Los interventores municipales depender¨¢n del Estado

Crist¨®bal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, inform¨® el viernes de que los interventores y los secretarios municipales, encargados del control financiero de los Ayuntamientos volver¨¢n a depender de la Administraci¨®n General del Estado. El ministro afirm¨® que el objetivo de la medida es aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, consistentes en garantizar la legalidad. El colectivo valora el anuncio, a pesar de que no concrete los cambios que se aplicar¨¢n.

Desde 2007, la competencia de la regulaci¨®n sancionadora la asumen las comunidades aut¨®nomas. El problema, seg¨²n explica Eulalio ?vila, presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraci¨®n Local, que cuenta con unos 5.000 socios, es que solo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia lo han hecho. El resto de comunidades se sigue rigiendo por la regulaci¨®n establecida en 1987, que deja en manos de las corporaciones municipales la funci¨®n disciplinaria. ¡°No puede ser que el controlado supervise al controlador¡±, sostiene ?vila.

En la actualidad, los Ayuntamientos de las comunidades que no han emitido normas reguladoras tienen la potestad de sancionar las faltas leves, graves y muy graves de los interventores y secretarios municipales, que se quejan de estar sometidos a presiones pol¨ªticas. ¡°Pueden incluso suspendernos de empleo y sueldo durante tres a?os, por ejemplo¡±, comenta ?vila.

Se agrava la situaci¨®n en el caso de los interinos. Y es que desde 2007 tambi¨¦n es competencia de las autonom¨ªas la convocatoria de plazas que, muchas veces, no llegan a producirse. Los puestos de trabajo se cubren con interinos que, seg¨²n denuncia ?vila, est¨¢n a¨²n m¨¢s desprotegidos. ¡°Hacen su labor lo mejor que pueden, pero sin la misma seguridad que un funcionario de carrera. Pueden ser despedidos en cualquier momento¡±, relata.

Por eso, ?vila considera que el r¨¦gimen que han establecido en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia es m¨¢s adecuado. Las competencias disciplinarias quedan repartidas entre el pleno del ayuntamiento, para las sanciones leves, y las comunidades aut¨®nomas, que imponen las graves y muy graves, incluida la m¨¢xima pena, la separaci¨®n del servicio profesional.

De momento, se desconoce el contenido del anteproyecto de ley que, seg¨²n anunci¨® Montoro, fortalecer¨¢ la figura de los funcionarios con habilitaci¨®n nacional, es decir, de los interventores, secretarios y tesoreros municipales. Pero ?vila espera que la reforma vaya por esa l¨ªnea: ¡°Somos partidarios de que las competencias las asuma el Estado, porque cuando se trata de ejercer control, es preferible que haya una separaci¨®n¡±.