El Gobierno rebaja un tercio los sueldos de los gestores de empresas p¨²blicas

El Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley para imponer topes a las remuneraciones de los directivos de las m¨¢s de 4.000 empresas p¨²blicas que existen actualmente en Espa?a. Seg¨²n los c¨¢lculos que ha trasladado el Ejecutivo, la medida, que se enmarca dentro de las pol¨ªticas de austeridad para reducir el d¨¦ficit y que se completa con la reducci¨®n del n¨²mero de estas sociedades, supondr¨¢ una rebaja de entre el 25% y el 35% en los sueldos de estos ejecutivos.

A partir de la entrada en vigor de la normativa, las directivos de las grandes empresas p¨²blicas no podr¨¢n cobrar m¨¢s de 105.000 euros de salario fijo. En las medianas, se establece un tope m¨¢ximo de 80.000 euros al a?o y, en las de menor dimensi¨®n, 55.000 euros. En cuanto a los variables, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha anunciado que su percepci¨®n estar¨¢ "absolutamente ligada al cumplimiento de objetivos" preestablecidos. Seg¨²n ha a?adido, el Ministerio de Hacienda fijar¨¢ el porcentaje se salario que puede ser recibido por esta v¨ªa y, en caso de no alcanzar las previsiones, no se cobrar¨¢n.

Adem¨¢s de fijar topes en funci¨®n del tama?o de las emrpesas p¨²blicas, los salarios en cada una de estas sociedades se determinar¨¢n en funci¨®n del volumen de actividad, el sector o el n¨²mero de trabajadores que est¨¦n bajo su responsabilidad. Tambi¨¦n se pone l¨ªmites a la pr¨¢ctica de cobrar parte de los salarios en especie como con la vivienda o la manutenci¨®n.

Los l¨ªmites a los salarios van de los 105.000 euros de las grandes empresas a los 55.000 euros al a?o

Santamar¨ªa ha admitido que la medida establece unos sueldos m¨¢ximos que "son sensiblemente inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas similares". "Pero son salarios razonables", ha a?adido antes de justificar que corren "tiempos de austeridad" en el que todos los empleados p¨²blicos han hecho un esfuerzo en este sentido al ver congeladas sus remuneraciones. Este esfuerzo, ha defendido, "tiene que ser compartido por todos".

Preguntada sobre si esta decisi¨®n puede suponer una fuga de talento desde el sector p¨²blico al privado, la vicepresidenta ha se?alado a que se pueden establecer primas con la parte variable del salario con vistas a "atraer a los mejores".

Junto a ello, seg¨²n ha anunciado Santamar¨ªa, tambi¨¦n se imponen m¨¢ximos al n¨²mero de consejeros de las sociedades en l¨ªnea con el sector privado. As¨ª, siguiendo la misma categor¨ªa triple que para los sueldos, las sociedades grandes no podr¨¢n tener m¨¢s de 15 representantes en sus m¨¢ximos ¨®rganos de gobierno. Las medianas, 12, mientras las m¨¢s peque?as ver¨¢n reducido su n¨²mero de consejeros hasta un tope de nueve.

El componente variable estar¨¢ ligado a cumplir con unos objetivos preestablecidos

Seg¨²n los c¨¢lculos del Ejecutivo, la medida supondr¨¢ la reducci¨®n del n¨²mero total de consejeros se ver¨¢ reducido en un centenar. Con ello, ha destacado Santamar¨ªa, esperan obtener un ahorro de un mill¨®n de euros solo en dietas.

El Gobierno, tal y como ya se propuso el anterior Ejecutivo, quiere reducir el n¨²mero de empresas p¨²blicas con el objetivo de pasar de las m¨¢s de 4.000 actuales a unas 3.500. Desde que el Gabinete de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero aprob¨® en 2010 un plan con las comunidades aut¨®nomas, solo se han eliminado 69 de las 514 comprometidas. Por este motivo, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, pidi¨® en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera del 17 de enero a los Gobiernos auton¨®micos que se apliquen para cumplir con lo pactado.

Para alcanzar las metas fijadas, las distintas Administraciones P¨²blicas cuentan desde el pasado viernes con la opci¨®n de aprobar Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) por causas econ¨®micas y despedir con una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno. Las empresas p¨²blicas dan trabajo a unas 150.000 personas. Las que dependen de la Administraci¨®n Central acumulan una deuda de 32.900 millones, las de las comunidades registran un pasivo de 24.900 y, las de los ayunstamientos, unos 9.000 millones. Bruselas no la computa como d¨¦ficit, aunque puede obligar a hacerlo en funci¨®n de c¨®mo se financie.

Sobre la marcha del proceso de reducci¨®n del tejido empresarial ligado al sector p¨²blico, Santamar¨ªa ha afirmado que sigue su curso y se est¨¢ analizando cu¨¢les son necesarias, cu¨¢les pueden volver al ¨¢mbito de los Ministerios, las que, por el contrario, funcionar¨ªan en el privado y, por ¨²ltimo, las que pueden acabar desapareciendo.

El ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos, se?al¨® ayer en una entrevista a RNE que "este tipo de empresas y fundaciones, que al final tienen como objetivo evitar los controles de la Administraci¨®n Central, han florecido, por decirlo de una manera suave, y no es una buena pr¨¢ctica".