La Junta andaluza sanciona a CaixaBank con 455.000 euros por las preferentes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa ha acordado hoy imponer una sanci¨®n de 455.000 euros a CaixaBank por dos infracciones muy graves y una leve relativas a la comercializaci¨®n irregular de participaciones preferentes.

Tras la investigaci¨®n llevada a cabo por la Junta, se considera "probado" que la citada entidad ocult¨® informaci¨®n relevante sobre las condiciones de ese producto financiero, adem¨¢s de que no atendi¨® los requerimientos de documentaci¨®n formulados.

El expediente sancionador, primero que resuelve el Consejo de Gobierno en relaci¨®n con este tipo de producto financiero, tiene su origen en 21 reclamaciones recibidas durante el pasado a?o en los servicios de consumo de la Junta en las provincias de C¨¢diz, C¨®rdoba, Granada, Ja¨¦n, M¨¢laga y Sevilla.

De acuerdo con el expediente, iniciado el 18 de diciembre del 2012 tras la investigaci¨®n de las denuncias, se considera probado que Caixabank ocult¨® a las personas usuarias informaci¨®n relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas.

En algunos casos, los afectados no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra.

Estos hechos son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protecci¨®n de los Consumidores y Usuarios de Andaluc¨ªa: incumplimiento de la informaci¨®n en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestaci¨®n del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administraci¨®n.

Si bien la ley califica estas infracciones como leves, el Gobierno andaluz entiende que en las dos primeras concurren las circunstancias agravantes recogidas en el mismo texto normativo por infracci¨®n continuada o pr¨¢ctica habitual.

Otra agravante, seg¨²n la Junta, es que dichas operaciones se hicieron "explotando la especial situaci¨®n de inferioridad o indefensi¨®n de determinados consumidores", entre otras.

El Gobierno andaluz recuerda, adem¨¢s, que Caixabank ya ha sido sancionada de manera firme en 31 ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo entre el 2004 y el 2013, y tambi¨¦n ha tenido en cuenta la agravante relativa a la posici¨®n relevante que la entidad tiene en su sector.

No obstante, como circunstancia atenuante, la Junta valora la colaboraci¨®n activa mantenida por Caixabank para atenuar los efectos de las dos primeras infracciones, de forma que la entidad denunciada -con la intermediaci¨®n de los servicios de consumo de la Junta- ha alcanzado acuerdos con la mayor parte de las personas afectadas para resolver las reclamaciones interpuestas en su d¨ªa.

Seg¨²n datos de la Junta, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de septiembre del 2013 se han registrado en Andaluc¨ªa 688 reclamaciones relacionadas con productos financieros de inversiones complejas de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.

Estas reclamaciones, de las que 428 han sido ya resueltas, se formularon a las entidades Caixabank, Bankia (Caja Madrid), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Grupo Santander (Banesto), Banco Popular Espa?ol, Sabadell CAM, NCG Banco (Novagalicia), Banco Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Granada), Catalunya Bank, Cajasur y Caja de Espa?a de Inversiones Salamanca y Soria.

El total de personas afectadas supera las 47.400, con un importe por encima de los 1.406 millones de euros, seg¨²n los datos aportados por las entidades que han respondido al requerimiento de la Junta.

Cuatro de ellas (Caixabank, BBVA, Sabadell y Cajasur) han colaborado tambi¨¦n con la Consejer¨ªa de Administraci¨®n Local y Relaciones Institucionales para resolver las reclamaciones mediante f¨®rmulas de negociaci¨®n, mediaci¨®n y arbitraje extrajudicial.

En conferencia de prensa tras la reuni¨®n del Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel ?ngel V¨¢zquez, ha destacado que la Junta quiere ser un "aliado" de los ciudadanos y defender sus intereses ante la comercializaci¨®n de este tipo de productos.