Las comunidades tendr¨¢n hasta 12 a?os para devolver el dinero del fondo

El secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Antonio Beteta, ha anunciado este lunes que el?Fondo de Liquidez Auton¨®mico (FLA) prestar¨¢ dinero a las comunidades a un plazo m¨¢ximo de diez a?os, tiempo al que habr¨¢ que a?adir un periodo de gracia de dos a?os. Esto significa que las regiones que hayan pedido ayuda o vayan a hacerlo pr¨®ximamente no tendr¨¢n que empezar a devolver el dinero hasta 2014. Con ello, se espera que puedan hacer frente a sus compromisos de pago una vez se recupera la econom¨ªa,?algo que el Gobierno fija ya en 2014 para el conjunto del pa¨ªs, y mejoren los ingresos impositivos que nutren las arcas de las regiones.

Sobre cu¨¢nto les costar¨¢ recurrir al fondo, Beteta tambi¨¦n ha informado de que el inter¨¦s de estos pr¨¦stamos ser¨¢ de 30 puntos b¨¢sicos (0,30 puntos porcentuales) sobre la rentabilidad que abona el Tesoro P¨²blico. A los tipos a los que cotiza actualmente la deuda espa?ola a este plazo, que est¨¢ en el 5,7%, la operaci¨®n de rescate de las comunidades permitir¨¢ al Estado y a las entidades participantes en el fondo embolsarse unos 1.000 millones si se prestan los 18.000 millones con los que est¨¢ dotado sin contar con las comisiones. No obstante, por lo que respecta al Tesoro, el instituto emisor tendr¨¢ a su vez que destinar parte del dinero que reciba a pagar a los inversores que han apostado su dinero en la deuda p¨²blica con la que se financia el instrumento de ayuda.

Seg¨²n concreta el BOE, el "coste total m¨¢ximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podr¨¢ superar en 250 puntos b¨¢sicos (2,5 puntos porcentuales) al rendimiento de la Deuda P¨²blica del Estado al plazo equivalente". La "determinaci¨®n del coste total m¨¢ximo, independientemente de la instrumentaci¨®n, se fijar¨¢ el d¨ªa del desembolso o d¨ªas previos, seg¨²n las pr¨¢cticas usuales del mercado", se?ala el texto.

El FLA, que comenz¨® a funcionar en septiembre, gestiona recursos que provienen del programa de financiaci¨®n del Estado a trav¨¦s de deuda p¨²blica. Del cr¨¦dito extraordinario por importe de 18.000 millones con el que est¨¢ dotado, 6.000 saldr¨¢n del Organismo Loter¨ªas y Apuestas del Estado, 4.000 millones del Tesoro y los 8.000 restantes los aportar¨¢n las entidades financieras.

En este sentido, el fondo dispondr¨¢ a partir del 17 de octubre de 4.860 millones de euros m¨¢s ya que ha anunciado una segunda colocaci¨®n de bonos y obligaciones para ese d¨ªa. Este dinero se suma a los 3.000 millones ya dispuestos por un grupo de bancos a cambio de t¨ªtulos del Tesoro. La tesorer¨ªa estatal ha anunciado este lunes que el pr¨®ximo 11 de octubre realizar¨¢ una segunda colocaci¨®n privada de bonos y obligaciones para financiarlo con la colocaci¨®n de 4.860 millones de euros con fecha de liquidaci¨®n 17 de octubre.

De momento, ya han anunciado su inter¨¦s de recurrir a este mecanismo de ayuda la Comunidad Valenciana (4.500 millones), Catalu?a (5.023), Murcia (600), Andaluc¨ªa (4.906), Castilla-La Mancha (848 millones) y Canarias (756 millones). Entre todas, acaparan el 88% del total de los recursos del fondo, al que solo le quedan 2.000 millones de euros. Recibir el dinero, esencial para que las comunidades cumplan con sus acreedores y paguen los sueldos, no supondr¨¢ abrir la mano con los recortes, ya que pedir el cr¨¦dito lleva acarreadas condiciones. De hecho, el Gobierno podr¨¢ imponer sanciones y, en caso extremo, intervenir a las incumplidoras.

En este apartado, el texto del BOE a?ade que las comunidades que recurran al fondo no podr¨¢n endeudarse salvo autorizaci¨®n expresa del Tesoro.

Sobre la evoluci¨®n de la plantilla de trabajadores que est¨¢n al servicio de las Administraciones P¨²blicas, Beteta ha puesto en contraste la situaci¨®n de las comunidades frente a la de la Administraci¨®n central. As¨ª, ha asegurado que las autonom¨ªas han aumentado su n¨²mero de empleados a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos los han reducido en 11.000 trabajadores, un 1,85% menos, en el primer caso, y en 50.000 personas, un 7,76% menos para las haciendas locales.