Delitos urban¨ªsticos en Madrid: muchos juzgados ¡°dan carpetazo¡±

Tarde, mal y, en ocasiones, nunca. As¨ª se resume la persecuci¨®n de los delitos contra el urbanismo en Madrid, que ha permitido en los ¨²ltimos a?os casos de ilegalidad manifiesta, como la ampliaci¨®n de la M-501, el soterramiento la M-30 o el cambio de uso de la finca El Enc¨ªn, en Alcal¨¢ de Henares. Ilegalidad refrendada por los tribunales cuando ya la actuaci¨®n estaba acometida.

Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, lo dejaba entrever esta semana: "La justicia solo hace frente a la corrupci¨®n detectada, pero la ciudadan¨ªa es consciente de que hay m¨¢s, y es algo que le come la moral".

Corrupci¨®n detectada que, a juicio de la responsable de Ecologistas en Acci¨®n en Madrid, Mar¨ªa ?ngeles Nieto, solo se ve perseguida cuando "hay trascendencia medi¨¢tica". De lo contrario, seg¨²n Nieto, el celo judicial en la persecuci¨®n de delitos contra el medio ambiente y la ordenaci¨®n del territorio es escaso si se compara con otras autonom¨ªas.

En 2012, la secci¨®n de medio ambiente y urbanismo de la Fiscal¨ªa Provincial abri¨® 105 diligencias (32 por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio y el urbanismo), pero se archivaron 40; otras 36 siguen en tr¨¢mite y la Fiscal¨ªa interpuso denuncia o querella en 29 casos. Por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio se efectuaron 18 calificaciones y se dictaron 22 sentencias, 9 condenatorias y 13 absolutorias. El balance deja entrever que en Madrid "se denuncia poco o se archiva mucho", seg¨²n Nieto.

La crisis y la consecuente disminuci¨®n de la actividad urban¨ªstica son razones recurrentes que sirven para respaldar la disminuci¨®n de la persecuci¨®n de los delitos urban¨ªsticos en la Comunidad de Madrid. Pero hay m¨¢s. Tambi¨¦n hay construcciones ilegales, demoliciones o presuntos actos de prevaricaci¨®n de responsables, pero no parece que en Madrid estos delitos trasciendan en exceso.

Como en a?os anteriores, la Fiscal¨ªa de Madrid reitera la existencia de juzgados que ¡°se niegan a condenar por delitos urban¨ªsticos o ambientales pese a las evidencias presentadas¡±. Y va m¨¢s all¨¢. ¡°Cuando vamos a un juzgado o a otro, ya sabemos el resultado del juicio por su historial previo. Igualmente hay secciones distintas de la Audiencia que, ante casos muy similares, dan lugar en unos casos a condena y en otros a absoluci¨®n¡±, lamentan los fiscales.

En relaci¨®n con este tema, desde Ecologistas en Acci¨®n denuncian las m¨²ltiples denuncias que son archivadas de manera inmediata. ¡°Hay muchos jueces que, en cuanto ven que somos nosotros quienes presentamos la querella, dan carpetazo al asunto¡±, apunta Mar¨ªa ?ngeles Nieto.

Y los temas que siguen su curso y acaban en sentencia tampoco resultan f¨¢ciles de ejecutar. Demoliciones de construcciones ilegales en lugares protegidos, como en Colmenar Viejo, Garganta de los Montes o Guadalix de la Sierra, han costado lo suyo por el poco celo a la hora de ejecutar la sentencia, dando pie en muchas ocasiones a los argumentos de los implicados antes que a lo dictado en la sentencia condenatoria, incluidas las tretas de algunos, como la de pintar de verde la casa para un perfecto camuflaje.

Otra diferencia sustancial que distingue la persecuci¨®n de estos delitos en Madrid respecto a otras comunidades aut¨®nomas es el papel que desempe?an los agentes forestales como denunciantes de hechos potencialmente punibles. Se hace referencia en la memoria a que en ¡°la inmensa mayor¨ªa de fiscal¨ªas destaca el loable voluntarismo y compromiso de este colectivo en la defensa del medio ambiente en el desempe?o de su labor¡±. Pero hay excepciones, supuestamente superadas, relativas a las ¡°reticencias de determinados representantes superiores¡± de estos empleados p¨²blicos a que denuncien directamente en la Fiscal¨ªa. Ecologistas en Acci¨®n destaca que en Madrid ¡°se sigue impidiendo a los agentes forestales acudir directamente a presentar denuncias¡±.

