La factura de la corrupci¨®n

Que las variables econ¨®micas y financieras no reflejen de forma contempor¨¢nea los episodios de corrupci¨®n que dominan la escena pol¨ªtica, no significa que aquellos carezcan de impacto. Lamentablemente, la percepci¨®n de la frecuencia con que tienen lugar esas violaciones de la ley, la forma en que la clase pol¨ªtica las aborda y el sistema judicial las resuelve acaban deteriorando la confianza en una sociedad, su capacidad para hacer negocios o para infundir credibilidad en sus agentes e instituciones. Antes o despu¨¦s, eso se traduce en costes y p¨¦rdidas de bienestar que acaban sufriendo todos los ciudadanos. El primer impacto para los contribuyentes es soportar mayores costes por el funcionamiento de las Administraciones p¨²blicas, en sus decisiones de gasto e inversi¨®n. Los costes adicionales que, por ejemplo, pagan empresas que contratan con el sector p¨²blico que acaban destin¨¢ndose al enriquecimiento il¨ªcito de pol¨ªticos o partidos act¨²an agravando las cargas tributarias o directamente sacrificando servicios y prestaciones de las propias Administraciones p¨²blicas. La situaci¨®n es m¨¢s irritante si mientras aparecen casos de corrupci¨®n se reduce la inversi¨®n en sanidad o en educaci¨®n.

Que en la realizaci¨®n de transacciones econ¨®micas p¨²blicas medie cualquier modalidad de soborno, impide, adem¨¢s, la libertad de mercado que en tantas ocasiones reclama la ret¨®rica de los pol¨ªticos. Adultera la igualdad de oportunidades perjudicando a quien no soborna, bien porque sus habilidades y relaciones no alcanzan a ello, bien porque no lo admiten sus c¨®digos de conducta.

La verificaci¨®n de pr¨¢cticas tales no favorece, desde luego, la inversi¨®n extranjera. En primer lugar, porque el pa¨ªs en el que la corrupci¨®n est¨¢ extendida, y en cierta medida tolerada, genera desconfianza. Ni que decir tiene que la imagen de sus empresas, de sus propios bienes y servicios queda significativamente condicionada por las malas pr¨¢cticas. Y cuando la inversi¨®n tiene lugar, acaba incorporando un componente por riesgo impropio de econom¨ªas avanzadas que gangrena todos los ¨¢mbitos econ¨®micos y sociales.

La percepci¨®n de una clase pol¨ªtica tolerante con la corrupci¨®n no solo erosiona la imagen exterior de un pa¨ªs y de su econom¨ªa, aproxim¨¢ndola a ese capitalismo de amiguetes en el que las puertas giratorias entre el sector privado y el p¨²blico enriquecen a unos cuantos, sino que mina la confianza del conjunto de los agentes econ¨®micos del propio pa¨ªs. La calidad de las instituciones acaba poni¨¦ndose en entredicho y con ella la posibilidad de asentar las relaciones econ¨®micas en la seguridad, en la confianza. Hasta la contabilidad de las empresas, la base de la informaci¨®n econ¨®mica, puede quedar en entredicho si la contabilidad de los partidos pol¨ªticos lo est¨¢.

De la forma y rapidez con que se aborde la hoy cuestionada integridad de algunas instituciones y de la propia clase pol¨ªtica depender¨¢ el alejamiento de las amenazas que pesan sobre la estabilidad pol¨ªtica y, en consecuencia, sobre la recuperaci¨®n econ¨®mica. Tambi¨¦n pende de ese hilo el afianzamiento de la necesaria transici¨®n a la modernizaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs. La corrupci¨®n, y la desconfianza que lleva asociada, es la peor de las gangrenas para una econom¨ªa que est¨¢ dejando al borde de la miseria a un n¨²mero creciente de ciudadanos.