La justicia condena a la Diputaci¨®n de Pontevedra por contratar a 38 falsos becarios

La Diputaci¨®n de Pontevedra ha sido condenada por el Tribunal Supremo por contratar a 38 falsos becarios. La instituci¨®n provincial reclut¨® a los afectados como participantes de programas formativos, pero la justicia considera que la finalidad real de las bolsas era ¡°obtener un servicio¡± y, por tanto, reconoce la existencia de relaci¨®n laboral. El auto del alto tribunal, que confirma sendas sentencias anteriores de un juzgado de lo social de Pontevedra y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aduce que los supuestos becarios realizaban su labor ¡°con total autonom¨ªa¡±, ¡°sin la supervisi¨®n de un tutor ni de ning¨²n trabajador¡±, sometidos ¡°a horario y disciplina de entrada y salida¡± y sin programa de aprendizaje alguno. No hab¨ªa ¡°m¨¢s formaci¨®n que realizar las tareas encomendadas¡±, ratifica el Supremo.

El caso estall¨® hace tres a?os tras una visita de oficio a la sede de la Diputaci¨®n de Pontevedra por parte de la Inspecci¨®n de Trabajo, despu¨¦s de que CC OO denunciara que la instituci¨®n p¨²blica estaba utilizando a becarios para desempe?ar trabajos que le correspond¨ªan al personal laboral. El sindicato explica que ya entonces la autoridad laboral dict¨® un acta sancionadora, en la que se han basado las resoluciones judiciales que han dictaminado que no exist¨ªa ninguna formaci¨®n, incluido el auto del Supremo contra el que ya no cabe recurso.

Las falsas pr¨¢cticas laborales estaban destinadas, entre otros, a maestros composteros, a graduados en Historia y en Informaci¨®n y Documentaci¨®n y a diversos puestos en varios Ayuntamientos de la provincia. Tambi¨¦n incluyeron plazas en una estaci¨®n fitopatol¨®gica donde los afectados llevaron a cabo cursos de materias ajenas a su tarea, como fotograf¨ªa, ingl¨¦s, lenguaje de signos o cocina. El auto del alto tribunal concluye que la poca oferta formativa que la Diputaci¨®n de Pontevedra habilit¨® fue ¡°puramente accesoria dentro de la prestaci¨®n de servicios¡± que realizaban los supuestos becarios. No imper¨® el inter¨¦s formativo, a?ade, sino el empresarial.

CC OO sostiene que la Diputaci¨®n pontevedresa, gobernada por PSOE y BNG, tendr¨¢ ahora que crear las 38 plazas que ocupaban los becarios denunciantes, readmitirlos en sus puestos y pagarles el salario que les corresponder¨ªa como personal indefinido desde que entraron a trabajar y hasta la actualidad. El organismo que preside la socialista Carmela Silva, por su parte, se?ala que el auto del Supremo no conlleva la readmisi¨®n inmediata y depender¨¢ de lo que decidan los juzgados sobre cada una de las demandas que presentaron los 38 falsos becarios. En su defensa, la Diputaci¨®n esgrime que el plan de pr¨¢cticas laborales que ha recibido el varapalo judicial fue ¡°ideado, creado y puesto en marcha por el PP¡±, que gobern¨® hasta 2015, y ya no est¨¢ vigente.

El sindicato denuncia que la precariedad laboral en las Administraciones ronda el 25% y, en este caso, las ¡°contrataciones fraudulentas¡± sobre las que acaba de pronunciarse la justicia afectaron en realidad a unas 200 personas integradas en los supuestos programas de formaci¨®n de la Diputaci¨®n de Pontevedra. Sin embargo, solo 38 de ellos accedieron a denunciar ¡°por miedo a represalias¡± en futuras oposiciones, asegura Jos¨¦ Ram¨®n Pi?eiro, secretario comarcal de CC OO en Pontevedra. ¡°El equipo de gobierno est¨¢ haciendo una pol¨ªtica de personal nefasta e impropia de un gobierno socialista¡±, critica Pi?eiro.