Cuenta atr¨¢s para que el Gobierno avale los cr¨¦ditos fiscales de la banca

La banca espa?ola lleva desde principios de a?o reclamando al Gobierno una soluci¨®n que le permita afrontar las pr¨®ximas pruebas de resistencia del BCE y los nuevos requisitos de solvencia en igualdad de condiciones que el resto de competidores de otros pa¨ªses europeos.

Apenas queda un mes para 2014 y la entrada en vigor de Basilea III, la normativa internacional de solvencia, perjudica especialmente a la banca espa?ola, dado que impide expresamente que las entidades financieras puedan contar como capital unos 50.000 millones de euros que les adeuda el Estado.

Esta cantidad es un mero apunte contable que se ha generado con el paso de los a?os, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.

Pero para Europa, esta garant¨ªa de Hacienda no es suficiente, dado que considera que si fuera necesario rescatar una entidad y utilizar el capital que figura en sus balances, ese dinero no estar¨ªa disponible de inmediato y el contribuyente acabar¨ªa pagando.

Esta diferencia de criterio con la nueva Basilea III supone una clara desventaja -por valor de varios miles de millones de euros- frente a otros sistemas financieros europeos de cara a los pr¨®ximos estr¨¦s test del BCE.

En Espa?a, a diferencia de buena parte de Europa, las empresas -y en gran medida los bancos- adelantan impuestos al Estado por gastos que no pueden deducirse inmediatamente, una partida que t¨¦cnicamente se llama activos fiscales diferidos o DTA (por sus siglas en ingl¨¦s).

El caso m¨¢s frecuente con el que la banca espa?ola ha generado activos fiscales es con las provisiones para cubrir p¨¦rdidas futuras de la cartera crediticia, pero tambi¨¦n con las prejubilaciones y planes de pensiones de la plantilla en el momento en el que apartan el dinero que tendr¨¢n que abonar a sus empleados.

Sin embargo, como no pueden apuntarse estas partidas desde un primer momento como gastos, pagan m¨¢s impuestos de los que les corresponder¨ªa y ello les genera un cr¨¦dito fiscal que, seg¨²n la legislaci¨®n espa?ola, pueden recuperar en un plazo de hasta 18 a?os, en funci¨®n del tipo de DTA -por diferencia temporal o por p¨¦rdidas-.

En el primer caso, el mejor ejemplo son las provisiones gen¨¦ricas que ha tenido que acumular la banca y que son deducibles a medida que se convierten en espec¨ªficas, es decir, si se consumen.

El segundo caso, los DTA por p¨¦rdidas, en los que se incluyen las aportaciones de los bancos a planes de pensiones de sus empleados o algunas inversiones, se pueden compensar con beneficios futuros.

La banca espa?ola aceptaba este procedimiento, pero desde que tuvo constancia de que la normativa internacional obliga a retirar de su capital estos DTA, ha instado al Gobierno a buscar una soluci¨®n que ponga remedio a esta desventaja.

Consciente de ello, el Gobierno ultima desde hace semanas la f¨®rmula para avalar los cr¨¦ditos fiscales de la banca espa?ola o al menos buena parte de ellos. Entre 28.000 millones y m¨¢s de 40.000 millones dependiendo de si se excluyen o no los generados por aportaciones a planes de pensiones y prejubilaciones.

De esta forma, se lograr¨ªa que este dinero computara como capital a efectos de Basilea III para las entidades espa?olas, lo que les permitir¨ªa acudir a los estr¨¦s test con mayor holgura de fondos propios.

A la espera de conocer qu¨¦ volumen de activos fiscales avala finalmente el Estado, los bancos conf¨ªan en que se adopte cuanto antes la soluci¨®n, si es posible en el ¨²ltimo Consejo de Ministros de este mes.

El sector insiste en que el propio Estado sale ganando pues es el principal accionista de entidades que son las que m¨¢s papeletas tienen para aparecer con un d¨¦ficit de capital en los pr¨®ximos estr¨¦s test y si es as¨ª, estar¨ªa abocado a recapitalizarlas. O sea, m¨¢s dinero del contribuyente.

Adem¨¢s, este aval para los cr¨¦ditos fiscales, que ya tendr¨ªa el visto bueno de Europa, facilitar¨ªa la subasta de Novagalicia y el resto de entidades nacionalizadas y podr¨ªa evitar tener que ofrecer nuevas ayudas para adjudicar estos grupos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque el reconocimiento de estos cr¨¦ditos fiscales no tiene reflejo en el d¨¦ficit p¨²blico, s¨ª tendr¨ªa impacto si alguna entidad entra en p¨¦rdidas o en un proceso de liquidaci¨®n, ya que el Estado deber¨ªa desembolsar el dinero avalado.

Mario Betancort