El PP y VOX anuncian que recurrir¨¢n en el Constitucional el decreto que limita los desahucios

El debate para la convalidaci¨®n del decreto que regul¨® la figura del consumidor vulnerable se ha transformado, como era previsible, en un nuevo rifirrafe entre el Gobierno y la oposici¨®n a cuenta de la vivienda y la okupaci¨®n. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha se?alado la intenci¨®n de su partido de poner un recurso contra esa norma en el Tribunal Constitucional, algo que tambi¨¦n ha dicho Vox que har¨¢. Ciudadanos...

El debate para la convalidaci¨®n del decreto que regul¨® la figura del consumidor vulnerable se ha transformado, como era previsible, en un nuevo rifirrafe entre el Gobierno y la oposici¨®n a cuenta de la vivienda y la okupaci¨®n. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha se?alado la intenci¨®n de su partido de poner un recurso contra esa norma en el Tribunal Constitucional, algo que tambi¨¦n ha dicho Vox que har¨¢. Ciudadanos y el PDeCat tambi¨¦n han mostrado su oposici¨®n al decreto, que no obstante tiene el apoyo de la mayor¨ªa de grupos de la c¨¢mara. El ministro de Consumo, Alberto Garz¨®n, ha mostrado su intenci¨®n de pedir la tramitaci¨®n del decreto como proyecto de ley, con lo que tras su previsible convalidaci¨®n se iniciar¨ªa un procedimiento parlamentario que permitir¨¢ introducir enmiendas.

Aunque el real decreto ley 1/2021, aprobado el pasado 19 de enero, tuvo por objeto principal la regulaci¨®n de la figura de consumidor vulnerable, fue su disposici¨®n final primera la que m¨¢s polvareda ha levantado. La misma correg¨ªa el decreto antidesahucios que el Gobierno hab¨ªa aprobado un mes antes, para ampliar tambi¨¦n a procedimientos penales la aplicaci¨®n de esa norma (que inicialmente solo se contemplaba cuando el desalojo segu¨ªa el procedimiento civil). Para ello, correg¨ªa el primer texto, que se?alaba que no se pod¨ªa aplicar la norma si la entrada en el inmueble era ¡°consecuencia de un delito¡±. Esa referencia se elimin¨® y se restringi¨® solo a los casos en que la entrada ¡°se haya producido mediando intimidaci¨®n o violencia sobre las personas¡±.

El sector inmobiliario ya mostr¨® en su d¨ªa su postura contraria al cambio, alegando que ampara algunos supuestos delictivos (la usurpaci¨®n pac¨ªfica), aunque los expertos legales dudan de sus consecuencias reales, por tener un alcance muy limitado. La legislaci¨®n ampara la ocupaci¨®n de vivienda sin t¨ªtulo habilitante (es decir, de manera ilegal) solo cuando se trata de hogares vulnerables econ¨®micamente con menores, personas dependientes o v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero.

En la presentaci¨®n inicial del decreto, el ministro Garz¨®n apenas ha hecho referencia al asunto de la vivienda, centr¨¢ndose en el aspecto central de la norma y el que es, adem¨¢s, competencia de su Ministerio. Pero en la primera respuesta que ha obtenido ha quedado claro que el debate ir¨ªa por otros derroteros. Gamarra ha asegurado que la intenci¨®n del Ejecutivo no es otra que ¡°avalar las ocupaciones ilegales como aperitivo a la ley intervencionista y comunista de vivienda¡±, en alusi¨®n a la norma que est¨¢ preparando el Ejecutivo y que ser¨ªa la primera ley estatal de vivienda de la Democracia. La portavoz del principal partido de la oposici¨®n ha indicado que ¡°los ¨²nicos beneficiarios de normas como esta ser¨¢n las mafias y los okupas¡± y ha defendido que se ¡°ataca¡± el derecho a la propiedad privada, en lo que se basar¨¢ un recurso que su partido presentar¨¢ ante el Tribunal Constitucional.

Mayor¨ªa a favor

En sus turnos de intervenci¨®n, tambi¨¦n Vox, a trav¨¦s de Cristina Alicia Esteban, y Ciudadanos, con Eduardo Bal, han atacado el decreto estimando que suponen un llamamiento a la ocupaci¨®n. La formaci¨®n de Santiago Abascal ha anunciado que tambi¨¦n recurrir¨ªa al Constitucional, mientras que Bal ha recordado que la primera norma antidesahucios, la del pasado diciembre, tuvo el apoyo se su partido. Esta no lo tiene ya que, a su juicio, ¡°es ilegal porque el c¨®digo penal obliga a las fuerzas de seguridad a reparar los efectos de un delito¡±. Tambi¨¦n el PDeCat ha anunciado su voto contrario, aunque se ha mostrado a favor de la tramitaci¨®n como proyecto de ley.

Las fuerzas de izquierdas y el PNV han mostrado su apoyo a la norma, aunque Pilar Valluguera (ERC) lo ha calificado de ¡°decreto ensaladilla¡±. ¡°Tiene un poquito de todo¡±, ha a?adido la diputada catalana, quien ha centrado su discurso en denunciar que ¡°demagogia es decir que un d¨ªa vas a salir de casa y cuando vuelves te la han ocupado y que este texto lo permite¡±. Las dos fuerzas del Gobierno de coalici¨®n tambi¨¦n han acusado de ¡°demagogia¡± a la oposici¨®n. La diputada del PSOE Marisol S¨¢nchez ha calificado de ¡°soflama de patra?as y mentiras¡± el discurso de la oposici¨®n, a la que ha acusado de llegar a la C¨¢mara ¡°difundiendo e infundiendo el miedo y el temor¡±. S¨¢nchez ha defendido que en la norma ¡°no hay efecto llamada a la ocupaci¨®n¡±, por la limitaci¨®n temporal de la misma, y que ¡°no conculca el derecho a la propiedad privada¡± ya que es un juez el que decide la paralizaci¨®n del desahucio.

El paquete de medidas aprobadas entre diciembre y enero se acota temporalmente al estado de alarma -aunque ciertamente Podemos ha mostrado su voluntad de extender alguna medida m¨¢s all¨¢ a trav¨¦s de la futura ley de vivienda-. El decreto de diciembre, que es el que realmente regulaba c¨®mo proceder con los desalojos hasta el pr¨®ximo 9 de mayo (cuando te¨®ricamente acaba el estado de alarma), contempla adem¨¢s que la suspensi¨®n del desalojo dure un m¨¢ximo de 3 meses, regula compensaciones a los propietarios si pasado ese periodo no han recuperado la posesi¨®n de su vivienda y se?ala que los supuestos de personas vulnerables sin t¨ªtulo solo se aplican sobre pisos de grandes propietarios que estuvieran vac¨ªos (si se demuestra que el inmueble es primera o segunda residencia de alguien, no se aplica). En ninguno de los casos que se contemplan (el principal es el de personas con contrato de alquiler que no pueden hacer frente a la renta) la suspensi¨®n del desahucio es autom¨¢tica, es el juez el que, al llegarle el caso por procedimiento civil o penal, decide si paraliza el desalojo tras solicitar un informe a los servicios sociales.