El Gobierno planea compensar a los propietarios de vivienda afectados por el decreto antidesahucios

El Gobierno conf¨ªa en aprobar en las pr¨®ximas semanas -en el Consejo de Ministros del 22 o en el del 29 de diciembre- el nuevo decreto antidesahucios, cuyo borrador ha sido remitido a la comisi¨®n de secretarios y subsecretarios de Estado este jueves. En la propuesta, a la que ha tenido acceso EL PA?S, se recoge una compensaci¨®n a los propietarios de vivienda, tanto si el desalojo que se paraliza implica a un inquilino con contrato de arrendamiento o a una familia vulnerable que ocupa una vivienda sin t¨ªtulo legal. La cuesti¨®n ha levantado ampollas en el Gobierno de coalici¨®n en las ¨²ltimas semanas sobre todo a cuenta de uno de los nuevos supuestos que contemplar¨¢ el decreto: el de las personas que ocupan ilegalmente un inmueble.

Los requisitos para acceder a las indemnizaciones ser¨¢n m¨¢s estrictos cuando el inquilino carece de contrato de alquiler. En todos los casos es el arrendador quien debe justificar su perjuicio y pedir la compensaci¨®n, una vez que la Administraci¨®n haya sido incapaz de encontrar en tres meses una alternativa habitacional a las personas que van a ser desalojadas. La cuant¨ªa depender¨¢ de los precios medios del mercado en la zona donde est¨¢ el inmueble o, cuando haya contrato legal, de la renta no percibida si esta es inferior a la media.

Delimitar las circunstancias en que se puede paralizar un desahucio y ofrecer, o no, una compensaci¨®n a los propietarios de esos inmuebles ha dividido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por el socialista Jos¨¦ Luis ?balos, y a la Vicepresidencia de Derechos Sociales (el buque insignia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, con Pablo Iglesias al frente). Conforme avanzaron las negociaciones se a?adieron adem¨¢s la Vicepresidencia de Asuntos Econ¨®micos y el Ministerio de Justicia, ambos en manos socialistas.

Fuentes de Unidas Podemos dan por hecho que el texto se aprobar¨¢ el pr¨®ximo martes. Las reuniones se han sucedido en las ¨²ltimas semanas y el grado de acuerdo es bastante alto, pero fuentes de Transportes se?alan que el env¨ªo a la comisi¨®n de secretarios es una prueba para ¡°saber si puede haber alg¨²n problema por otros Ministerios¡± que exijan cambiar aspectos del borrador. Este mismo jueves, en un acto en Valladolid, ?balos ha dicho que, de existir alg¨²n impedimento, la aprobaci¨®n se retrasar¨ªa una semana. En Derechos Sociales, m¨¢s apremiados por los plazos ya que Iglesias anunci¨® a finales de noviembre una soluci¨®n en 15 d¨ªas, se?alan que ¡°quedan flecos¡±. La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha dicho este jueves que el acuerdo final ser¨¢ ¡°moderadamente satisfactorio¡± y que su partido no se siente ¡°especialmente c¨®modo¡± con las compensaciones a grandes propietarios; es decir, a Unidas Podemos no le gustan estas indemnizaciones pero no las va a vetar. De hecho, las citadas fuentes del partido han admitido que ese punto ¡°ha sido aceptado para lograr que la medida saliese adelante¡±.

El borrador elaborado por Transportes recoge, tal y como exig¨ªa Podemos, la paralizaci¨®n de desahucios a ocupantes de viviendas sin t¨ªtulo legal siempre que se acredite su vulnerabilidad y que el propietario sea un gran tenedor de vivienda (el que tiene m¨¢s de 10 inmuebles). A cambio, contempla que este tipo de propietarios puedan pedir una compensaci¨®n a las Administraciones p¨²blicas, cuando estas hayan sido incapaces de encontrar una alternativa que facilite el desalojo, algo que los socialistas del Gobierno ven necesario para garantizar la seguridad jur¨ªdica y no encontrarse con un recurso ante del Tribunal Constitucional por vulneraci¨®n del derecho a la propiedad.

El juez decidir¨¢

?Qu¨¦ pasar¨¢ cuando alguien inicie un procedimiento legal para expulsar de una vivienda a quien la ocupa sin t¨ªtulo? El texto se?ala, de entrada, que este proceso no se podr¨¢ detener cuando al otro lado haya un peque?o propietario. Cuando lo que hay es un gran tenedor, el juez deber¨¢ contar con un informe de los servicios sociales que acredite la vulnerabilidad del hogar al que se pretende desalojar de la vivienda. Para ello, los ocupantes de la vivienda deber¨¢n demostrar los supuestos de vulnerabilidad ya establecidos en otro decreto en marzo: estar en situaci¨®n de desempleo, estar sujeto a un ERTE (despido temporal) o haber tenido que reducir la jornada para cuidar a otras personas y que los ingresos de la unidad familiar no alcancen tres veces el IPREM (lo que equivale a 1.613,52 euros) con algunos multiplicadores para hogares con personas al cargo.

