El Gobierno plantea la quita del 50% a la banca acreedora para rescatar a las autopistas
El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de nueve autopistas de peaje con problemas econ¨®micos una quita del 50 % de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creaci¨®n de una empresa de capital cien por cien p¨²blico para aglutinar a esas v¨ªas.
Seg¨²n han se?alado hoy a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda a los seis principales entidades financieras implicadas en este proceso contempla tambi¨¦n crear un fondo de titulizaci¨®n que emitir¨¢ bonos a 30 a?os con una rentabilidad m¨ªnima del 1 %, un porcentaje que depender¨¢ tambi¨¦n de los tr¨¢ficos de estas v¨ªas.
El objetivo de este plan, que hoy ha avanzado el diario La Vanguardia, es evitar que la soluci¨®n a la insolvencia que presentan estas nueve autopistas afecte al d¨¦ficit p¨²blico.
Est¨¢ previsto que los bancos afectados, BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular, respondan a esta propuesta antes del pr¨®ximo lunes.
La constituci¨®n de esta sociedad agregar¨ªa al 22 % de la red total de autopistas de peaje y constituye la mejor soluci¨®n para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el d¨¦ficit p¨²blico y evitar la declaraci¨®n de ayuda de Estado, se?alan las mismas fuentes.
Inicialmente el Gobierno hab¨ªa planteado a las concesionarias y a los bancos acreedores la creaci¨®n de una sociedad con participaci¨®n p¨²blica y privada.
En funci¨®n de esta idea inicial, el valor residual de estas concesiones representar¨ªa el 20 % del capital de la empresa, que podr¨ªa estar valorada en m¨¢s de 600 millones de euros, mientras que el 80 % restante estar¨ªa controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gust¨® a todas las partes.
Es el caso de las constructoras y concesionarias, que llegaron incluso a reclamar una participaci¨®n del 49 %.
Adem¨¢s, en el marco de las negociaciones, desde Fomento no se negaba abocar incluso a estas autopistas en concurso de acreedores a la liquidaci¨®n, un proceso que reconoc¨ªan que era largo e incierto aunque no necesariamente m¨¢s caro.
Por su parte, desde Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, consideraban que la liquidaci¨®n de estas autopistas da?aba la imagen de Espa?a, cerraba el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durar¨ªan varios a?os.
Por ello, reclamaban la creaci¨®n de una sociedad concesionaria p¨²blica para integrar nueve autopistas de peaje como la opci¨®n menos gravosa.
Asimismo, desde Seopan se pon¨ªa de manifiesto que las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.
Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una ca¨ªda del tr¨¢fico que supera el 48 % desde los m¨¢ximos que registraban en 2007, antes de la crisis.
Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Oca?a (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almer¨ªa) tambi¨¦n se vieron abocadas al concurso.
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