El Gobierno pagar¨¢ 1.070 millones a Abertis por el fin de los peajes de la AP-7
La compa?¨ªa controlada por Florentino P¨¦rez reclamaba 4.200 millones por el acuerdo firmado con el Ejecutivo de Zapatero
El Gobierno pagar¨¢ 1.070 millones de euros a Abertis por la reversi¨®n al Estado del tramo catal¨¢n de la AP-7, que en agosto del a?o pasado elimin¨® sus peajes y pas¨® a ser gratuita, un pago que tendr¨¢ que hacerse antes de que concluya este mes de febrero, seg¨²n el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.
...
El Gobierno pagar¨¢ 1.070 millones de euros a Abertis por la reversi¨®n al Estado del tramo catal¨¢n de la AP-7, que en agosto del a?o pasado elimin¨® sus peajes y pas¨® a ser gratuita, un pago que tendr¨¢ que hacerse antes de que concluya este mes de febrero, seg¨²n el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.
La cantidad est¨¢ lejos de los 4.200 millones de euros que reclama la empresa concesionaria de autopistas controlada por ACS y Atlantia, que basa su reclamaci¨®n en el convenio de compensaci¨®n por la disminuci¨®n del tr¨¢fico que firm¨® con el Ministerio de Fomento en 2006, cuando lideraba el departamento Magdalena ?lvarez, en el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.
Acesa, concesionaria de Abertis, justifica su reclamaci¨®n por las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compa?¨ªa realiz¨® en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero tambi¨¦n por las compensaciones por el descenso del tr¨¢fico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por la covid-19.
Sin embargo, el c¨¢lculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensaci¨®n por el descenso del tr¨¢fico, ya que, en 2017, el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) acord¨® no abonar ninguna compensaci¨®n derivada de la ca¨ªda del tr¨¢fico como consecuencia de la crisis, pese al acuerdo firmado por el Ejecutivo socialista cuando otorg¨® la concesi¨®n.
Acesa interpuso un recurso contra esta resoluci¨®n para anular este acuerdo del Gobierno, pero el Tribunal Supremo lo desestim¨® en junio de 2019, una decisi¨®n con distinta interpretaci¨®n para las dos partes. El ministerio actual se escuda en el acuerdo de 2017 y en la sentencia del Supremo, ignorando el acuerdo que sell¨® el anterior Ejecutivo socialista. De los 1.069,9 millones de euros a pagar, el Ejecutivo explica que 505,5 millones de euros corresponden a la inversi¨®n ejecutada; 143,5 millones de euros, al efecto impositivo; y el resto a la capitalizaci¨®n del saldo de compensaci¨®n.
Origen del conflicto
En 2006, la concesi¨®n se modific¨® por real decreto para la construcci¨®n de un tercer y cuarto carril dependiendo del tramo de la autopista y la implantaci¨®n de un sistema de peaje cerrado con el fin de eliminar las barreras troncales y evitar as¨ª los atascos que generaba.
El coste de estas obras fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tr¨¢fico adicional que se generase por el aumento de la capacidad de la autopista, algo que no pas¨® tras el estallido de la crisis financiera en 2008. En caso de que este incremento del tr¨¢fico no fuese suficiente, el Estado se comprometi¨® a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesi¨®n, es decir, en agosto de 2021. No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno del PP comenz¨® a plantear dudas sobre la interpretaci¨®n de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tr¨¢fico, lo que abri¨® un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales. Aunque Abertis no ha pronunciado este vierrnes sobre el acuerdo del Consejo de Ministros, es previsible que vuelva a acudir a los juzgados para impugnarlo
Esta no es la primera vez que el Gobierno aprueba una indemnizaci¨®n multimillonaria a una empresa presidida por Florentino P¨¦rez como ACS. El Consejo de Ministros ya aprob¨® anteriormente indemnizar con 1.350 millones a la sociedad propietaria del Proyecto Castor (controlada en un 66,7% por ACS), el almac¨¦n de gas submarino situado frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n) cuya actividad se relacion¨® presuntamente con al menos 500 se¨ªsmos ocurridos en septiembre de 2013.