Nacionalizar para salvar empleos
La posibilidad de despidos masivos reabre el debate sobre la participaci¨®n p¨²blica en empresas privadas
Las ¨²ltimas crisis industriales de Nissan y Alcoa han reabierto el debate sobre la posibilidad de que las administraciones espa?olas pudieran entrar en el capital de compa?¨ªas en crisis, con el objetivo de salvar sus empleos. El vicepresidente primero del Gobierno, P...
Las ¨²ltimas crisis industriales de Nissan y Alcoa han reabierto el debate sobre la posibilidad de que las administraciones espa?olas pudieran entrar en el capital de compa?¨ªas en crisis, con el objetivo de salvar sus empleos. El vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, dijo que la Constituci¨®n lo permit¨ªa y un d¨ªa despu¨¦s el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, lanzaba una reflexi¨®n en la que planteaba la posibilidad de que la Administraci¨®n catalana modificara su pol¨ªtica de incentivos para atraer capital extranjero. ¡°Quiz¨¢s abandonar la idea de la subvenci¨®n y pensar m¨¢s en un entramado de capital para tener incidencia en las decisiones de las multinacionales, ya que demandan que haya una aportaci¨®n p¨²blica para ganar competitividad¡±, dijo.
¡°La Constituci¨®n implica el derecho de la propiedad y la econom¨ªa de mercado, pero es cierto que tambi¨¦n permite la nacionalizaci¨®n¡±, defiende sobre el marco general el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arb¨®s. ¡°El Tribunal Constitucional permite la nacionalizaci¨®n siempre que la actividad de la empresa sea un servicio esencial para la sociedad¡±, tercia Joan Trayter, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona. En una sentencia, el Constitucional defini¨® como servicio esencial ¡°aquella actividad industrial o mercantil de la que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de una comunidad¡±. En todo caso, la decisi¨®n tendr¨ªa que ser convalidada en el Parlamento, tendr¨ªa que ser proporcionada y de inter¨¦s general y la participaci¨®n de la empresa deber¨ªa ser pagada con un justiprecio.
Juan Antonio Maroto, profesor de Econom¨ªa Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, matiza que el marco de competencia de la Uni¨®n Europea impide las nacionalizaciones, aunque la Comisi¨®n ha abierto la posibilidad de ¡°intervenciones financieras¡± p¨²blicas sobre algunas compa?¨ªas siempre y cuando sean temporales. ¡°La intervenci¨®n p¨²blica tiene su momento y cuando no interviene el factor tiempo (entrada y salida calendarizada) es una aberraci¨®n, porque est¨¢s creando una competencia ileg¨ªtima y desleal y porque una Administraci¨®n P¨²blica va a correr mayores riesgos que una empresa privada¡±, defiende, aunque asegura que esa potencial incorporaci¨®n de la Administraci¨®n en empresas s¨ª que se podr¨ªa defender para aprovechar la entrada de los sindicatos en los ¨®rganos de gobierno, tal y como sucede en algunas empresas en Francia y Alemania.
Las participaciones p¨²blicas en empresas privadas no son un camino desconocido en Espa?a. La propia Generalitat convirti¨® en capital unos cr¨¦ditos concedidos al grupo auxiliar de la automoci¨®n Ficosa cuando entr¨® Panasonic en su accionariado y recuper¨® esos recursos p¨²blicos poco despu¨¦s. Hoy es el principal accionista de la sociedad que explota el circuito de Montmel¨®, que cada a?o cierra con p¨¦rdidas, y tambi¨¦n es la propietaria de la mayor parte de estaciones de esqu¨ª catalanas (tambi¨¦n deficitarias), bajo el argumento de que son vitales para la econom¨ªa de las comarcas donde est¨¢n ubicadas.
Spanair y Santana
Es recordada tambi¨¦n la participaci¨®n de la Generalitat en la compa?¨ªa quebrada Spanair, un intento de crear desde la iniciativa privada una aerol¨ªnea que impulsara el aeropuerto de El Prat como hub internacional. En Andaluc¨ªa hubo otro ejemplo: el de la nacionalizaci¨®n de la antigua Santana en 1994 por parte de la Junta de Andaluc¨ªa para salvar a la plantilla, que acab¨® dos d¨¦cadas despu¨¦s con unas p¨¦rdidas acumuladas de al menos 287 millones de euros.
Jan Eeckhout, profesor de investigaci¨®n de ICREA-UPF, vinculado al Departamento de Econom¨ªa y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, cree que la entrada en una empresa privada debe regirse por dos puntos de partida. ¡°Si realmente puede conseguir aquello que pretende la Administraci¨®n y si esa entrada en el capital es realmente la mejor forma de hacerlo¡±, dice. Considera que esas dos premisas se tienen que tener en cuenta porque puede acabar pasando que, aunque el objetivo sea el de salvar los puestos de trabajo, ¡°esas buenas intenciones acaben convirti¨¦ndose en una ayuda a los propietarios de Nissan¡±. ¡°Parece muy result¨®n para el pol¨ªtico, una f¨®rmula algo populista¡±, concluye Eeckhout, quien anima a realizar esa misma inversi¨®n en comercios y bares a los que la crisis sanitaria les ha hecho un roto durante el estado de alarma.
¡°Es una p¨¦sima idea, porque la Administraci¨®n utilizar¨¢ recursos escasos que podr¨ªa utilizar en la sanidad p¨²blica en una empresa que no va a sobrevivir¡±, apunta m¨¢s directo Javier D¨ªaz, profesor de Econom¨ªa del IESE. ¡°Si yo quiero ayudar directamente a la gente, les tengo que dar formaci¨®n para que se adapten a la nueva situaci¨®n o destinar esos recursos al ingreso m¨ªnimo vital, que me parece una buena idea¡±, remacha, subrayando que la posibilidad de que ese tipo de propuestas acaben provocando incertidumbre en las empresas que quieran invertir en Espa?a.
Bruselas permite las ayudas como ¨²ltimo recurso
La Comisi¨®n Europea ha permitido a los Estados miembros que entren en el capital de empresas privadas que se encuentren en una situaci¨®n de debilidad a causa de la crisis por la pandemia, pero propone que esa decisi¨®n sea de ¨²ltimo recurso y con importantes condicionantes. Solo se har¨¢ si esa nacionalizaci¨®n puede evitar ¡°sufrimiento social¡± o ¡°fallos de mercado¡±, como podr¨ªa ser la destrucci¨®n de un gran n¨²mero de empleos.
En todo caso, Bruselas reclama a los Estados que est¨¦ asegurada su salida con una remuneraci¨®n y que se paute la desinversi¨®n. El periodo de tiempo que se considera prudencial para estar en el accionariado es de seis a?os (siete en el caso de pymes) y, si tras ese periodo se mantiene el capital, se tendr¨ªa que remitir a la Comisi¨®n un plan de reestructuraci¨®n. En ning¨²n caso mientras haya participaci¨®n p¨²blicas las empresas podr¨¢n repartir dividendos e, incluso, se limitar¨¢n los salarios de los directivos hasta que la inversi¨®n p¨²blica se haya amortizado en un 75% de su importe inicial.