Adem¨¢s, la propuesta que Transportes quiere llevar al Consejo de Ministros tambi¨¦n se?ala que el juez deber¨¢ considerar, contando para ello con el informe de los servicios sociales, que los ocupantes de la vivienda hayan entrado en la misma ¡°por una situaci¨®n de extrema necesidad¡± y cu¨¢l es su grado de colaboraci¨®n con las autoridades para encontrar un lugar alternativo donde vivir. El desalojo no se puede paralizar si el propietario demuestra que es su primera o segunda residencia (en el caso de grandes tenedores que son personas f¨ªsicas) o que lo tiene cedido a una persona mediante t¨ªtulo legal para esos fines (en el caso de personas jur¨ªdicas). Adem¨¢s, los jueces tampoco podr¨¢n acordar la paralizaci¨®n de desahucio si en el acto de entrada en la vivienda se ha utilizado violencia o intimidaci¨®n sobre personas, si hay indicios de que la casa se usa para fines il¨ªcitos o si forma parte de un parque de viviendas sociales y ya ha sido asignada a alg¨²n beneficiario. La norma tampoco se aplicar¨¢ en casos en que la entrada en la vivienda sea posterior a la puesta en marcha del decreto.

Hechas todas esas salvedades, el juez podr¨¢ acordar la suspensi¨®n del procedimiento durante un m¨¢ximo de tres meses o, si se cumple antes este plazo, hasta la finalizaci¨®n del actual estado de alarma (prevista para el 9 de mayo). En ese periodo, las Administraciones p¨²blicas ¡°deber¨¢n adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren necesarias para satisfacer la necesidad habitacional de las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna¡±. Este ¨²ltimo concepto, el de ¡°vivienda digna¡±, es tambi¨¦n uno de los requisitos que ped¨ªa la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Es decir, que deber¨¢n buscar una alternativa para que las personas vulnerables que van a ser desalojadas no se queden en la calle.

Si en el plazo de tres meses (el que como m¨¢ximo permite paralizar el lanzamiento) no se ha encontrado esa alternativa, entonces los propietarios podr¨¢n pedir una compensaci¨®n econ¨®mica. Para ello deber¨¢n justificarlo ante el juez y podr¨¢n tomar como base del c¨¢lculo el importe medio de las rentas de la zona que determine el ¨ªndice de referencia estatal (una estad¨ªstica que puso en marcha transportes el pasado verano) u otros similares (hay comunidades como Catalu?a o la Comunidad Valenciana que tienen estad¨ªsticas propias). No obstante, el borrador se?ala que los grandes propietarios tambi¨¦n deber¨¢n acreditar que la situaci¨®n les causa un perjuicio econ¨®mico y demostrar para ello que, antes de que la vivienda fuera ocupada, estaba ofertada para su venta o alquiler. Es decir, no se compensar¨¢ a viviendas que estuvieran vac¨ªas y que fondos, bancos u otras compa?¨ªas tuvieran inactivas antes de que alguien entrara en ellas.

Novedades para los inquilinos con contrato

Adem¨¢s, el decreto tambi¨¦n trae novedades para los desahucios de inquilinos que s¨ª tienen un contrato. Las principales son que se ampl¨ªan los supuestos de vulnerabilidad y que los propietarios (peque?os o grandes tenedores) tambi¨¦n tendr¨¢n derecho a compensaciones. En este caso la compensaci¨®n se calcular¨¢ igualmente con la renta media de la forma que determine una estad¨ªstica oficial, pero si esta media es superior a la renta real que estipula el contrato de arrendamiento se tomar¨¢ como referencia esta ¨²ltima.

En cuanto a los supuestos de vulnerabilidad, una de las carencias que se detectaban en el decreto para parar desahucios aprobado el pasado marzo (y prorrogado en dos ocasiones, con vencimiento previsto el pr¨®ximo 31 de enero) era que solo contemplaba los casos en que la fragilidad del inquilino deriva de la pandemia. Para ello hab¨ªa que justificar una p¨¦rdida de ingresos por quedar parado, en ERTE o reducir jornada de manera que no se superase tres veces el IPREM y, adem¨¢s, que la renta y los gastos del hogar superasen el 35% de los ingresos. Ahora estas dos condiciones no ser¨¢n necesarias, bastar¨¢ con cumplir una de ellas para pedir el juez que paralice el proceso. Este podr¨¢ hacerlo hasta el d¨ªa en que acabe el estado de alarma, cuando se reanudar¨¢n los plazos, y en el informe que pida a los servicios sociales estos podr¨¢n determinar las medidas que deben tomar las Administraciones ante el inquilino vulnerable. Si transcurridos tres meses no se ha encontrado una soluci¨®n, el propietario podr¨¢ pedir la indemnizaci¨®n.

Por ¨²ltimo, el decreto contempla varias disposiciones que ponen deberes a los principales ministerios implicados en la negociaci¨®n. Transportes deber¨¢ sacar en un mes un nuevo decreto en que se modifique el plan estatal de vivienda para que las comunidades aut¨®nomas (que son las que tienen transferidas la mayor¨ªa de competencias en vivienda) puedan usar los fondos de dicho programa en el pago de las compensaciones a los propietarios. Dicho decreto servir¨¢ adem¨¢s para definir c¨®mo ser¨¢ el proceso de presentaci¨®n, tramitaci¨®n y resoluci¨®n de solicitudes. A Derechos Sociales le corresponder¨¢ fijar el modelo con el que, mensualmente seg¨²n el nuevo decreto, las comunidades deber¨¢n informarle del n¨²mero de comunicaciones recibidas por los servicios sociales, el plazo y volumen de informes emitidos y el tipo de medidas que se han acordado.

El borrador no contempla otra de las medidas que Unidas Podemos quiere aprobar: la prohibici¨®n del corte de suministros b¨¢sicos (agua, luz y gas) durante la pandemia en hogares vulnerables. En este caso es una competencia del Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica y la intenci¨®n es llevarlo en alguna de las normas que el Gobierno apruebe pr¨®ximamente. Sin embargo, fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales se?alan que de momento es imposible dar ese paso porque el ministerio que encabeza Teresa Ribera no les ha hecho llegar su propuesta.