El ¡®Green Deal¡¯ necesita m¨¢s competencia, no menos

Recientemente se ha abierto en la Uni¨®n Europea un debate interesante, pero no exento de riesgos: ?Se deben modificar las normas de defensa de la competencia para contribuir al Pacto Verde Europeo? El pasado 4 de febrero la Comisi¨®n Europea organiz¨® una conferencia en torno a esta pregunta, sobre la que acad¨¦micos, sociedad civil, empresas y representantes pol¨ªticos debatimos en torno a cuatro grandes ejes: ambici¨®n pol¨ªtica, innovaci¨®n, acuerdos restrictivos de la competencia y fusiones, y ayudas de Estado.

La conclusi¨®n fue un¨¢nime: la pol¨ªtica de defensa de la competencia puede y debe jugar un papel fundamental para alcanzar los objetivos en materia de clima y energ¨ªa. Si la regulaci¨®n y la fiscalidad juegan su papel para que las empresas incorporen a sus decisiones los costes y beneficios medioambientales que generan, la competencia puede convertirse en una v¨ªa eficaz para la mejora de la sostenibilidad. La competencia incentiva a las empresas a innovar para reducir el uso de recursos, para desarrollar nuevas v¨ªas de descarbonizaci¨®n, para idear productos m¨¢s sostenibles. Y todo ello, en beneficio de los consumidores y de la sociedad. La funci¨®n social de la competencia merece ser puesta en valor.

Hay quienes abogan por una relajaci¨®n de las normas de competencia. Esgrimen que la innovaci¨®n necesita que los rivales cooperen. Pero el Tratado de Funcionamiento de la Uni¨®n Europea, a trav¨¦s de su art¨ªculo 101(3), ya contempla exenciones al permitir acuerdos restrictivos de la competencia, siempre que los beneficios superen los costes, que no haya alternativas menos costosas, y que los consumidores obtengan una participaci¨®n justa de los beneficios. Ir m¨¢s all¨¢ abrir¨ªa la puerta a un greenwashing que podr¨ªa justificar, indebidamente, violaciones de las normas de competencia. Si a los rivales se les permite cooperar, existe el riesgo de que no se limiten a hacerlo ¨²nicamente sobre cuestiones que favorezcan la sostenibilidad. Podr¨ªan tambi¨¦n acordar precios o coordinarse para retrasar la adopci¨®n de tecnolog¨ªas limpias, como ocurri¨® en el cartel de los camiones o en el de las empresas automovil¨ªsticas alemanas (BMW, Daimler, Volkswagen, Audi y Porsche), actualmente bajo investigaci¨®n. Existe un peligro cierto de que los carteles, si se les deja, se escondan tras la etiqueta verde.

En el ¨¢mbito de las ayudas de Estado tambi¨¦n hay posiciones enfrentadas. Hay quienes abogan por una mayor flexibilidad para que los recursos p¨²blicos fluyan hacia actividades que contribuyan a la sostenibilidad, o para paliar los efectos adversos de la transici¨®n energ¨¦tica sobre ciertos colectivos. Pero estas posibilidades no solo ya est¨¢n contempladas por la normativa de ayudas de Estado, sino que es precisamente esta norma la que favorecer¨¢ un mejor uso de los recursos, permitiendo que se puedan llevar a cabo m¨¢s, no menos inversiones. Por ejemplo, las directrices sobre ayudas de Estado en materia de clima y energ¨ªa han sido muy efectivas al promover el uso de mecanismos competitivos, como las subastas, que han contribuido a reducir los costes y los precios de las energ¨ªas renovables. La muestra m¨¢s reciente es la subasta de renovables en Espa?a. Las directrices, en proceso de revisi¨®n, deber¨ªan no obstante incorporar algunas matizaciones, como la de permitir una interpretaci¨®n correcta del principio de ¡°neutralidad tecnol¨®gica¡± para promover la diversidad de tecnolog¨ªas y adem¨¢s evitar que los recursos p¨²blicos se disipen en forma de rentas excesivas.

M¨¢s all¨¢ de estas cuestiones, existe cierta controversia sobre si las ayudas de Estado deben (y pueden) incorporar cierta ¡°condicionalidad verde¡±, similar a la ya incorporada al fondo de recuperaci¨®n europeo. Resulta contradictorio que por una parte la UE lidere la lucha contra el cambio clim¨¢tico, y por otra permita que los Estados asignen recursos p¨²blicos a actividades contrarias a sus objetivos medioambientales.

El control de ayudas de Estado pretende evitar que se financien actividades ineficientes que distorsionan la competencia o el comercio europeo. Pero, ?hay mayor ineficiencia, mayor fallo de mercado, que el da?o sobre el medioambiente? Como defendi¨® el vicepresidente de la Comisi¨®n Frans Timmermans en la apertura de la conferencia, el principio de ¡°no causar da?o¡± debiera estar presente en la concesi¨®n de ayudas de Estado, cuesti¨®n que compete a los legisladores.

La defensa de la competencia es tambi¨¦n, junto a la defensa del medioambiente, una se?a de identidad europea. Nuestra mejor contribuci¨®n a la lucha contra el cambio clim¨¢tico es que sigamos liderando, como hasta ahora, con el ejemplo.

Natalia Fabra es catedr¨¢tica de Econom¨ªa en la Universidad Carlos III de Madrid