El Gobierno prev¨¦ alargar hasta enero las restricciones para desahuciar a inquilinos

El Gobierno se dispone a extender las medidas especiales que aprob¨® el pasado marzo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre la vivienda. Seg¨²n fuentes del Ejecutivo, este martes el Consejo de Ministros debatir¨¢ una pr¨®rroga para que esas medidas, que inicialmente se aplican hasta el 30 de septiembre, se prolonguen hasta el pr¨®ximo 31 de enero y se da por hecho que el tr¨¢mite obtendr¨¢ la luz verde. Otras fuentes gu...

El Gobierno se dispone a extender las medidas especiales que aprob¨® el pasado marzo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre la vivienda. Seg¨²n fuentes del Ejecutivo, este martes el Consejo de Ministros debatir¨¢ una pr¨®rroga para que esas medidas, que inicialmente se aplican hasta el 30 de septiembre, se prolonguen hasta el pr¨®ximo 31 de enero y se da por hecho que el tr¨¢mite obtendr¨¢ la luz verde. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, se?alan que el acuerdo que finalmente se alcance todav¨ªa puede variar en algunos aspectos, puesto que la propuesta que se pondr¨¢ sobre la mesa del Consejo no est¨¢ completamente cerrada. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargado en la elaboraci¨®n de esa propuesta puesto que tiene las competencias estatales en Vivienda, se mantiene hasta el momento en silencio.

De acuerdo con las primeras fuentes citadas, durante cuatro meses m¨¢s se mantendr¨¢n, al menos, las restricciones para desahuciar a inquilinos y la pr¨®rroga obligatoria de los contratos de arrendamiento que expiren en ese tiempo. Tambi¨¦n la obligatoriedad de los grandes propietarios (los que tienen m¨¢s de 10 viviendas) de aceptar quitas de un 50% de las rentas o acordar con los inquilinos un aplazamiento de las mismas. Aunque forma parte de las conversaciones, no est¨¢ claro si afectar¨¢ a otras medidas acordadas en marzo como la l¨ªnea de avales a inquilinos, las ayudas directas al alquiler o la moratoria hipotecaria.

El pasado 31 de marzo, el Gobierno aprob¨® un real decreto para paliar las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. Ello llev¨® a la prohibici¨®n de desahuciar a inquilinos en situaci¨®n de vulnerabilidad (aquellos que pueden demostrar una merma sustancial de ingresos a causa de la epidemia) si no se les pod¨ªa ofrecer una alternativa habitacional. La citada prohibici¨®n, desde que los juzgados normalizaron su actividad tras el fin del estado de alarma, exige que el afectado la solicite.

De la misma manera, el citado decreto tambi¨¦n estableci¨® una pr¨®rroga obligatoria de los contratos de arrendamiento que expirasen hasta el 30 de septiembre (inicialmente se iba a aplicar hasta dos meses despu¨¦s de la finalizaci¨®n del estado de alarma, pero el Ejecutivo la extendi¨® luego hasta el presente mes). La prolongaci¨®n del contrato, por un m¨¢ximo de seis meses, se aplica a petici¨®n del inquilino y el propietario tiene la obligaci¨®n de aceptarla sin variar en nada las condiciones del arrendamiento. Siempre seg¨²n las mencionadas fuentes del Gobierno, ahora la podr¨¢n solicitar tambi¨¦n los arrendatarios cuyos contratos se acaben entre los pr¨®ximos 1 de octubre y 31 de enero.

Una tercera l¨ªnea de actuaci¨®n del decreto de marzo impon¨ªa una rebaja o aplazamiento de las rentas cuando el arrendador fuera un gran propietario. Este se defin¨ªa como alguien con m¨¢s de 10 inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o con inmuebles urbanos que sumen m¨¢s de 1.500 metros cuadrados. Si el inquilino pide alguna medida para aliviar la renta mensual que paga, estos caseros est¨¢n obligados a aplicar una rebaja temporal de las rentas del 50% o un aplazamiento del pago, que luego se devolver¨ªa prorrateado en un m¨¢ximo de tres a?os. La soluci¨®n que elija el propietario se aplica por un m¨¢ximo de cuatro meses. En principio eso no variar¨¢, pero el Ejecutivo s¨ª puede extender el plazo para que los arrendatarios puedan acogerse a esta norma hasta el 31 de enero.

En todos los casos, el requisito previo es justificar que existe una situaci¨®n de vulnerabilidad social a causa de la pandemia de covid-19. El Gobierno fij¨® al inicio de la crisis dos requisitos para ello. El primero es pasar a una situaci¨®n de desempleo total o parcial (ERTE) tras el inicio de la alarma sanitaria en Espa?a. En el caso de empresarios o aut¨®nomos, se debe acreditar una ca¨ªda de los ingresos o la facturaci¨®n del 40%. El segundo condicionante es que, a consecuencia del anterior, los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM (lo que equivale a 1.613,52 euros al mes), con algunos multiplicadores en el caso de tener hijos o personas dependientes al cargo.

La ampliaci¨®n de las moratorias sobre desahucios y contratos de alquiler ha sido reivindicada desde hace meses por grupos activistas en favor del derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los sindicatos de inquilinos. Estos grupos, sin embargo, apuestan por una extensi¨®n m¨¢s amplia, que contemple todo 2021. De momento, parece que el Ejecutivo solo contemplar¨¢ una prolongaci¨®n durante cuatro meses y que llegar¨¢ casi sobre la bocina. El Consejo de Ministros de este martes se celebra tan solo un d¨ªa antes de la fecha en que estaba previsto que expirasen las medidas.