La corrupci¨®n privada en Espa?a
El 3% o el 5% que algunos piden otros lo pagan si consiguen a cambio lo que quieren
Si hay corrupci¨®n p¨²blica necesariamente tambi¨¦n la hay privada. El 3% o el 5% que algunos piden, otros los pagan, de mala gana o de mejor gana si consiguen a cambio lo que quieren. Pero existen otras formas:
Primera. La corrupci¨®n privada comienza con la distinci¨®n b¨¢sica entre los que pagan sus impuestos y los que no los pagan. La ¨²ltima liquidaci¨®n publicada del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) de 2012, por tramos, muestra que 19,37 millones de asalariados y aut¨®nomos declararon por dicho impuesto. Sin embargo, s¨®lo 4.168 declararon ingresos de m¨¢s de 600.000 euros de base imponible, s¨®lo 60.313 declararon m¨¢s de 150.000 euros y s¨®lo 548.823 declararon ingresos de m¨¢s de 60.000 euros.
Estos datos muestran que declaran y pagan sus impuestos aquellas personas cuyos salarios y remuneraciones son p¨²blicos o est¨¢n publicados por las empresas, as¨ª como los asalariados y pensionistas cuyos ingresos est¨¢n sujetos a retenci¨®n. Pero tambi¨¦n declaran y pagan sus impuestos aquellos buenos ciudadanos que, aunque sus remuneraciones no son p¨²blicas ni est¨¢n publicadas, declaran todo lo que ganan. El resto evita declararlos y pagarlos.
El reciente proyecto de Reforma Fiscal (2014), elimina los tres tramos m¨¢ximos del IRPF: m¨¢s de 300.000 euros, entre 175.000 y 300.000 euros y entre 120.000 y 175.000 euros, dejando s¨®lo, como tramo m¨¢ximo, el de m¨¢s de 60.000 euros y baja el tipo m¨¢ximo del 52% al 47% en 2015 y al 45% en el 2016. Esto podr¨ªa ayudar a aumentar las declaraciones de muchos contribuyentes hasta ahora opacos.
La mayor¨ªa de personas con rentas y patrimonios muy elevados no declaran por IRPF y si utilizan las Sociedades de Inversi¨®n de Capital Variable (Sicav) (creadas por la Ley 35/ 2003 y el Decreto Ley de 2 de julio de 2010) cuyos beneficios pagan el 1%. Estas Sicav fueron creadas para evitar que personas con grandes patrimonios decidieran des-localizarlos, legalmente, a otros pa¨ªses de la UE con fiscalidad m¨¢s ventajosa que la espa?ola. Existen tambi¨¦n Sicav en Francia, Reino Unido, Italia y Holanda. VDOS Stochastics (2014) estima en 27.575 millones de euros el patrimonio gestionado en Espa?a por las Sicav.
Seg¨²n c¨¢lculos del Gestha y la Universidad Rovira y Virgili (2014) la evasi¨®n fiscal en Espa?a ha aumentado 6,8 puntos de PIB entre 2008 y 2012, desde el 17, 85% al 25,6%, m¨¢s de 65.000 millones de euros, hasta alcanzar 253.000 millones. En la misma l¨ªnea, una reciente encuesta del Euro-Bar¨®metro de la CE, el 63% considera que la corrupci¨®n les afecta a su vida diaria, frente al 25% de media en la UE, y el 95% afirma que la corrupci¨®n en Espa?a es generalizada frente al 76% de la UE.
La llamada amnist¨ªa o regularizaci¨®n fiscal del Decreto Ley 12/ 2012 de 30 de marzo (tras las de 1984 y 1991) que caducaba el 30 de noviembre, aplicando un gravamen especial de s¨®lo el 10% para poder recaudar 2.500 millones de euros, consigui¨® 32.000 declarantes y dicha cantidad objetivo. Poco despu¨¦s, la Ley Org¨¢nica 7/2012 de 27 de diciembre elevaba la pena m¨¢xima a seis a?os y la prescripci¨®n a 10 a?os, obligando a declarar y regularizar toda la deuda tributaria.
Adem¨¢s, permit¨ªa que los acusados por delito fiscal tuviesen dos meses de plazo, desde su imputaci¨®n, para pagar la deuda tributaria con una peque?a sanci¨®n y rebajar su pena de c¨¢rcel, para que Hacienda pudiera cobrar antes y separar as¨ª el proceso administrativo-tributario del judicial penal. Asimismo, la Ley 7/2012 de 29 de octubre impon¨ªa la obligaci¨®n de declarar los bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) con graves sanciones por incumplimiento o cumplimiento tard¨ªo. Desde dicha ley, la Agencia Tributaria ha aflorado unos 100.000 millones de euros de 31.824 contribuyentes.