Hace seis a?os, el entonces director de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Allu¨¦, remiti¨® una nota interna a los agentes para que se abstuvieran de tomar esa iniciativa. Con el traspaso de este departamento bajo dependencia de la Consejer¨ªa de Presidencia se ha ido un paso m¨¢s all¨¢. Asegura Nieto que ¡°la situaci¨®n ha empeorado. Tampoco dejan a los agentes acudir a la v¨ªa administrativa¡±. No obstante, las denuncias se interponen, pero tienen un recorrido muy corto. ¡°La mayor parte no llega a la Fiscal¨ªa porque la Administraci¨®n no las remite¡±, seg¨²n Nieto.

Entre las denuncias interpuestas el pasado a?o en Madrid figuran dos relacionadas con el vertido de residuos en Rivas-Vaciamadrid y en la planta de reciclaje de Valdeming¨®mez, en la capital. En ambos casos, empresas privadas se dedican supuestamente a recoger residuos de construcci¨®n y demolici¨®n que posteriormente se vierten en parcelas de pol¨ªgonos industriales o en huecos de explotaciones mineras en desuso. De las denuncias ante el Seprona (Guardia Civil) nada se sabe.

La extracci¨®n de ¨¢ridos por debajo del nivel de la capa fre¨¢tica dentro del parque regional del Sureste ¡ªprohibida por la ley de declaraci¨®n de este espacio protegido¡ª o sendas denuncias interpuestas contra municipios de la sierra Norte de Madrid son otros de los asuntos denunciados.

A veces, mucho tiempo despu¨¦s, las denuncias acaban en condena y se ejecutan. Pero la mayor¨ªa de las veces llegan tarde y apenas sirven para reparar el da?o moral. Es lo que ocurri¨® hace a?os con la pol¨¦mica sobre la ampliaci¨®n de la M-501, la ¡°carretera de los pantanos¡±, o con el mismo soterramiento de la M-30 en Madrid capital.

M¨¢s recientemente, ha sucedido lo mismo con el campo de golf que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se empe?¨® en montar en pleno barrio de Chamber¨ª. Bast¨® recibir el Gobierno regional la sentencia del Supremo que anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad que en 2007 permiti¨® aprobar los campos de golf para que el Canal de Isabel II se apresurara a presentar un Plan Especial de Infraestructuras con el objeto de legalizar los campos construidos sobre la cubierta del tercer dep¨®sito.

Hasta el 13 de junio, el Plan Especial estuvo en informaci¨®n p¨²blica y se recogieron m¨¢s de 200 alegaciones de particulares y colectivos ecologistas. Dar¨¢ igual, se pasar¨¢n por alto, y el campo de golf se mantendr¨¢ donde est¨¢ como si nada hubiera pasado.

El objeto del plan es legalizar los campos de golf, pero como es imposible con el plan general vigente en Madrid, el Canal de Isabel II Gesti¨®n redacta el Plan Especial para crear una nueva normativa urban¨ªstica de aplicaci¨®n exclusiva en su parcela.

Las asociaciones vecinales ponen el ¨¦nfasis en la p¨¦rdida de zonas verdes que supone esta actuaci¨®n. Chamber¨ª es el distrito de Madrid con menor proporci¨®n de dotaciones de zonas verdes por habitante, tan solo 1,03 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS recomienda entre 10 y 15 metros. Adem¨¢s, entienden que resulta inaceptable que desde la Administraci¨®n se est¨¦n priorizando las instalaciones de golf con apenas uso mientras los vecinos se masifican en el escaso parque que han dejado como franja perimetral al golf.

En otras ocasiones, las denuncias surten el efecto deseado, como ha ocurrido con dos arquitectos del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, condenados por la Audiencia Provincial por ¡°haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo haber emitido informes en la tramitaci¨®n administrativa relativa a la aprobaci¨®n y ejecuci¨®n de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo¡±, seg¨²n la sentencia.

O con esas 13 construcciones ilegales demolidas recientemente en Robledo de Chavela tras a?os de procedimiento judicial y con sentencia firme condenatoria desde 2004. Fueron levantadas en suelo no urbanizable protegido y dentro del ¨¢mbito de la Zona de Especial Protecci¨®n para las Aves (ZEPA) de los Encinares de los r¨ªos Alberche y Cofio, y hasta ahora no se ha ejecutado la sentencia para restaurar la zona a su estado original. Nueve a?os en los que la Comunidad de Madrid hizo caso omiso a la sentencia, e incluso lleg¨® a emitir un informe favorable para legalizar las construcciones.