones. Es decir, la Junta reclama ahora por carta a los empresarios beneficiados que devuelvan los 65 millones entregados de manera discrecional y sin control a posteriori en subvenciones directas, seg¨²n cifr¨® la agencia p¨²blica Idea.

La decisi¨®n significa un vuelco de las tesis del Ejecutivo, que defendi¨® la legalidad de las ayudas y ahora se alinea con la juez del caso, Mercedes Alaya, la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), que consideran que el procedimiento administrativo que sustent¨® las ayudas es ilegal.

La Junta envi¨® una carta a los empresarios la semana pasada. En ella informa del "procedimiento de revisi¨®n de oficio" de las subvenciones y les da un plazo de 10 d¨ªas para que aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes. La Consejer¨ªa de Empleo se apoya en el mismo art¨ªculo que ya fij¨® el TSJA en dos sentencias recientes sobre sendas ayudas, el 62.1.e de la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones p¨²blicas: "Los actos de las Administraciones p¨²blicas son nulos de pleno derecho [siendo] dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Fuentes de la Junta quitaron hierro a la medida y matizaron que dicho art¨ªculo sobre la nulidad "es la ¨²nica forma que hay para fundamentar la apertura de una revisi¨®n del proceso". "Estamos al comienzo de un largo y complejo proceso", a?adieron. Tras el tr¨¢mite de audiencia a los empresarios, el Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa emitir¨¢ un informe sobre cada ayuda para determinar su pertinencia y legalidad. De este modo, el Gobierno andaluz reclama el dinero entregado y en cierto modo culpa a los empresarios por recibir el dinero mal administrado por el Gobierno, de ah¨ª la excepcionalidad de la medida. Si la Junta sigue la tesis de la juez, reclamar¨¢ el total de los 647 millones del fondo, ya que la magistrada considera ilegales tanto las ayudas directas como las de los ERE.