Segunda. Otra importante muestra de corrupci¨®n privada es la econom¨ªa sumergida que contiene actividades que, aun siendo productivas, evaden los impuestos directos e indirectos, la seguridad social, los salarios m¨ªnimos, el n¨²mero m¨¢ximo de horas y los controles administrativos.
Esta econom¨ªa sumergida es parcialmente detectable a trav¨¦s de las estad¨ªsticas del PIB por persona empleada, ya que consume energ¨ªa y productos intermedios, que las estad¨ªsticas del PIB detectan, que no se corresponden con el n¨²mero de empleados. Durante d¨¦cadas, el servicio dom¨¦stico se encontraba en esta situaci¨®n, siendo ahora obligatorio aflorarlo, lo que se consigue parcialmente.
Los estudios recientes sobre el tama?o de la econom¨ªa sumergida, en 2012, muestran porcentajes bastante dispares: seg¨²n Schneider (2013) alcanzaba el 19% del PIB; seg¨²n la Fundaci¨®n de Estudios Financieros (FEF 2013) el 19,2% del PIB; seg¨²n el Gestha (2013) el 25,6% del PIB y seg¨²n Santos Ruesga y Domingo Carbajo (2013) el 28% del PIB. Estos porcentajes son todos superiores a la media de la UE, (18,9% del PIB) y muy superiores a los de otros grandes miembros del ¨¢rea Euro como Francia (11%) y Alemania (13,7%), salvo en Italia, donde alcanza el 24,3% del PIB.
Esto explica parcialmente que, en 2012, la recaudaci¨®n por IVA en Espa?a alcanzase menos del 5% del PIB frente al 7% de media en la UE y la recaudaci¨®n de los impuestos indirectos alcanzase el 10,1% del PIB frente al 13,6% de la UE. La reciente encuesta europea de Eurobar¨®metro (2014) estima que el trabajo en negro en Espa?a podr¨ªa alcanzar al 33% de todos trabajadores. Conviene recordar aqu¨ª que tan defraudador es el que presenta la factura sin IVA como el que la acepta.
Tercera. A esta econom¨ªa sumergida se a?ade, finalmente, la econom¨ªa delictiva que opera totalmente fuera de la ley y con dinero negro, compuesta por el terrorismo, el narcotr¨¢fico, el tr¨¢fico de armas, el contrabando de mujeres, ni?as y ni?os, de ¨®rganos corporales y de especies, as¨ª como la prostituci¨®n inducida y la distribuci¨®n de drogas.
Estas actividades tienen todas en com¨²n que est¨¢n financiadas, casi en su totalidad, con billetes en euros, en d¨®lares y francos suizos de elevadas denominaciones, cuyos propietarios o usuarios no pueden ser detectados por ser billetes al portador y que estos suelen intentar lavar en para¨ªsos fiscales, a los que s¨®lo en estos ¨²ltimos a?os las autoridades fiscales nacionales les est¨¢n haciendo frente. En 2007, en plena burbuja inmobiliaria y de la construcci¨®n, circulaban en Espa?a el 36% de todos los billetes de 200 y de 500 euros del ¨¢rea euro, cuando el PIB de Espa?a era s¨®lo el 11,9% del total del ¨¢rea, es decir, tres veces menor, un porcentaje escandaloso.
Ahora bien, dichos billetes producen ingresos muy importantes a todos los estados miembros de la zona euro a trav¨¦s del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) por los beneficios que produce el denominado se?oreaje que es como se denomina la diferencia entre el valor facial de cada billete y el coste de producirlo.
Un billete de 500 euros cuesta producirlo 0,7 euros y tiene un valor de mercado de 500 euros, 71,4 veces mayor que su coste. De acuerdo con el BCE, en 2013, hab¨ªa 85 millones de billetes de 500 euros en circulaci¨®n, por valor de 42.500 millones, otros 47 millones de billetes de 200 euros por valor de 9.400 millones y otros 500 millones de billetes de 100 euros por valor de 50.000 millones. En total, 101.900 millones. Un buen negocio para el SEBC y los Estados miembros del ¨¢rea Euro que terminan recibiendo parte de la diferencia entre su coste de producci¨®n y su valor de mercado, al repartirse los beneficios del BCE.
Esta econom¨ªa delictiva utiliza, crecientemente, los billetes de euros de alta denominaci¨®n que compiten con ventaja con los de d¨®lar, ya que Estados Unidos ha ido eliminando su producci¨®n de billetes de altas denominaciones, siendo el m¨¢ximo el de 100 d¨®lares y en el Reino Unido el de 50 libras, aunque Suiza sigue produciendo los de 500 y 1.000 francos. En definitiva, ser¨ªa mucho m¨¢s l¨®gico y m¨¢s justo que las autoridades fiscales intentaran recaudar m¨¢s impuestos de estos evasores delictivos y reducir el se?oreaje y, por tanto, la delincuencia.
Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research).
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