Los desahucios de inquilinos caen un 90% por las medidas especiales de la pandemia

Los lanzamientos de vivienda practicados por los juzgados en Espa?a durante el segundo trimestre de este a?o muestran un descenso sin precedentes. Las cifras publicadas este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son, sin embargo, comparables con la serie hist¨®rica por las circunstancias especiales del periodo, gran parte del cual comprendi¨® el estado de alarma por el coronavirus (vigente del 14 de marzo al 21 de junio), en el que los juzgados solo prestaron servicios esenciales. Adem¨¢s, el Gobierno decret¨® el 31 de marzo una suspensi¨®n de los desahucios hasta el 1 de octubre para inquilinos en situaci¨®n de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus.

En la pr¨¢ctica, todos esos condicionantes se tradujeron en 1.013 lanzamientos de inquilinos practicados por los juzgados entre abril y junio, un 89,8% menos que en el mismo periodo de 2019 (cuando la cifra se acerc¨® a 10.000). El lanzamiento es como se conoce en el argot judicial al procedimiento que culmina el desahucio, cuando se devuelve la posesi¨®n del inmueble al propietario del mismo y se levanta un acta judicial.

Si la cifra de desahucios de inquilinos, que desde hace a?os constituyen la amplia mayor¨ªa de personas que son expulsadas de su vivienda en Espa?a, es llamativa; todav¨ªa lo es m¨¢s la estad¨ªstica de lanzamientos de personas por impago de la hipoteca. En el segundo trimestre del a?o los juzgados practicaron tan solo 300 lanzamientos por este motivo, un 92,1% menos que el a?o pasado. La suma de ambas cifras, m¨¢s los desahucios que se atribuyen a otros motivos, dejaron la cifra total de lanzamientos entre abril y junio en 1.383, un 90,6% menos. Andaluc¨ªa (275), Comunidad Valenciana (195) y Catalu?a (148) fueron las tres comunidades con un mayor n¨²mero de lanzamientos. Si se observan solo los desahucios de inquilinos, se repiten estas tres primeras posiciones.

Pese a que el descenso de lanzamientos de personas que viven de alquiler es una constante desde mediados de 2019, cuando se invirti¨® la tendencia de los a?os anteriores y empezaron a registrarse leves ca¨ªdas interanuales, el desplome registrado por el CGPJ en el segundo trimestre de este a?o no constituye un indicador fiable de esa tendencia. Entre las medidas para paliar las consecuencias sociales de la epidemia, el Gobierno aprob¨® el 31 de marzo un decreto que introdujo varias medidas en materia de alquileres.

Entre estas, destacaban la pr¨®rroga en seis meses del contrato de arrendamiento si este vence antes del 1 de octubre y el inquilino lo solicita; la obligatoriedad para grandes propietarios de vivienda de aceptar una quita de la renta o un aplazamiento de su pago; y la ya mencionada suspensi¨®n de los desahucios, igualmente hasta el 1 de octubre. Esta ¨²ltima, desde la finalizaci¨®n del estado de alarma y la consecuente reactivaci¨®n de los juzgados, solo se aplica cuando el inquilino lo solicita y acredita su situaci¨®n de vulnerabilidad por la covid-19. Adem¨¢s, tambi¨¦n concurren otras circunstancias, como que el arrendador tambi¨¦n demuestre que se encuentra en situaci¨®n vulnerable, en cuyo caso corresponde al juez decidir.

En gran parte esas normas tambi¨¦n afectar¨¢n a la estad¨ªstica del tercer trimestre del a?o (julio-septiembre), pero est¨¢ por ver qu¨¦ suceder¨¢ una vez se levanten las restricciones. Otra posibilidad es que el Gobierno prolongue la aplicaci¨®n de las restricciones a los desahucios m¨¢s all¨¢ de octubre, como demandan los sindicatos de inquilinos.

La estad¨ªstica del CGPJ tambi¨¦n recoge los datos de los juicios verbales posesorios por ocupaci¨®n ilegal de viviendas desde mediados de 2018. Ese procedimiento requiere que el propietario que reclama que su inmueble ha sido ocupado sea una persona f¨ªsica, una entidad sin ¨¢nimo de lucro o una administraci¨®n p¨²blica, por lo que no sirve para valorar el conjunto de la ocupaci¨®n porque deja fuera los inmuebles que son propiedad de bancos, fondos u otras empresas. Entre abril y junio ingresaron en los juzgados 757 de este tipo, casi 200 menos que en el segundo trimestre del a?o pasado (953). La menor actividad de los juzgados afect¨® al n¨²mero de casos de este tipo resueltos, 449 (frente a m¨¢s de 700 entre abril y junio de 2019), por lo que continu¨® aumentando el n¨²mero de asuntos pendientes de resoluci¨®n: si a finales del pasado marzo eran 2.216, a mediados de a?o esa cifra hab¨ªa crecido hasta los 2.538 procedimientos.